Se tambalea el proceso contra los detenidos por el asesinato de Carlos Domínguez

Domínguez y Cantú García Domínguez y Cantú García

<em>Este miércoles inició el juicio oral a los señalados como culpables del asesinato del periodista Carlos Domínguez, cometido en enero del año pasado en Nuevo Laredo. Sin embargo, la defensa de los acusados se dispone a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidencias de que se trata de un caso de fabricación de culpables. Para ello, disponen de una denuncia formal y de documentos de la procuraduría estatal en los cuales se indica que los verdaderos asesinos murieron en una balacera con policías el 21 de febrero siguiente. </em>

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El expediente de un enfrentamiento ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 38 días después del asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, el cual se ha mantenido congelado, pone de manifiesto la decisión de las autoridades de la entidad de optar por “la fabricación de culpables ante un asunto mediático, antes que llegar a la verdad”, dice el litigante Gabriel Regino García, integrante de la defensa de los cinco acusados de participar en la ejecución del periodista.

De acuerdo con testigos, entre las 14:30 y 15:00 horas del 13 de enero de 2018, Domínguez circulaba en su auto Ford Focus por calles de Nuevo Laredo con su nuera y dos de sus nietos, cuando fue interceptado por una camioneta Honda CRV gris, sin placas, de la que bajaron dos hombres con pasamontañas negros. Al no poder sacar al periodista del coche, uno de ellos rompió un cristal y le propinó 21 puñaladas, para después huir.

Sin pistas claras, toda vez que no había antecedentes de amenazas contra el periodista, quien abordaba temas de política local, la entonces procuraduría del estado a cargo de Irving Barrios –funcionario de la PGR en el sexenio de Felipe Calderón– ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a quien aportara datos para dar con los responsables.

El asunto se “resolvió” con dichos del testigo protegido Juan Carlos Yáñez Osornio, quien aseguró que el 17 de enero, cuatro días después del crimen, escuchó la trama criminal en Pachuca, Hidalgo, de voz de los presuntos autores materiales.

Así, luego de formalizar su denuncia el 15 de marzo, en las oficinas centrales de la dependencia estatal, entre el 24 y 27 del mismo mes fueron detenidos como autores materiales del homicidio David Mejía y Adrián Montes, residentes en Guadalupe, Zacatecas; y como presunto autor intelectual, el empresario Rodolfo Cantú García, tío del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú-Rosas, así como tres colegas de Domínguez: Luis Valtierra, Jesús González y Gabriel Garza.
El juicio oral del caso inició ayer miércoles 31, en Nuevo Laredo.

<strong>La camioneta del crimen</strong>

Los supuestos autores materiales están recluidos en Altamira; el empresario en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Rincón, en Nayarit, y los periodistas en Nuevo Laredo, donde Gabriel Garza murió de un infarto en abril pasado, por falta de atención médica.

A decir del abogado Gabriel Regino, la dispersión de los acusados es una de las trabas con las que se ha topado la defensa y una de las causas por las que el juicio oral se llevará a cabo más de año y medio después del homicidio.

Entrevistado en su despacho, Regino García, quien fue subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sostiene que desde la procuraduría de Tamaulipas a cargo de Irving Barrios “se ocultó la evidencia que demostraba que los detenidos eran inocentes”.

La carpeta de investigación NUC 151/2018, integrada por la Unidad General de Investigación 2 de Nuevo Laredo, se refiere a un enfrentamiento ocurrido la madrugada del 21 de febrero de 2018 entre agentes investigadores y dos hombres armados que iban en una camioneta Honda CRV gris sin placas.

Los cuatro agentes que participaron en la balacera atestiguaron que aproximadamente a las 2:50 horas del día 21 estaban en el patio de las instalaciones de la procuraduría en Nuevo Laredo, cuando advirtieron que el vehículo con vidrios polarizados “intentaba ingresar” al inmueble, pero el conductor, al “percatarse” de la presencia de los oficiales, “inició su marcha hacia atrás” pese a que le ordenaron detenerse.

Los agentes abordaron una camioneta oficial Ford F-150 e iniciaron una persecución, que duró cinco minutos y culminó en el enfrentamiento, en el que los ocupantes de la Honda murieron.

En un primer momento se identificó a uno de los fallecidos como Gerardo Álvarez Flores, de 40 años, quien recibió dos impactos de bala. Su cuerpo fue entregado a su pareja el 24 de febrero.

El otro cadáver fue reclamado el 26 de febrero por su hermana. En el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) se le identificó como Daniel Rivera Lara, de 37 años, originario de Monterrey, Nuevo León, procesado por delitos contra la salud en 2001 en esa entidad.

En el vehículo, que recibió 14 balazos, peritos de la procuraduría tamaulipeca hallaron dos pasamontañas negros entre los asientos delanteros y los portavasos, así como un “arma punzocortante (cuchillo) con dimensiones de 20 centímetros de hoja y empuñadura de madera color café, de 13 centímetros y dos de ancho”. Esta evidencia tenía rastros de sangre.

La prueba está en los archivos y en el depósito de objetos asegurados de la actual Fiscalía General del Estado (FGE), que sigue a cargo de Irving Barrios, apunta el abogado. Y muestra un oficio firmado por un agente de la Policía Investigadora, fechado el 22 de febrero, en el cual advirtió que el caso de Domínguez pudo haberse esclarecido.

En un documento dirigido al agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación 2 de Nuevo Laredo, Nicolás López Juárez –quien abrió la carpeta de investigación por la muerte de Domínguez–, se advierte que las características del vehículo involucrado en el enfrentamiento del día anterior coinciden con el descrito por la nuera del periodista en su declaración sobre el asesinato de su suegro.

En el oficio mencionado, el agente investigador Abner Jazzel Mozqueda Hernández alerta a su superior que durante las indagatorias del enfrentamiento se percató de que el vehículo involucrado “cuenta con característica similares a las del vehículo marca Honda CR-V gris, que probablemente participó en los hechos del homicidio relacionados con el NUC 52/2018”, el número de carpeta asignado inicialmente al caso de Domínguez.

Mozqueda Hernández destaca que en dicha carpeta “obran fotografías y videos”, y que al cotejarlos con la camioneta involucrada en el enfrenamiento, “coincide en marca, tipo, color y cuenta con características similares como lo son rines austeros color gris, vidrios polarizados y llanta de refacción colocada en la puerta del maletero”.
Para reforzar su hipótesis, Mozqueda adjunta el acta de inspección del vehículo asegurado tras el enfrentamiento del 21 de febrero y las fotografías del vehículo relacionado con el homicidio del periodista.

En el expediente NUC 151/2018, del que Proceso tiene copia, no se advierte que los superiores del agente le hayan dado alguna respuesta, pero sí que se solicitó a servicios periciales que se examinaran 11 muestras de sangre y fluidos localizados en la camioneta relacionada con el enfrentamiento, así como en objetos localizados en su interior, como los pasamontañas y el cuchillo. También se pidió que el ADN identificado “sea almacenado en la base de datos con la que cuenta esa dirección para un futuro cotejo”.

En el documento se incluye un oficio fechado el 29 de marzo de 2018, firmado por Eduardo Carlos Aguilar Garza, que se presenta como defensor particular de Jesús González Zúñiga, Luis Ignacio Valtierra Hernández y Gabriel Garza Flores, solicitando una “copia autentificada de todas las actuaciones que conforma la carpeta 151/2018”.

Aguilar Garza explicó en su escrito que por redes sociales se enteró de que en el enfrentamiento del 21 de febrero, “un vehículo con las mismas características que utilizaron los homicidas de Carlos Domínguez, fue utilizado en diverso hecho criminal”.

El mismo día en que recibió la solicitud, el agente del Ministerio Público Nicolás López Juárez denegó la copia, argumentando que los defendidos de Aguilar Garza “no son parte de la investigación 151/2018”.

Copias de ese expediente, sin embargo, se enviaron al agente del Ministerio Público de Procedimiento Acusatorio y Oral Adscrito a la Coordinación Regional Victoria, Ramón Ernesto Gómez Ochoa, quien las pidió el 31 de marzo a López Juárez.

Cabe destacar que por órdenes del director general de Operación de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral de la procuraduría estatal, Natanel Isaí Castelán Iturria, a partir del 31 de enero el caso Domínguez, iniciado en Nuevo Laredo, se les asignó a Gómez Ochoa y a la agente Adriana Márquez García, adscritos a las oficinas centrales en Ciudad Victoria.

<strong>Denuncia ignorada</strong>

El abogado Gabriel Regino explica que el 22 de febrero, cuando el agente Mozqueda Hernández advirtió sobre las coincidencias del vehículo utilizado para ejecutar a Domínguez con el del enfrentamiento, “el expediente de don Carlos Domínguez estaba en Ciudad Victoria” y en la procuraduría “ya estaban buscando cómo darle salida al caso, y es cuando ya están planeando la fabricación de culpables a través del cobro de recompensa”.

Como considera alta la probabilidad de que los responsables del homicidio de Domínguez sean los que se enfrentaron con los policías el 21 de febrero, Gabriel Regino señala que corresponde a los familiares del periodista solicitar la comparación de ADN para confirmar la hipótesis.

Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Regino García anuncia que este caso será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como prototipo de una “fabricación de culpables”.

Para reforzar el señalamiento, muestra la denuncia que el 21 de mayo pasado presentó ante la FGE uno de los supuestos autores materiales del homicidio del periodista, David Mejía Bravo. En ella admite que el testigo protegido, Juan Carlos Yáñez Osornio, le ofreció 500 mil pesos a cambio de asumir la responsabilidad de la muerte del periodista.
“Juan Carlos me dijo que no habría ningún problema porque conocía muy bien a quien le estaba proponiendo el jale y quien era el que lo estaba organizando, me dijo que se trataba de un licenciado de nombre Natanael Castelán Iturria, (…) era muy buen abogado y se encargaría de arreglar todo y también de sacarme de la cárcel en seis días”, se lee en el documento.

Yáñez Osornio le comentó que Castelán era funcionario de la procuraduría, por lo que Mejía aceptó participar “en dicha confabulación para ganarme el pago prometido y al saber que un funcionario de la misma autoridad estaba organizando todo, pues no dudé en entrarle, sin imaginarme lo que realmente me esperaba y que me fueran a dejar tirado”.

Gabriel Regino resalta que la denuncia de Mejía no ha avanzado porque el responsable de investigar es el mismo señalado, es decir, Castelán, en tanto que el Poder Judicial en Tamaulipas ha argumentado que requiere estudiar el caso “para ver si la persona que denunció tiene algún interés en el caso, si le afecta algún derecho, o sea, todo cerrado”.

Para el abogado, lo que ha advertido como defensor es que “el estado de Tamaulipas cerró los caminos para que se investigue la fabricación de culpables, y eso es lo que queremos decirle a la CIDH: que hay una obstrucción de justicia, que lo que se ha hecho en el caso del homicidio de Carlos Domínguez es ocultar evidencias y bloquear una investigación de un acto de corrupción”.

<strong>Este reportaje se publicó el 28 de julio de 2019 en la edición 2230 de la revista Proceso.</strong>

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