<em>Con el afán de liberar de presión a México, Washington y Guatemala firmaron un acuerdo de “tercer país seguro”, con base en el cual ciudadanos de otros países centroamericanos podrán solicitar asilo en Estados Unidos desde suelo guatemalteco. El problema es que el gobierno signante, el de Jimmy Morales, está a punto de concluir, y los candidatos a sucederlo –Sandra Torres y Alejandro Giammattei– no ven ninguna razón de peso para mantener el acuerdo, que es cuestionado incluso por la Corte Constitucional guatemalteca.</em> CIUDAD DE GUATEMALA (Proceso).- El acuerdo de “tercer país seguro” firmado por Guatemala y Estados Unidos se concretó seis meses antes de que concluya el gobierno del presidente Jimmy Morales, lo que convierte a ese pacto en algo efímero que no beneficiará a México en el corto plazo. Ese panorama incierto ya provocó que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, visitara Guatemala por segunda vez en dos meses. Su más reciente visita, fue para explicar los términos del acuerdo a los candidatos entre quienes los guatemaltecos votarán por un nuevo mandatario el próximo domingo 11: Alejandro Giammattei, del partido Vamos, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). No obstante, ambos candidatos salieron de la reunión como entraron: opuestos al acuerdo y ofreciendo reevaluarlo o renegociarlo, de ganar la Presidencia. Una cláusula del contenido también les permitiría declararlo nulo. “Requerimos conocer los alcances (del acuerdo) para analizarlos con todos los actores, enfrentar los nuevos retos y beneficiar a los guatemaltecos”, señaló Giammattei. Torres explicó que llegó a la reunión para saber más del acuerdo, pero no les dijeron nada nuevo. El convenio establece que los migrantes de cualquier país pueden solicitar asilo a Estados Unidos desde Guatemala, aunque la semana pasada el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y McAleenan se refirieron sólo a solicitantes de Honduras y El Salvador. Antes, sin embargo, McAleenan había indicado que acuerdos similares entre Estados Unidos y otros países de la región permitirían aliviar la carga de solicitantes de asilo a Guatemala y México. La firma de estos acuerdos todavía no ocurre, aunque McAleenan ya se reunió con funcionarios de El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá y dijo que lo hará con los de Colombia. Aun cuando se busca reducir el número de solicitantes en México, los guatemaltecos –uno de los mayores grupos migrantes– sí podrían pedir asilo a Estados Unidos desde ahí, si ese país lo avala. En la frontera sur estadunidense sólo podrán solicitarlo los mexicanos, las víctimas de trata de cualquier nacionalidad o aquellos a quienes les negaron protección en alguna otra nación. Debido a que el acuerdo sólo aplica a personas que huyen de la violencia, de la persecución política o la discriminación por orientación sexual o de género, y no de la pobreza; y dados el volumen, frecuencia y urgencia con que salen los migrantes de sus países, nadie puede asegurar que esperarían el acuerdo en Guatemala y la calificación de refugiados, para luego esperar en este país la resolución de sus solicitudes. En cambio, podrían decidir permanecer en sus países, volver a ellos o tratar de llegar como indocumentados a Estados Unidos vía México. Hace dos meses se volvió viral la fotografía del salvadoreño Óscar Alberto Martínez y su hija Angie, que murieron ahogados en el río Bravo después de que el hombre optó por entrar a Estados Unidos como indocumentado, con su esposa e hija, impaciente por una espera de dos meses en Chiapas para tramitar una solicitud de asilo. El convenio CA-4 permite a los centroamericanos desplazarse hacia Guatemala; el acuerdo con Estados Unidos no obliga a ese país a prevenir la salida de los migrantes hacia el norte. Además, con una fuerza policial máxima de un agente por cada 453 habitantes y 20 soldados por cada kilómetro de su frontera, no puede evitar el desplazamiento de indocumentados hacia México. <strong>Doble obstáculo</strong> El texto del acuerdo establece que Estados Unidos trasladará a los solicitantes a suelo guatemalteco y “prevé cooperar para fortalecer las capacidades institucionales de Guatemala”. También señala que ambas partes negociarán el “cómo”, que aún es un misterio hasta para el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). “Las autoridades aún no han socializado la información”, admitió Alejandra Mena, vocera del IGM, el miércoles 31 de julio. El mes pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala le prohibió a Morales signar el acuerdo, luego de que los excancilleres Edgar Gutiérrez y Gabriel Orellana, el excandidato presidencial Manfredo Marroquín y el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentaron amparos para frenar la firma. La resolución fue provisional, pero incluso así prohíbe la aplicación del tratado por ser lesivo a los intereses nacionales. Ahora, la CC debe decidir si le corresponde al Congreso analizar el acuerdo. Rodas comenta que una resolución firme de la CC podría demorar hasta cuatro meses. Lo mismo sucedería en el Legislativo, dice a Proceso Iduvina Hernández, activista de derechos humanos y fundadora de la Asociación Seguridad en Democracia. El jueves 1 Degenhart declaró a la prensa que “hay preocupación” porque el Congreso deba aprobar el acuerdo en lugar de aplicarlo inmediatamente; no obstante, el tratado sujeta su implementación a las leyes de los países firmantes. Como corolario, el partido oficial en el Congreso no tendría suficientes votos para aprobarlo. En 2020 la UNE será el partido con más diputados y controlará un tercio de los 158 votos, pero la aprobación del acuerdo requiere la mitad de los votos más uno. Degenhart advirtió que “cada migrante (solicitante de asilo) debería costear sus gastos” en suelo guatemalteco. Sin embargo, es de conocimiento general que los migrantes viajan con escasos recursos. McAleenan expresó luego que Estados Unidos asumiría los gastos del acuerdo y que para “fortalecer las capacidades institucionales de Guatemala” (como indica el texto) necesita fondos que sólo puede aprobar el Congreso de su país. Es un proceso para el cual ya no hay tiempo este año, según el excanciller Gutiérrez. No ayuda el hecho de que las relaciones entre Donald Trump y los legisladores demócratas son conflictivas. Aun con fondos disponibles, el acuerdo no se implementaría pronto en tanto la CC no emita una resolución firme al respecto que excluya al Congreso guatemalteco. McAleenan agregó que a Estados Unidos también lo apoyan la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones. Gutiérrez dice a la corresponsal que el ACNUR puede atender refugiados, pero sólo de manera temporal. El acuerdo, mientras tanto, dura dos años desde su implementación, o más si lo renuevan. Ángela Florez, representante del ACNUR, refiere en entrevista que ese organismo atiende y apoya constantemente a Centroamérica, donde aboga por una “responsabilidad compartida a nivel regional y el desarrollo de sistemas de asilo eficientes y robustos” que respondan al creciente desplazamiento forzado en la zona. No obstante, Florez reconoce que el sistema de asilo en Guatemala y la región todavía está en desarrollo y tiene limitaciones en cuanto al número de solicitudes de asilo individuales que puede recibir y procesar, con las garantías de protección adecuadas. “Como el ACNUR ha visto en casi 70 años de experiencia, con situaciones de refugiados y asilo en todo el mundo, los sistemas de asilo nuevos o relativamente pequeños pueden verse bajo presión, y rápidamente abrumados, cuando se enfrentan a demandas de procesamiento que exceden su capacidad”, agregó. <strong>Secreto a voces</strong> Desde junio la administración de Morales se empecinó en negar que firmaría el acuerdo. En cambio, Trump reiteró hasta en Twitter, incluso con amenazas de subir aranceles y prohibir la entrada de guatemaltecos a Estados Unidos, si la firma no se concretaba. Luego, el 26 de julio, las portadas de los diarios exhibían la foto de un triunfante Trump observando a Degenhart y a McAleenan suscribir el acuerdo. El gobierno guatemalteco creía haber encontrado la forma de jugarle la vuelta a la Corte. Si la prohibición era para el presidente, un ministro lo firmaría. Pero la firma fue simbólica. El fallo provisional de la CC todavía impide aplicar el que Degenhart llama “Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección” y no de “tercer país seguro”, porque ese término no aparece en el texto, aunque McAleenan lo empleó todo el tiempo para referirse al acuerdo en público. Además, el contenido coincide con cuanto la convención y el protocolo de refugiados de 1951 y 1967 definen como condiciones de un tercer país seguro. Gutiérrez sostiene que Guatemala se propuso como tercer país seguro y que no fue una imposición de Trump. Y Degenhart niega que Estados Unidos haya presionado a Guatemala, aunque las amenazas de Trump respecto a los aranceles causaron la caída más drástica de los bonos del país en los últimos 14 años. La alarma en el sector privado guatemalteco fue tal que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras reclamó a la CC por hacer peligrar la estabilidad económica del país, y Morales acusó a la Corte de perjudicar la “buena relación” de Guatemala con Estados Unidos. La semana pasada Degenhart también le dijo a la CC que al impedir la implementación del acuerdo el país perderá un millón de empleos. Al gobierno de Guatemala le urgía firmarlo –explica Gutiérrez– ante la presión del sector privado, que apeló a la aversión de Morales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su aliada la CC, enemigas que tenían en común. La CICIG (organismo que Guatemala solicitó a la ONU y funciona desde 2007) y el Ministerio Público (MP) han encarcelado al menos a un centenar de funcionarios y exfuncionarios públicos por casos de corrupción. En su lista de acusados también figuran empresarios importantes, el mandatario (que tiene inmunidad), uno de sus hijos y su hermano. “(Por eso) el sector privado y el presidente se han tapado con la misma chamarra”, indicó el excanciller. Según Iduvina Hernández, el Ejecutivo busca impunidad. Recordó que autoridades estadunidenses documentaron la presencia de Morales en una reunión con el excandidato presidencial guatemalteco Mario Estrada, días antes de que lo capturaran en Miami en abril pasado por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. En la reunión había dos policías guatemaltecos haciéndose pasar por miembros del Cártel de Sinaloa, bajo la dirección de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés). “El presidente Morales cedió a un chantaje de Trump: pedir su extradición a Estados Unidos (por el vínculo con Estrada) si no firmaba el acuerdo”, puntualiza Hernández. “Desconocemos cuán facultado estaba Trump para llegar a este nivel de negociación, pero es la única explicación plausible”. Entre los países miembros de la ONU, Estados Unidos fue el principal financiador de la CICIG, y su embajada desplegó un apoyo bastante público hacia la comisión hasta 2017. Todo cambió con Trump. En septiembre próximo, cuando finalice el mandato de la comisión, el MP se quedará solo. A Morales le interesa que esa dinámica continúe, porque perderá su inmunidad cuando entregue el cargo el próximo 14 de enero. Entonces Trump deberá emplear otras presiones con el nuevo gobierno. Desde ahora, la presidenciable Torres reconoce que Guatemala no se puede pelear con Estados Unidos, porque 40% de sus exportaciones tienen como destino ese país. <strong>Este reportaje se publicó el 4 de agosto de 2019 en la edición 2231 de la revista Proceso</strong>