Documentan Blanco e Ibaven viacrucis indígena

sábado, 3 de agosto de 2019 · 20:43
La justicia de nuestro país suele detener e interrogar a hablantes de lenguas indígenas sospechosos de haber cometido algún delito, pero lo hace sin proporcionarles traductores al español en 80 por ciento de los casos, según expone el documental Cuando cierro los ojos, de la mexicana Michelle Ibaven y el español Sergio Blanco. Este largometraje concursa en la 22 edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato, donde asimismo participa la cinta testimonial de Jorge Uruchurtu Gómez sobre los terremotos de hace casi dos años. SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (Proceso).- Con Cuando cierro los ojos, los documentalistas Sergio Blanco Martín y Michelle Ibaven muestran a la mazateca Adela García y el mixteco Marcelino Mejía, narrando en sus lenguas y desde la cárcel cómo fueron apresados injustamente sin nunca entender las acusaciones en contra suya, debido a que jamás les proporcionaron traductor. Adela, señalada de matar a su cuñado de nombre Artemio, explica en el filme de 63 minutos de duración: “Nadie me explicó por qué estaba detenida. ¿Por qué estaba en la prisión?… ¡No me dijeron nada! Pasaron cuatro años hasta que una intérprete me ayudó a contarle al juez lo que pasó, porque sólo sé hablar mazateco. Díganle a mis hijas que las quiero, a las dos…” Y añade: “Era como media noche. Tendí un petate para acostarme con mis hijas. Me acosté. Me sorprendí mucho cuando llegaron por mí un montón de policías. Al llegar a mi casa, los agentes abrieron la puerta. Gritaron: ¡Policía!. Revisaban todo, mi ropa. Me decían: ‘¡Muéstranos el machete, muéstranos con qué mataron a Artemio!”. Les dije que no había ningún machete. Tenía una falda tendida en una silla con una mancha de pintura roja, pero no era sangre.” A su vez, Marcelino Mejía, quien trabajaba como albañil en Pinotepa Nacional, un día salió a trabajar y su vida cambió: “Cuando llegué a las oficinas de telégrafos, me dijeron: ‘¡Alto ahí!’ Yo me asusté y me quedé mirando a los policías. Mientras se bajaban de su camioneta, uno de ellos me apuntaba con su rifle. No me moví porque tenía miedo. Otro policía empezó a revisarme. No me encontraron nada. ‘Vamos’, me dijeron. Al llegar al banco, señalaron un cadáver en el suelo y me preguntaron: ‘¿Por qué lo mataste?’ Me encerraron en una celda muy pequeña. Me senté callado sin saber por qué me habían detenido.” Adela fue sentenciada a nueve años de prisión y Marcelino a más de treinta. A la reja sin traductor La realizadora Michelle Ibaven expresa a Proceso que “Adela y Marcelino han sufrido una injusticia terrible, indigna de cualquier persona”. Por fortuna, Adela ya está libre; “pero con Marcelino siento una impotencia tremenda de no poder hacer más sobre su caso, a pesar de que creamos la película Cuando cierro los ojos. En México el 80% de los hablantes de un idioma indígena en prisión no cuenta con intérpretes durante su proceso”. Cuando cierro los ojos (2019), documental comenzado por Ibaven y Sergio Blanco hacia 2014, compitió en la sección Largometraje Mexicano en la 22 edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (Giff, sus siglas en inglés). Nacida en Chihuahua en 1981, Michelle Ibaven cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y dos postgrados en el Instituto de Cine de Madrid, España: en dirección y guion de cine documental y en dirección de fotografía de cine digital. Ha recibido premios por cortometrajes como No hay lugar lejano (2012), produciendo y fotografiando Las visitadoras (La palabra justa, 2018), corto del español Sergio Blanco en torno al mismo tema sobre la disfuncionalidad lingüística en el aparato judicial mexicano. Blanco estudió comunicación audiovisual con especialidad en escritura de guion y dirección de cine documental por el Instituto del Cine de Madrid. Su tesis de posgrado se titula Dichosos los que sin ver crean y fue presentada en el Manaki Brothers Film Festival. En Cuando cierro los ojos, Ibaven igual fue la directora de la fotografía. Ella recuerda cómo inició el proyecto: “Fue un proceso bastante largo. Al principio la idea era lograr una entrevista con una mujer en reclusión en Brasil, quien no hablaría de su proceso, el cual estaba llevando, sino que se enfocaba en sus sueños, en fin. Y al relizar la investigación, íbamos a buscar a algún mexicano que estuviera apresado en otro país, pero nos dimos cuenta que en México era tremenda la cifra que informaba la prensa. Había muy pocas notas al respecto, pero se destacaba que un 80% de la población indígena en reclusión no había contado con un traductor desde el comienzo de su proceso.” Sergio Blanco y ella no dudaron que existía ahí algo que explorar: “Nos atrajo mucho el tema, no podíamos quitárnoslo de encima. Así empezó el filme. Mediante las ayudas económicas, íbamos poco a poco trabajando la producción.” –¿Cómo hallaron a Adela García y Marcelino Mejía? –Hablamos con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Justo vimos el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (CEPIADET), un organismo civil que trabaja para la defensa en traducción en Oaxaca, el cual era el más avanzado para el momento que efectuabamos la investigación. Estaba llevando los casos de Adela y Marcelino. “También investigamos en Guachochi, Chihuahua, en el reclusorio que se presume como indígena, el Centro de Readaptación Social 8, y nos dimos cuenta que las situaciones de Adela y Marcelino eran fundamentales. Surgió la necesidad de expresar lo que les había pasado. Sentíamos que sus experiencias podían ayudarnos a sentir un poco de lo que habían atravesado durante todos estos años. “A pesar de que sí tuvimos muchas dudas, no queríamos tampoco encasillar en que todos los indígenas recluidos son inocentes; pero sí que desde el principio muchos enfrentaban un proceso que era desde el comienzo injusto. Las historias de Adela y Marcelino eran para nosotros las más representantes.” Racismo carcelario En marzo pasado el diputado federal de Morena Armando Contreras Castillo aseguró que existen ocho mil indígenas en prisión con muchas inconsistencias legales y fallas en su proceso, “no solamente por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, sino porque el Ministerio Público y los jueces suelen desdeñar sus casos”. Ibaven enfatiza que es “el racismo” por el cual existe el problema de los indígenas procesados sin intérpretes. Recuerda: “En el Senado se presentó una iniciativa en septiembre del 2018 para expedir la Ley de Amnistía en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes. Sí hay interés civil y político (pero) el problema es simplemente la voluntad de quien está en ese momento siendo el juez o la juez, para que se cumpla con el debido proceso. “Si para nosotros es complicado entender un proceso penal, imagínate para un indígena que no entiende nada de lo que está ocurriendo. Muchos de ellos no saben de su derecho a tener un abogado, de su derecho a que lo deben pedir, no saben que nada deben firmar si no entieden de qué se les acusa. Al final lamentablemente son pocos los organismos que pueden ayudarlos.” No obstante, la cineasta anhela no sólo promesas: “Creo que está cambiando la situación, quizá no al ritmo que debería ser. Por ejemplo, la rarámuri Lupita Pérez Holguín (personaje de los cortos Las visitadoras), quien vive en Chihuahua, es una traductora para el sistema de justicia de ese estado (y fundadora de Nochaba Nikuuroka Anakupi Niraa, asociación dedicada a proporcionar intérpretes a indígenas no hispanohablantes). Existe gente que ve la necesidad y estudia para ayudar a esas personas. Nos falta muchísimo, pero sí hay cambios.” Cuando cierro los ojos ya se encuentra en el recorrido final en los festivales de cine. Su siguiente paso es transitar en comunidades indígenas: “Ambulante nos está ayudando a realizar presentaciones en los lugares donde difícilmente puede llegar el documental. Estamos viendo cómo armamos una ruta alternativa para que lo vean personas con alguna situación similar, para que se enteren que esto no puede suceder, y puedan recurrir principalmente a las autoridades, pero también a ciertas organizaciones que puedan orientarlas.” Este texto se publicó el 28 de julio de 2019 en la edición 2230 de la revista Proceso    

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