TOLUCA, Edomex (apro).- El gobernador Alfredo del Mazo solicitó a la Legislatura local autorización para que el Estado contrate “uno o varios financiamientos” por mil 900 millones de pesos más gastos accesorios, y para los 125 ayuntamientos mexiquenses por hasta mil 373 millones 382 mil 912 pesos equivalentes a 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). En el caso de la solicitud para la administración mexiquense, la iniciativa faculta al mandatario estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, además a contratar, fondear, pagar, celebrar o suscribir todos los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios, mecanismos, mandatos, instrucciones irrevocables, cartas, avisos, mecanismos o cualquier instrumento legal que permita costear los gastos adicionales del financiamiento por mil 900 millones, mitigar riesgos de tasas de interés o garantías de pago oportuno, etc. Esta deuda se pagará en 20 años, podrá contratarse con instituciones del Sistema Financiero Mexicano y la Banca nacional de Desarrollo, en pesos o en Unidades de Inversión, bajo las mejores condiciones del mercado, y ejercerse “durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, según los requerimientos del Estado”. Su objetivo es realizar “diversas acciones para mejorar el bienestar de la población mexiquense en el desarrollo de infraestructura en materia de comunicaciones (donde se utilizarán mil 266 millones 660 mil pesos), agua y obras públicas”. En una segunda iniciativa, Del Mazo Maza pide a los diputados autorizar a los 125 municipios mexiquenses a gestionar y contratar con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones del mercado, “uno o varios créditos o empréstitos” que de manera global se estiman en mil 373 millones 382 mil 912 pesos. El planteamiento contempla como límite de endeudamiento y fuente de pago el equivalente de hasta 25% de los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que les corresponden de forma individual. Los recursos contratados por los ayuntamientos, exclusivamente podrán destinarse a obras, acciones sociales básicas e inversiones relacionadas con agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura en beneficio de la población en rezago social y pobreza extrema, en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, y en zonas de atención prioritaria. Lo anterior, bajo el argumento de que el Estado de México y sus municipios mexiquenses ocupaban, hasta 2015, el lugar 22 a nivel nacional en Índice Rezago Social, según Coneval, mientras el Informe Anual de Pobreza 2018 emitido por la Secretaría de Bienestar revela que 41.7% de la población mexiquense vive en pobreza moderada y 6.1% en pobreza extrema. Cada municipio deberá contar con la autorización del cabildo y podrá contratar los créditos a más tardar el 20 de septiembre de 2020 y deberá pagarlos en su totalidad el 31 de diciembre de 2021; además, tendrá que prever anualmente en su Presupuesto de Egresos el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de deuda en cada ejercicio fiscal. Los ayuntamientos podrán negociar con la institución acreditante los términos y condiciones, a excepción de la tasa fija, y podrán autorizar al gobierno estatal para que instrumente un fideicomiso irrevocable de administración y pago que afectaría hasta en 25% el derecho y los ingresos que les correspondan por concepto del FAIS Municipal, con el fin de cubrir los compromisos de pago derivados de las obligaciones que contraten. Ambas iniciativas fueron remitidas a las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas para su análisis y dictamen. A pesar de que el Estado de México tiene el presupuesto más abultado de todas las entidades federativas del país –superior a los 291 mil millones de pesos-, a Del Mazo Maza le ha sido autorizada la contratación, en menos de dos años de gestión, de tres créditos por un monto global de 12 mil 600 millones: En noviembre de 2017, se le avaló contratar 2 mil 800 millones para atender las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de ese año; para el ejercicio 2018 le autorizaron 6 mil 400 millones (3 mil 400 al sector central y 3 mil para el sector auxiliar); y para en la Ley de Ingresos de este año se contempla un endeudamiento por 3 mil 400 millones de pesos (mil 900 para el sector central y mil 500 millones para el auxiliar). También le fue autorizada la reestructuración de la deuda pública estatal por 43 mil 369 millones 792 mil 323 pesos, y los diputados analizan la petición para contratar financiamiento multianual por más de 43 mil millones de pesos (más IVA y actualizaciones, de los que 9 mil deberán registrarse en automático como deuda pública) para construir y operar dos penales y rehabilitar y mantener carreteras mediante la figura denominada Asociación Público Privada (APP). Morena quiere que Del Mazo rinda informe ante Legislatura El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense presentó una iniciativa para obligar al gobernador del Estado de México a rendir su informe personalmente ante el pleno cada 5 de septiembre, pues desde el sexenio del ahora senador Eruviel Ávila basta con remitirlo por escrito. El diputado Faustino de la Cruz plantea reformar la Constitución estatal para establecer como una facultad de la Legislatura conocer, de manera personal y directa, el informe del gobernador a cerca del estado que guarda la administración pública, y que sea su obligación comparecer ante el pleno para presentarlo. “Los motivos por los que se puede llevar a cabo la comparecencia o para que el titular del Ejecutivo presente por sí mismo un informe del estado de la administración pública son varios, desde evaluar el desempeño del gobierno, hasta, incluso, el fincamiento de responsabilidades en caso de que se encuentren inconsistencias en su función ejecutora”, esgrime la exposición de motivos. Este esquema de evaluación, explica el documento, fortalece la división de Poderes, su contrapeso y equilibrio, pues “dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas, destacan las funciones llamadas de control que desarrollan los parlamentos o Congresos”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación de Puntos Constitucionales.