CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A las 4:56 de la mañana del 13 de agosto 2019, la voz del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna irrumpió en la primera sala del Juzgado de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México. Tras media hora de receso, Rosario Robles Berlanga fijó la mirada en la costura de los labios del juez. El alud de palabras que salieron de ella abrió las horas críticas para la exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Un bufet de seis abogados encabezados por Julio Hernández y Óscar Ramírez se batieron sin éxito en un pesado expediente compuesto de 32 legajos que buscaron rebatir las imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). “Pedimos que cada una de las acusaciones presentadas por los señores presentes, si así lo determina su señoría, deben de ser desestimadas”, señaló Ramírez. La petición sirvió de poco: “Con fundamento al artículo 21 de la Constitución Mexicana y tras escuchar el desahogo de pruebas de la defensa, los argumentos del Ministerio Público de la Federación y los representantes de la Auditoria Superior de la Federación, determino emitir el auto de vinculación a proceso contra María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además de un segundo auto de vinculación a proceso más un probable daño al patrimonio del Estado mexicano valorado en 5 mil millones de pesos”, se le escuchó decir a Delgadillo Padierna. Robles arribó a la blanquecina sala de audiencias al filo de las 6 de la tarde del 12 de agosto. Un día antes de la sentencia que la mantiene en prisión preventiva. Una vez ahí, se acomodó en el asiento a la que escuchó a su defensa negar las imputaciones por el probable delito de “ejercicio indebido del servicio público”. Sonrió por instantes. Segura. La certeza comenzó a desmoronarse entre 4:56 y 6:45 horas del día siguiente, tras diez horas de alegatos y acusaciones. Su nuca adornada por un corte de cabello estilo Bob acusó el reblandecimiento de su cuello que de súbito comenzó a doblarse hacia la madera del escritorio. La moneda estaba echada al aire. –Ahora quisiera saber si el ministerio público de la federación desea solicitar medidas cautelares contra María del Rosario –preguntó Delgadillo Padierna. –Gracias su señoría –tomó un momento el funcionario: “En esta ocasión solicitamos le sea dictada prisión preventiva justificada a María del Rosario Robles Berlanga. Durante el transcurso de las investigaciones, la imputada ha demostrado no tener arraigo en la Ciudad de México. Tampoco tenemos certeza de que tenga un solo domicilio en esta capital: datos del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y la Policía Ministerial (PM) sugieren el peligro de sustracción a la justicia por tener dos o más domicilios”, escuchó decir. El ministerio público mostró pruebas de que antes de llegar a México, el 4 de agosto, Robles se había refugiado en Costa Rica, donde dijo primero estar de vacaciones y luego dijo tomar un curso. A decir de los documentos de la CENAPI y la Policía Ministerial, un grupo de agentes detectó la tramitación de una licencia de conducir con dirección distinta al domicilio que dio para realizar las diligencias. Los ministerios públicos denunciaron también el riesgo de sustracción basado en billetes de avión emitidos por Aeroméxico. Tras las primeras cartas, los ministerios públicos también añadieron que por su condición de “desempleada”, los peligros de fuga se incrementaban al no tener arraigo a un domicilio fijo. Incluso por su posición de poder, aseguraron, era fuente de “disturbios” o amenaza a la seguridad de los testigos de la FGR. “Pensó que estaba tocada aún en el manto de impunidad que le prometió Enrique Peña Nieto”, dijo uno de ellos. Atrás, su hija Mariana Moguel dormitaba. La valoración prendió los focos de alerta entre los abogados que a esa hora exhibieron preocupación. Angustia: –Consideramos cada una de las pruebas como subjetivas –reviró en el debate el abogado Óscar Ramírez– y pedimos respetuosamente que, una a una, sean desechadas por su señoría. En caso de no valorarlo suficiente, pedimos, si así lo determina usted, que se le retire el pasaporte a María del Rosario. Pero no hay justificación que considere el riesgo de sustracción y mucho menos que considere dictarle otras medidas cautelares más agresivas. –No hay mayor prueba de la voluntad para cooperar con la justicia que la señora esté aquí –secundó Julio Hernández que, por primera vez, tomó el micrófono para tratar de contener la embestida. Entonces, fuera de sí, Robles levantó el dedo. Ausente de su defensa durante la toda la audiencia, apeló a la política que cultivó por años. Excusó estar descompuesta por el clima. –Me he presentado aquí de manera absolutamente voluntaria –se defendió y por momentos se le quebró la voz. Continuó: “Siempre he dado la cara. Siempre he vivido de mi trabajo, en la misma casa donde nació mi hija. Mi única cuenta bancaria y tarjetas de crédito están congeladas, no tengo dinero para huir. Soy una mujer de paz que jamás ha atentado contra nadie. No podría evadir la acción de la justicia. Aquí están mi hija, mis hermanas, a mis espaldas”. Minutos después se le dictaron dos meses de prisión preventiva justificada que la condujeron al penal femenil de Santa Martha Acatitla. *** Horas antes a la determinación del juez, la tensión de aquella madrugada era completamente distinta. Robles se presentó en la audiencia inicial una hora antes de la cita. Llegó al juzgado ataviada con un elegante vestido color blanco, las uñas pintadas de rojo que combinó con una mascada del mismo color atada al cuello. Sus ayudantes bajaron de una camioneta un carrito forrado de documentos que contenía los alegatos de prueba. Declaró ante los reporteros. “Voy a demostrar mi inocencia y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial, por eso estoy aquí y como siempre se los he dicho: vengo con las faldas bien puestas y tomando el toro por los cuernos”. Cinco días antes, la FGR le imputó la “omisión” en detener un daño al erario público por 5 mil 73 millones de pesos. Entonces Robles solicitó una prórroga para presentar los documentos y afinar la estrategia de combate: ella sí había actuado ante las acusaciones de las carpetas de investigación FED/SIEDF-UNAI-CDMX/0001345/2018 y UEIDSPCAJ-217/2019, dijo. Cumplido el plazo, la ex funcionaria volvió al Juzgado de Distrito en Procesos Penales, seguida por sus asistentes y las pruebas que supuestamente la harían inmune a la investigación. A las 18:30 horas, se escuchó la voz por el altavoz: –¿Conocen los documentos de prueba? –preguntó Delgadillo Padierna a los agentes del ministerio público y los abogados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). –No señor, queremos pedir tiempo para revisar el expediente… –¡Si era su trabajo revisarlo antes de iniciar esta audiencia, no sé por qué piden tiempo! –regañó el juez. Al cumplirse el plazo que el juez estableció para que los funcionarios de a FGR conocieran los pliegos, a las 19:30 horas reinició la conferencia que era custodiada por agentes de la Policía Federal. Como asistente de una pelea de box, Robles Berlanga miró el combate jurídico como un espectáculo ajeno que se extendió hasta las seis de la madrugada del día siguiente. Entre los criterios de la defensa, los abogados apostaron primero por imponerse en el tiempo: la distancia entre los funcionarios que desconocían parciamente el archivo, y los abogados que armaron el expediente con tres días de antelación. Dijeron que ningún funcionario de la PGR quiso recibir los papeles. La otra parte se basó en evidencia documental. A decir de una entrevista, cuando Rosario Robles fungió como titular de la Sedesol y la Sedatu, informó al presidente Enrique Peña Nieto de las irregularidades denunciada en los cinco pliegos emitidos por la ASF. Lo hizo por medio de la línea telefónica instalada por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) –teléfono rojo– así como en distintas giras reuniones de gabinete. Posteriormente, al abandonar la Sedesol para ocupar la Sedatu, la defensa de Robles exhibió un oficio dirigido a José Antonio Meade Kuribreña, quien ocupó la titularidad de dicha dependencia federal entre el 28 de agosto del 2015 y el seis de septiembre del 2016. En éste le alertó de los pliegos de observaciones de la ASF y distintos dictámenes de auditoría forense que pidieron ser aclarados los desvíos de recursos. No hizo caso. Ya en la Sedatu, según otras pruebas, Robles envió en su representación a Juan Francisco Martínez Lavín, quien se desempeñaba jefe de la unidad de enlace para que sostuviera a una reunión con funcionarios de la ASF. Con ésta buscó demostrar que “se atendió puntalmente todos los requerimientos solicitados por la ASF”. Las demás pruebas intentaron rebatir detener el daño causado “por terceros” y un dictamen de la Secretaría de la Función Pública que la absolvió del delito de enriquecimiento ilícito. En el primer caso, el 26 de abril del 2017, Robles instruyó a la Oficialía Mayor de la Sedatu y a sus subalternos para que se abstuvieran de firmar más conveníos y contratos con distintas universidades y sistemas de comunicación. Posteriormente, un documento derivado de la revisión patrimonial de la funcionaria, firmado por Ruth Cruz Méndez de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la desvinculó del enriquecimiento ilícito y del “incumplimiento de las obligaciones que le encomendó el Ejecutivo”. Con estas pruebas, pidió el abogado Óscar Ramírez a las 12:45 de la noche: “si usted lo valora, pedimos que en la investigación que se sigue a María del Rosario Robles Berlanga, no sea dictado el auto de vinculación a proceso”. Tiempo después, la FGR solicitó desestimar la defensa pues la vinculación a proceso se solicitó por las omisiones de Robles en sancionar y notificar el esquema para desaparecer los recursos públicos. *** Desestimadas más de tres terceras partes de las pruebas que intentaron controvertir las acusaciones de la FGR, el juez Juan Francisco Delgadillo Padierna concluyó que hubo “una forma de operación organizada” en la que participó personal a cargo de Rosario Robles –entre ellos su oficial mayor, Emilio Zebadúa–. Al tener conocimiento de ellos, la “abstención a actuar es igual a ocasionar un daño”, dijo. Y aclaró: no se le acusa de beneficiarse del desvío de recursos sino de permitir un daño al patrimonio del Estado valuado en 5 mil millones de pesos. A las 5:15 de la mañana, la vista de la exfuncionaria federal se clavó en la madera del escritorio. A sus espaldas, un chal color azul que la cubría del frío logró adivinar una figura encorvada y prematuramente vieja. Las manos anudadas sosteniendo su mentón. Delgadillo Padierna valoró los argumentos usados por la defensa y acusaciones. Respecto a Enrique Peña Nieto, el juez desestimó las pruebas de comunicación que haya mantenido Robles con éste y vaticinó: “O tal vez se le intenta encubrir por algún delito que haya cometido”. Luego reviró contra José Antonio Meade, quien, de comprobarse su conocimiento del desvío de recursos y no solventar los pliegos de observaciones, podía ser imputado por el mismo delito por el que se investiga a su antecesora. “Este documento no lo presentaron por accidente, es una joya y emplazo a la defensa a que presente una copia certificada del acta de entrega-recepción a más tardar el próximo 16 de agosto para que la Fiscalía decida si inicia una investigación contra Meade por el mismo delito de omisión que se investiga en el caso de Rosario Robles”, retó. Un equipo de cinco ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como tres abogados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), acusaron a la ex funcionaria federal de asumir una actitud “omisa” ante sus subalternos que se valieron de firmas falsas, triangulación de recursos y autonomía para firmar convenios con diversas universidades. A las 06:45 horas, Delgadillo Padierna concluyó: “Estoy a favor de que llegó de manera voluntaria a este juzgado. Desecho completamente el riesgo de disturbio que pueda ocasionar su vinculación a proceso en libertad. No obstante, también considero factible el riesgo de fuga ante la falta de arraigo en la Ciudad de México, su falta de empleo que valoro como un juicio positivo en la medida en que no la ata a un domicilio y las pruebas aportadas por la CENAPI y la Policía Ministerial sobre la existencia de dos o más domicilios. “Con base a los anteriores elementos, no considero suficientes los argumentos que se presentara a este juzgado una vez vinculada a proceso: se impone prisión preventiva justificada a María del Rosario Robles Berlanga por un periodo de dos meses. Mismos que tendrá que cumplir en Santa Martha Acatitla”, sentenció. A las 07:00 fue internada en su nuevo hogar.