Empresas fantasma cometieron fraudes al fisco por 2 billones de pesos en cuatro años: procurador fiscal

El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Foto: Twitter @cromero_aranda El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Foto: Twitter @cromero_aranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, informó que entre 2014 y 2018 las llamadas “empresas fantasma” cometieron fraudes al fisco por 2 billones de pesos, cifra equivalente a 500 mil millones de pesos anuales, lo que significa dos puntos del Producto Interno Bruto.

Las fugas de dinero dañan las finanzas públicas y atentan contra la seguridad nacional, por tanto, es urgente ponerles un freno, subrayó el funcionario federal durante su participación en el Simposio 2019 celebrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

A ese fenómeno hay que considerarlo más desde una óptica policiaca que contable, con el propósito de meter a la cárcel a los defraudadores, pues las finanzas públicas requieren que se les combata eficientemente, señaló a su vez Rubén Aguirre Pangburn, expresidente del entonces Tribunal Fiscal de la Federación (hoy TFJA).

En el Simposio, titulado “La Materialidad de las Operaciones en el Derecho Fiscal”, Arturo Pueblita Fernández, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, coincidió que “son verdaderos cárteles los que se dedican a poner en riesgo el dinero público”, por lo que recomendó a los contribuyentes vigilar la forma como llevan a cabo sus respectivos registros, con el propósito de atender los requerimientos de la materialidad de las operaciones.

Finalmente, el magistrado presidente del TFJA, Carlos Chaurand Arzate, sostuvo que vivimos una etapa de definiciones, donde las regulaciones fiscales aprobadas y anunciadas obligan a seguir revisando a fondo el tema de materialidad desde esta perspectiva de cambio, y el fundamento de la acción y actuación del Tribunal, abundó, seguirá siendo la Carta Magna, sus leyes y el cumplimiento irrestricto de la Ley Orgánica, que es de orden público e interés general, de acuerdo con los principios que la misma impone para dar sustento a sus resoluciones.

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