Lydia Cacho denuncia inoperancia del Estado para defender a periodistas y actuar contra Marín

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la periodista Lydia Cacho. Foto: Eduardo Miranda La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la periodista Lydia Cacho. Foto: Eduardo Miranda

WASHINGTON (apro).- La periodista mexicana Lydia Cacho denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la inoperancia del Estado mexicano para defender a los periodistas y actuar contra el exgobernador Mario Marín.

“No ha cambiado absolutamente nada con respecto a delincuentes que han cometido actos de pornografía infantil, explotación sexual comercial, trata de niñas y niños”, dice Cacho, víctima de ataques y persecución política por hacer tales denuncias.

En entrevista con Proceso, la escritora asegura que los perpetradores de los delitos contra menores de edad, quienes además la siguen acosando, “son los mismos” que también actuaron en su contra cuando sufrió un secuestro y ataque físico ordenado por el exgobernador priista del estado de Puebla, Mario Marín, actualmente fugitivo de la ley.

“Son los mismos los que una y otra vez han contratado (gente) para atacarme por seguir siendo parte del equipo de abogados y ser testigo principal contra todos ellos”, resalta la autora de ‘Los demonios del Edén’ y ‘Esclavas del poder’, donde denuncia la pederastia y explotación sexual en México.

En su queja ante el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cacho destaca que “sigue la venganza”, de parte de los intereses afectados, sobre los periodistas e investigadores que denuncian los delitos de horror contra menores de edad, sin que las autoridades hagan algo para impedirlo.

Ella y quienes denuncian esos crímenes, agrega, han estado en contacto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entregando información de los casos pendientes y las acciones que en su contra han realizado los afectados como resultado de su trabajo.

Precisa que también han estado en contacto con la Fiscalía para la Protección y Defensa de Periodistas, y las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, pero no se comunican entre las mismas entidades y otras no responden.

“Dentro del gobierno y las instituciones hay una división impresionante entre los grupos de poder que están peleando por el poder, y en eso estamos atrapados no solamente yo, sino miles y miles de mexicanos”, se queja la reportera.

La falta de atención a sus denuncias –añade– implica, por ejemplo, que la justicia mexicana no le eche el guante al exgobernador priista de Puebla, Mario Marín, pese a que su orden de aprehensión fue girada por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 12 de abril.

“Nunca tienen explicación clara de por qué no pueden ir por ellos y, por otro lado, tenemos información de la propia Interpol que nos dice que, aunque hay ficha roja, no han recibido los documentos adecuados por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para poder actuar al interior de México”.

El sentir de la periodista e investigadora es que en las entrañas del Estado mexicano no hay interés por encontrar a Marín y a quienes protegen y colaboran con el político priista.

“Tenemos ya la evidencia y los datos claros y contundentes que también tiene la Fiscalía, sobre el hecho de que el exdirector de la Policía de Puebla está vinculado y es propietario de cuatro empresas de seguridad privada en las que tiene a expolicías expulsados de la propia policía poblana, que están trabajando con el gobierno del estado”, abunda.

Al ser cuestionada sobre quién o quienes protegen a Marín y dónde se encuentra el exgobernador fugitivo, la periodista responde sin el menor titubeo:

“Ahorita, hasta la última vez que supe, la semana pasada, fue que Marín seguía en Puebla, que se está moviendo de un lugar a otro, y quien lo está protegiendo es el expresidente del Poder Judicial de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, que estuvo a punto de ser parte del gobierno de (Miguel) Barbosa, entre todo un grupo importante de jueces y juezas a quienes benefició durante su gobierno, y todo eso se lo hemos entregado a la Fiscalía”.

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