CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones civiles mexicanas y de Centroamérica, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), alentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a supervisar la política migratoria regional dirigida a niñas, niños y adolescentes que transitan por México hacia Estados Unidos. Durante el 173 Periodo de Sesiones de la CIDH, las organizaciones y la CNDH, solicitantes de la audiencia “Denuncias de Violaciones a los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en América Central, México y Estados Unidos”, reconocieron el compromiso de ese organismo para crear un mecanismo regional o trasnacional de supervisión de las políticas públicas sobre niñez migrante en la región. El quinto visitador general de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, detalló que en México las autoridades migratorias han detenido a 38 mil 581 menores, lo que representa un incremento de 21% respecto del año anterior. De esa cifra, apuntó, 8 mil 744 eran niñas, niños y adolescentes no acompañados, cantidad que podría superar el número de detenciones. En la audiencia, el visitador advirtió que en México se continúa internando a los menores migrantes, acompañados o no, en Estaciones Migratorias, sin considerar otras alternativas, o que “la detención siempre debe ser el último recurso”. Las autoridades migratorias mexicanas –abundó-- recurren a la detención de menores, “a pesar de las recomendaciones y medidas cautelares de que esos lugares no son adecuados para que permanezca la niñez migrante, ya que además va contra las normas jurídicas de protección de la niñez, y desde la perspectiva de derechos humanos no hay justificación alguna para que ese grupo vulnerable permanezca detenido por carecer de documentos para transitar en el país”. Apuntó que en México, contrario al interés superior de la niñez, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registran deficiencias para atender a los niños y niñas migrantes, como “falta de personal que realice determinaciones de interés superior de la niñez sujeta a procedimiento administrativo o judicial; falta de capacitación en materia de derechos humanos, derechos de la niñez migrante, perspectiva de género y derecho internacional humanitario, e inadecuada articulación entre las autoridades del tema”. De manera particular destacó que las principales omisiones de la Comar están relacionadas con “la prioridad que debe dar a las solicitudes en que estén involucradas niñas, niños y adolescentes; la difusión de información por la que se piensa que las personas migrantes que lleguen a Estados Unidos acompañadas por menores de edad se les dejará en libertad, mientras esperan la resolución de asilo, y la información alarmante de que personas retornadas a México mientras dura el trámite de sus procedimientos son víctimas de altos índices de criminalidad”. Al término de la audiencia, defensores de derechos humanos aplaudieron que los comisionados de la CIDH se comprometieran a crear un mecanismo regional de supervisión de políticas migratorias, luego de haber padecido en carne propia los obstáculos de autoridades de Estados Unidos y México para realizar su labor de verificación en visitas realizadas en Estaciones Migratorias en ambos países, en meses pasados. Celia Medrano, de la organización centroamericana Cristosal, destacó que como parte de la respuesta que dio la CIDH a los peticionarios, “iniciará un análisis para revisar si nuestros países realmente pueden catalogarse como terceros países seguros para otros migrantes que están pidiendo en suelo estadunidense asilo o refugio”. La intención de Estados Unidos de alcanzar acuerdos con países como México u Honduras, dijo, no sólo violenta “mecanismos de protección internacional, que obligan a resolver este tipo de solicitudes bajo principios de no devolución y garantías de seguridad para esta población”, sino que viola los derechos humanos de los solicitantes de asilo al “enviarlos a países con más altos índices de violencia en el mundo”. Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), expresó que el indicador más claro de que no se está atendiendo el interés superior del niño es que “86% de las niñas, niños y adolescentes en condición de migración son deportados, cuando al regresarlos se pone en alto riesgo su vida”. Sobre la aceptación de la propuesta para crear un mecanismo trasnacional de protección al migrante, Pérez García consideró que la intervención de la CIDH permitiría que la política migratoria en México dirigida a menores de edad “sea restituida a favor de las autoridades de infancia que tienen su mandato para ello, y que no quede atrapada en autoridades militares o migratorias, que es como está ahora”. Tras destacar que las organizaciones sociales mantendrán diálogos con congresistas estadunidenses y con el Instituto Interamericano del Niño, de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que la materialización del mecanismo transnacional “no sea de papel”, el defensor consideró que la audiencia fue valiosa al posicionarse el “rechazo que se haga de la negociación de la política migratoria por razones económicas, como se está haciendo con la administración de (Donald) Trump”. Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, destacó la petición a la CIDH para que ejerza “presión política” en los países de la región, con el fin de generar cambios reales en la atención a la niñez migrante. Para la defensora, si hay una mejora sustancial en las “condiciones operativas y presupuestaria” para el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), así como de la Comar, “los alcances de protección que pueda tener la niñez acompañada o no, se verán limitados”. Robles puntualizó que la visita que realicen los comisionados a México puede ser fundamental para corregir el enfoque de criminalización que se está dando a la infancia migrante que es llevada a las Estancias Migratorias. Rosalba Rivera, del Instituto de la Mujeres para la Migración (Inmumi), celebró que los comisionados de la CIDH manifestaran su intención de “documentar lo que ocurre tanto en la frontera sur como en la norte de México, y recibir información más oportuna en cuanto al tratamiento que se da a las personas y en particular a la niñez en condición de migración”. Agregó que la expectativa de las organizaciones sociales es que de la visita regional no sólo se conozcan experiencias exitosas de sistemas de protección de la infancia, sino que surjan recomendaciones para que sean ellos en los que resida “la evaluación y determinación del tipo de protección internacional que requieren las niñas, niños y adolescentes migrantes, y que esa evaluación sea la que prevalezca por encima de la determinación que están tomando en este momento las autoridades migratorias”.