CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  En 2011 Arturo Medina Vela, quien padece discapacidad intelectual, fue acusado del robo de un automóvil y durante cuatro años estuvo en el Centro de Readaptación Psicosocial del Reclusorio Sur. Tras ser detenido, el joven fue declarado “inimputable”, invalidando su derecho a declarar y contar con asistencia legal. En cambio, fue trasladado al centro de readaptación, donde recibía fármacos, de forma obligada. Ante estos hechos, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió el primer dictamen en el que determina la responsabilidad internacional del Estado Mexicano al incumplir con algunas de sus obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al no permitirle ejercer su capacidad jurídica y presentar las pruebas que acreditaran su inocencia. Entre la serie de recomendaciones del organismo internacional se encuentran otorgarle a Arturo Medina una reparación efectiva del daño, el reconocimiento público de la violación de sus derechos humanos, además de adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos. Además, deberán ser rembolsados los gastos que Arturo y su familia hubieran tenido durante su estancia en el centro de readaptación. “En esta decisión el Comité determina el incumplimiento por parte del Estado mexicano de las obligaciones de asegurar y promover la igualdad y no discriminación (art.5); la accesibilidad (art.9); la igualdad ante la ley (art. 12); el acceso a la justicia (art.13) y la libertad y seguridad (art.14) de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”, refiere la ONU.