La reforma del Poder Judicial, “con y para” la gente

El Poder Judicial de México. Foto: Octavio Gómez El Poder Judicial de México. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al inicio de semana, en lo que asemejaba una mesa cuadrada, representantes de nuestras instituciones anunciaron la “reforma con y para el Poder Judicial”. En el discurso, todos los mensajes habituales; en el fondo –y por supuesto sin haber estado presente–, me quedé con la impresión de que faltaron las voces de quienes todos los días acudimos a los tribunales para defender nuestros derechos.

Desde el nombre de esta iniciativa y las actitudes de las personalidades invitadas, me parece que continúa la inercia de pensar que tienen las atribuciones y los atributos suficientes como para dirigir aquella reforma sin considerar seriamente las demandas de las personas y comunidades para las que trabajan. Obvio, no faltarán ciertos foros especializados para que la gente de siempre, haga sus aportaciones, pero ojalá nos sorprendan y convoquen a más personas defensoras.

En cualquier caso, desde este espacio alejado del sistema político y las pasarelas del mundo judicial y académico, sin mayor ánimo que el de compartir opiniones, me permitiré plasmar algunas ideas para los debates públicos por venir. De entrada, dos temas evidentes: uno, la exclusión del ejecutivo federal en las designaciones de quienes integren la Suprema Corte de Justicia no compensa que se acorte el período de la función a seis años; y dos, hay confianza desmedida en la representatividad del Senado como para otorgarle el papel protagónico en la conformación del órgano que administrará, vigilará y disciplinará al Poder Judicial.

Desde diferentes facetas en mi vida, puedo decir que he atestiguado durante toda mi carrera profesional el desarrollo de la gran reforma judicial del año 1994. La verdad, estoy convencido de que los quince años que dura la responsabilidad como integrante de nuestra Corte, propició que en su primera etapa se tomara conciencia de su función como Tribunal Constitucional, y desde entonces concedió un grado de independencia para desempeñar ese rol, alejada de tiempos políticos.

En cuanto a fortalecer al Consejo de la Judicatura, separarlo del liderazgo de la Corte y lo demás, todo correcto, pero sin intervención de otro poder. El Senado en los últimos 25 años ha dejado constancia del peso de los acuerdos políticos por sobre el resto de consideraciones. Simular consultas y ejercicios de participación que al final no llevan a nada, se les ha facilitado durante todo ese lapso. Nuestra Constitución debería asegurar que para administrarse y vigilarse, el Poder Judicial solamente se respalde en sus integrantes, y de mayor trascendencia, en la gente.

Quizá algún día podamos confiar en que las personas comunes tenemos la capacidad de elegir, sin presencia partidista, a las máximas figuras del poder al que encomendamos la defensa y garantía de nuestros derechos fundamentales. Y sobre todo, exigir para él la creación de mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Pero mientras llega ese día, tengo una ocurrencia más que compartirles.

Si van a reformar otra vez la Constitución, transformen nuestro juicio de amparo. Despojado de todo ego jurídico, pienso que el amparo tiene una función elemental: preguntarle al Poder Judicial si un acto de cualquier autoridad viola derechos humanos, y por tanto, resulta inconstitucional. Claro que quienes litigamos damos argumentos, pero al final, en mi experiencia, los tribunales deciden lo que quieren.

Si buscan reformar al Poder Judicial para la gente, hagan del amparo el recurso más sencillo, más accesible, más breve, más adecuado y efectivo, posible. Que no existan causales de improcedencia, para hacer inadmisible el juicio. Que pueda cuestionarse a toda autoridad, sin excepciones –incluidos poderes particulares–. Que pueda combatirse toda actuación u omisión. Que pueda accionar cualquiera.

Nadie por encima de la Constitución, ninguna violación a derechos humanos tolerable. Una idea tan simple y poderosa, llevada a la práctica en el amparo. Tenemos el derecho a preguntarle al Poder Judicial, en cualquier tiempo, si algo contraviene nuestros derechos. Y tienen la obligación de estudiar y de responder. Esa sí que sería una reforma para la gente. ¿Tenemos autoridades de esa altura?

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