No le pidan milagros a la ley

Los asistentes al evento sobre la "Reforma con y para el Poder Judicial". Foto: Twitter @RicardoMonrealA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Modificar la ley para combatir los males sociales es la propuesta recurrente de cada nueva administración; en cada cambio de gobierno se realiza una nueva apuesta que se manifiesta como una andanada de reformas legales. El 21 de octubre quedó muy clara la determinación con la que la 4T pretende construir un nuevo andamiaje para la justicia en México.

Ese día, en un acto en el que el senador Ricardo Monreal demostró su fuerza de convocatoria, se reunieron representantes de todos los poderes de la Unión: diversos operadores del Poder Judicial encabezados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar; senadores de todas las bancadas; el consejero jurídico del ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero. Fue una suerte de banderazo de salida para las reformas cuya forma acabada se anunciará el 18 de enero del próximo año.

Éste era un evento anunciado desde meses atrás. De forma inconcreta, se había pregonado una reforma profunda al sistema de justicia con la finalidad de eliminar el nepotismo, la corrupción, las redes y los circuitos de intereses y el tráfico de influencias que existen al interior del Poder Judicial de la Federación y en los estados.

Si el discurso público es en sí una muestra de poder, sin duda este evento evidenció las coordenadas del mapa político en nuestro país. Más allá del músculo que mostró Monreal, se pudo elucidar que el operador de esta reforma será Germán Martínez Cázares. Para cualquiera que quiera anticipar las sacudidas al Poder Judicial, será indispensable seguir de cerca los pasos y gestos del senador, no vaya a ser que se nos adelante en el camino.

Por otro lado, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, no desaprovechó la oportunidad para colocarse con más fuerza en el mapa, y para enlistar las acciones de transformación que bajo su mandato comenzaron, desde principios de año, al interior de la SCJN. Así, señaló que la “reforma desde adentro [del Poder Judicial] no sólo es posible, sino que está decididamente en marcha y a pasos agigantados”, y que la misma se ha realizado conforme a los siguientes ejes: combate a las prácticas indebidas, carrera judicial, cercanía a las personas y paridad de género. Con todo, reconoció la necesidad de una reforma más amplia, que provea un marco normativo sólido para darle fortaleza y continuidad a esos esfuerzos de autorregulación, por lo que anunció que el Poder Judicial hará llegar al Senado su propia propuesta de reformas.

Sin duda es de celebrar esta inusual colaboración entre poderes. Sin embargo, resulta preocupante que el Judicial pudiere suplir al Legislativo en sus facultades, o que las propuestas que se redacten en la SCJN tengan la finalidad de alimentar juegos de poder que van más allá de la función jurisdiccional. De ahora en adelante habrá que ser cuidadosos con las formas y la división de poderes, y para ello es necesario transparentar los procesos de creación, discusión y dictaminación de la legislación que comprenderá la reforma.

Sin embargo, con todo lo que está en juego, esto no es suficiente; se requiere de un proceso abierto a la ciudadanía, un verdadero ejercicio de parlamento abierto.

Por aquí viene el golpe

Más allá de las demostraciones de poder, debe admitirse que en este acto se señalaron grandes pendientes que tiene el aparato de justicia de cara a todos los mexicanos. Entre ellos, el combate a la corrupción y al nepotismo dentro del Poder Judicial; la definición del papel del Consejo de la Judicatura; la creación de un Código Penal Único; el fortalecimiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal y los locales, así como la definición del papel de las fiscalías y de los policías de investigación.

Estas reformas no pueden acometerse de forma aislada o escribirse en una hoja en blanco. Y es que diversas iniciativas en materia de justicia ya se han presentado con anterioridad –como se recordó en el mismo evento de aquel lunes–, y servirían de base para lo que se construya en las próximas semanas. Muchas se encuentran pendientes de dictaminación en comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Creemos que es necesario prestarles especial atención, pues entre ellas se encuentra, nada más, la creación de una Tercera Sala en la SCJN especializada en anticorrupción, la creación de tribunales constitucionales estatales y la reforma para posibilitar el ejercicio de controversias constitucionales contra el Poder Judicial.

Tal seguimiento es complejo. Tan sólo entre el 1 de septiembre de 2018 y el 21 de septiembre de 2019, se presentaron 105 iniciativas ante el Congreso de la Unión, con respecto al Poder Judicial. La mayoría de ellas se presentaron ante el Senado de la República (68%) y por parte del grupo parlamentario de Morena (31%), seguido por propuestas del grupo parlamentario del PAN (25%).

De las iniciativas presentadas, 90 siguen pendientes en comisiones en cámara de origen y una en comisiones de cámara revisora, además de dos que fueron turnadas a cámara revisora el 17 de octubre de 2019. Además, en comisiones del Senado de la República se encuentran 65 iniciativas pendientes.

De las 24 iniciativas pendientes en la Comisión de Justicia, 12 fueron presentadas por Morena, 11 de ellas por Ricardo Monreal. La mayoría de ellas impulsan reformas a leyes secundarias, principalmente al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Código Penal Federal. Aunado a ello, existen nueve propuestas de reforma constitucional. Así, parece que la sacudida al Poder Judicial será profunda y desde todas las aristas, y más vale describir con anticipación el panorama completo.

Peligro de regresión

A mitad de este sobrecargado escenario, ojalá no se olvide que existen diversos pendientes que también abonarían a la construcción de un sistema de justicia más sólido. Entre ellos, la expedición de un Plan de Persecución Penal. Asimismo, habrá que vigilar que las promesas de nuevas vías en realidad no disimulen el retroceso hacia viejos caminos que nos ha tomado años dejar atrás. Tal es el caso de las reformas que pretenden darle la vuelta a los avances que el sistema de justicia penal acusatorio ha consolidado. La reciente ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es tan sólo un ejemplo de estos retrocesos.

Más vale no olvidar que las leyes también son una herramienta y expresión del poder. En el contexto de constante confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial, estas reformas bien podrían constituir una amenaza para la actuación independiente y autónoma de los órganos jurisdiccionales. Es decir, el fortalecimiento del Poder Judicial es condición indispensable para consolidar las bases de un verdadero Estado de derecho, pero si éste no es el fin último, entonces la apuesta legislativa no es conveniente ni deseable para todos los mexicanos.

Si, como señaló el fiscal general de la República, el 99% de 33 millones de delitos en el último año ha quedado impune, sin duda es hora de replantearnos qué hemos hecho y hacia dónde vamos. En ese sentido, la reforma que se anunciará de forma concreta el 18 de enero 2020 es deseable. Sin embargo, el panorama en el país no admite improvisaciones y soluciones que basen su apuesta a que un nuevo marco normativo, por si solo, pacificará el país y reducirá los índices de impunidad.

Creer que mejores leyes crean mejores ciudadanos y gobernantes nos ha tenido por años dando pasos en falso. Sin duda es deseable un marco jurídico flexible ante una dinámica social cambiante, cercano a las necesidades de la gente y capaz de contemplar instituciones eficientes y transparentes, pero no es la panacea. Nuestra realidad exige más que un discurso de transformación que acaba provocando sólo cambios ornamentales. Los remedios milagrosos son fruto de la imprudencia y la desesperación. Ojalá que no pretendamos sanar las heridas de nuestro sistema de justicia desde allí.

 

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* Aranxa Bello es investigadora del programa de Justicia de México Evalúa

 

 

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