Perfilan nombramiento de auditor “carnal” en Puebla; Francisco Romero es cercano a Barbosa

Francisco Romero Serrano (centro), dirigente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex). Foto: Twitter @SindemexPuebla Francisco Romero Serrano (centro), dirigente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex). Foto: Twitter @SindemexPuebla

PUEBLA, Pue. (apro).- El Congreso local con mayoría de Morena perfila al empresario Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pese a su cercanía con el gobernador Luis Miguel Barbosa.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) acordó este martes la terna de los aspirantes a ocupar la ASE, integrada por Romero Serrano, Juan Carlos Díaz Carranza y Salvador Sánchez Ruanova.

Desde hace semanas los legisladores señalan como favorito a Romero Serrano, dirigente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex), quien forma parte del padrón de auditores externos del órgano que pretende presidir.

Corina Ramírez, exaspirante, denunció que el proceso para elegir al auditor favorece a Romero Serrano, quien colaboró activamente en la campaña de Barbosa Huerta, por lo que se convertiría en un auditor “carnal” y, por tanto, no garantizaría el profesionalismo e independencia que reclama el cargo.

De igual manera, recordó que durante las campañas para la gubernatura de 2018 y 2019, Romero Serrano organizó reuniones con empresarios para que Barbosa Huerta promocionara su candidatura.

El empresario presentó su registro como candidato a auditor con cartas de los diputados locales Guadalupe Muciño del Partido del Trabajo, y de Fernando Jara Vargas y Estefanía Rodriguez Sandoval, ambos de Morena.

Otra de las críticas que hizo Ramírez es que quien se perfila para ocupar la titularidad de la ASE está enlistado en el padrón de despachos de auditores externos, lo que representaría un conflicto de intereses.

Máxime porque –explicó– la Comisión Inspectora del propio Congreso local acordó recientemente solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que practique una revisión a las actuaciones de la ASE, por las inconsistencias que presentan sus informes en el período morenovallista, cuando el órgano estatal estuvo a cargo de David Villanueva Lomelí.

De 2011 a 2018, la ASE de Puebla sólo auditó menos de 30% de las obras realizadas durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, y fue señalada de actuar más bien como “garrote político” contra los alcaldes poblanos.

La propia ASF ha ubicado a la Auditoría poblana como la peor evaluada del país, dado que es a la que más observaciones hizo sobre su trabajo. Esto estaría relacionado con el hecho de que desde hace siete años el 100% de las auditorías son ejecutadas precisamente por los despachos de auditores externos.

De acuerdo con reportes publicados por la ASE, de 2014 a 2018 se realizaron 1 mil 534 auditorías a los entes públicos de Puebla, y el 100% de éstas fueron practicadas por despachos externos, que reciben un pago por sus servicios de parte de los propios ayuntamientos que auditan.

Fuentes del Congreso señalaron que esta forma de trabajar, instaurada desde el gobierno de Moreno Valle, ha generado que la fiscalización de recursos a los municipios de Puebla se convierta en un negocio para muchos de esos despachos.

De hecho, el otro aspirante a la ASE, Salvador Sánchez Ruanova, está en el padrón de auditores externos, en tanto que el tercero, Juan Carlos Díaz Carranza, ha sido cuestionado por su residencia en Puebla, dado que ocupa una notaría en Oaxaca.

El pasado miércoles 6, la mayoría legislativa de Morena fue acusada de recurrir a las mismas prácticas que criticó a Moreno Valle, al designar a José Félix Cerezo Vélez al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el candidato peor evaluado durante su comparecencia, pero cercano al gobernador.

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