Desdén, su rasero en la administración pública

Administración pública. Víctima. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El análisis del desempeño de la administración pública en el tiempo que lleva el actual gobierno es una tarea difícil, no sólo porque no hay información que permita saber si está o no cumpliendo con sus responsabilidades, sino porque se ha empeñado en sostener una apuesta riesgosa: desdeñar –sobre todo el presidente de la República– a ese entramado de estructuras y funcionarios que hacen que los gobiernos aquí y en el mundo funcionen.

Llama la atención que el gobierno, al que parece preocuparle de manera muy sentida el bienestar de la sociedad, no reconoce a la administración pública como el recurso y espacio privilegiados de interacción entre gobierno y sociedad, en la que se formulan e implementan políticas públicas que buscan justamente recortar las distancias sociales y favorecer a los sectores con menos recursos y menos capacidad de organización. Basta pensar, como un ejemplo, en el papel del Instituto Mexicano del Seguro Social o en de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social que concilia posiciones extremas entre los intereses de la clase trabajadora y los del sector empresarial, logrando un equilibrio que impide rupturas sociales que pudieran tener graves consecuencias.

Este texto hace un recorrido breve por algunas de las propuestas del nuevo gobierno para tratar de entender su “desdén” por la administración pública y advertir sobre los potenciales riesgos que esto podría acarrear al prescindir de una buena parte de las estructuras de gobierno y al llevar a cabo un recambio de funcionarios hecho más sobre bases clientelares que sobre experiencia y mérito.

Para el presidente, la administración pública es un conjunto de estructuras y funcionarios casi prescindibles, particularmente los cuerpos intermedios de las burocracias. De manera muy generalizada señala a las primeras de ineficaces y a los segundos de ineptos y hasta corruptos; señalamientos ambos que hasta el momento no se sostienen en ningún tipo de evidencia. Los únicos funcionarios que se “salvan” de esos calificativos negativos son los que acaban de tomar posesión de sus cargos y que llegaron con el nuevo gobierno que él encabeza.

De cara a un número importante de decisiones intencionalmente encaminadas a desdeñar la administración pública como recurso privilegiado de gobierno, el detalle del análisis se hará sobre los siguientes temas:

Plan anticorrupción y austeridad

Una parte sustantiva de este plan se convirtió en el sesgo distintivo de la campaña electoral y lo es también del gobierno en el poder.

El propósito es tener un gobierno austero a partir de una reorganización administrativa que busca en última instancia reducir la administración pública –fideicomisos y oficinas de prensa de los secretarios, subsecretarías, oficinas de asesores, entre los primeros recortes ocurridos– a la que el gobierno le endosa prácticamente todos los problemas de corrupción, sin considerar, por un lado, que la corrupción implica complicidad entre varios actores –por ejemplo, debido a coaliciones, colisiones y capturas público/privadas– y, por el otro, que la corrupción también puede ser falta de capacidades y experiencia para manejar asuntos de trascendencia pública.

El centro del “ataque” está en la búsqueda casi obsesiva de reducir costos para utilizar estos recursos en, sobre todo, las obras de infraestructura decididas de manera unilateral por el presidente y en los programas de ayuda directa, rompiendo también de manera poco reflexiva esquemas de intermediación.

El reto para las administraciones públicas es enfrentar esta andanada de críticas en medio de escenarios contradictorios: búsqueda de mayor eficiencia con funcionarios de escasa formación y experiencia, mayor eficiencia enfrentado la reducción de programas y dependencias, sin un claro diagnóstico de sus desempeños, mayor eficiencia de cara a la supresión de un alto porcentaje de puestos de confianza (70%), mayor eficiencia al mismo tiempo que se propone una alta concentración de funciones en, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá bajo su responsabilidad los padrones de los programas gubernamentales, la concentración de los procesos de contratación y el área responsable de consolidar los procedimientos de compra, entre algunas de sus muchas atribuciones.

Los datos con los que cuenta el gobierno para la toma de decisiones en general y, en particular las que debe tomar Hacienda, no se sustentan en las tradicionales fuentes “oficiales”. Por ejemplo, el llamado Censo de Bienestar no fue levantado por la institución dedicada a estas tareas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sino por los llamados Servidores de la Nación que forman parte del partido político en el poder: Morena.

Ajustes equivalentes a recortes

La llegada de un nuevo gobierno siempre implica ajustes en las plazas laborales consideradas de confianza. En el caso del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, despidió a funcionarios en prácticamente todas las dependencias federales.

“Durante los primeros 100 días del actual gobierno federal, 8 mil 331 burócratas dejaron de ocupar sus plazas, lo que representa un promedio de 83 personas diarias que fueron despedidas en esta administración, la cual, desde el cambio de poderes, anunció el adelgazamiento de la burocracia como parte de su política de austeridad”, según una investigación de los reporteros Blanca Valadez y Daniel Venegas, publicada por Milenio Diario el 27 de marzo último.

Estos recortes no han tenido como base ningún tipo de información que permita afirmar que son necesarios para un mejor desempeño de la administración y el gobierno. Se han hecho bajo la lógica de que se requiere, por un lado, combatir la corrupción sin mediar ningún tipo de diagnóstico que demostrara que las áreas en las que se han hecho los ajustes existían vicios y corrupción. Y, por el otro, obviar estructuras y funcionarios con capacidades y experiencia, a partir del señalamiento que ha hecho el gobierno; esto es, como intermediarios perniciosos.

Por otra parte, aunque se ha dicho de manera aislada que se insistirá en la profesionalización, incluso respecto del fortalecimiento de un esquema de carrera, en el lapso transcurrido no se ha materializado ninguna decisión en ese sentido.

Creación de las delegaciones de programas para el desarrollo

Con el propósito de suprimir 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de dependencias federales que existían en los estados, el actual gobierno propuso la creación de unidades administrativas llamadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo” y que están adscritas a la Secretaría de Bienestar, pero reportan sus actividades a la también recién creada “Coordinación General de Programas para el Desarrollo”, que quedará bajo el mando directo del presidente de la República y cuyas facultades aparecerán establecidas en el Reglamento de la Oficina del Presidente.

Los propósitos de estas unidades, que convierten a sus titulares en lo que la crítica ha identificado como “superdelegados”, son de manera resumida los siguientes: reorganizar las delegaciones de la administración pública federal en los estados, imprimir eficiencia administrativa en los procesos del Registro Federal de Trámites y Servicios, y reducir intermediarios entre el gobierno federal y los destinatarios de los programas sociales, planes y proyectos.

Para ello, realizarán actividades como: verificar las acciones estratégicas en materias prioritarias, coordinar las acciones entre los tres poderes de gobierno, supervisar el cumplimiento de las funciones de atención ciudadana, promocionar los planes y programas del gobierno federal y supervisar los programas que otorguen algún beneficio directo a la población.

Las materias prioritarias, hasta donde la información lo ha permitido, se puede suponer que serán las que decida el propio presidente de le República.

Ello implica retos importantes para la administración pública. Primero, los gobiernos estatales y sus administraciones parecen quedar subordinadas a un mando unipersonal.

Segundo, los beneficios y ayudas sociales se entregarán de manera directa a la población, suprimiendo lo que el nuevo gobierno considera como intermediarios perniciosos, pero obviando estructuras, procesos y funciones del servicio público, que si bien en algunas situaciones límite propiciaron inercias perversas y hasta corrupción, la mayoría otorgaba certidumbre y respuestas institucionales, evitando lo que se convirtió en una de las muchas demandas del partido que llevó al presidente al poder; esto es, que no se les diera a estas ayudas un uso político-electoral.

Hasta hoy no se tiene claridad sobre lo que deben cumplir las dependencias responsables de la ejecución de los programas que entregarán beneficios directos –padrones de beneficiarios por entidad, municipio y localidad; lugar desde donde se operarán los programas, calendarios de entrega también por entidad, municipio y localidad y ajustes presupuestarios, además de realizar acciones de orientación y difusión–, puesto que, primero, se suprimen programas sociales o se modifican otros, como Prospera. Segundo, porque los programas ya no contarán con reglas de operación.

Un tema ausente y que también contradice la propuesta de combate a la corrupción es que, dado que los programas ya no estarán operados bajo reglas, tampoco aparece ningún elemento que permita saber qué cuentas se rendirán sobre estos recursos y a quién.

Es previsible que estas ayudas directas generarán más problemas de los muchos que ya tienen los grupos más vulnerables (de manera destacada en los casos de estancias infantiles y refugios para mujeres violentadas), cuando la insistencia en el discurso es favorecer a estos sectores y grupos mas desfavorecidos.

Reflexiones

Del rápido recorrido hecho en estas cuartillas se desprenden varias conclusiones que entiendo como enormes retos que, de no enfrentarse de manera positiva y propositiva, se acabarán convirtiendo en riesgos para la administración pública:

Primero, la propuesta del gobierno no es necesariamente un conjunto de ocurrencias. Responden a un plan que se fue “gestando” a lo largo de los años en el que el actual presidente fue integrando su plataforma y grupo de trabajo.

Segundo, el plan del gobierno se desdobla en dos propósitos: la centralización del poder en la figura del presidente y una suerte de transformación político-moral que hasta el momento no se sustenta en evidencia sino en una defensa hecha desde el grupo en el poder.

Tercero, esta transformación tiene como eje central el combate a la corrupción, el cual se basa en dos acciones prioritarias: reducción de costos y traslado directo de estos recursos a obras y a beneficiarios sociales, obviando las estructuras político-administrativas y la función pública.

Cuarto, en la transformación propuesta no están incluidas las administraciones públicas y los equipos de funcionarios formados en la experiencia de gobierno, y con capacidades técnicas, sino en lealtad personal y empatía política.

Quinto, la propuesta del nuevo gobierno incluye reducciones de estructuras y salarios, concentración de funciones, contratación de funcionarios sin procesos ajustados a experiencia y mérito, supresión de programas, desdén a los poderes instituidos, como gobernadores y alcaldes, y descalificación de distintos actores sociales que sí habían comprometido su trabajo con las mejores causas sociales a lo largo de décadas.

Todo esto junto no necesariamente abona a la buena intención de contar con un país menos desigual y más justo.

La autora es profesora asociada de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública.

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