El OCNF exige sancionar a jueces “que ponen en riesgo la vida de las mujeres” en México

Manifestación de Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió sanciones administrativas y penales contra todos aquellos funcionarios “que ponen en riesgo la vida de las mujeres en México”, y urgió implementar la perspectiva de género en el análisis de casos de violencia contra personas del sexo femenino.

Ello, luego de los errores cometidos por las autoridades de procuración y administración de justicia de la Ciudad de México, que derivaron en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el pasado 25 de noviembre.

El OCNF, integrado por 43 organizaciones de 23 estados del país, consideró que las omisiones en el caso señalado “es sólo una muestra de lo que viven cientos de mujeres en México”.

La red de organizaciones de defensa de las mujeres recordó que en enero pasado la pareja de Abril fue imputado por el delito de tentativa de feminicidio, pero un juez de Control reclasificó la acusación por lesiones y violencia familiar, lo que permitió que se retirara la medida cautelar de prisión preventiva y Juan Carlos García salió libre.

Tras destacar que en los acontecimientos de violencia contra las mujeres es necesaria la prisión oficiosa, el caso de Abril –subrayó– evidencia que el sistema de justicia en México “es ineficiente y la impunidad generalizada, por lo que es necesario que las procuradurías y las fiscalías de todos los estados de la República investiguen y los tribunales de justicia juzguen con perspectiva de género”, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Mariana Lima Buendía.

De igual manera, exigió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos “una investigación pronta y efectiva que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales” del crimen de Abril, donde se considere como principales líneas de investigación la violencia que vivió con su expareja.

La red de organizaciones también demandó una investigación sobre “las omisiones, negligencia y, en su caso, si hubo actos de corrupción que obstaculizaron el acceso a la justicia para la víctima y que derivaron en su feminicidio”.

En ese sentido, pidió iniciar procedimientos administrativos y penales “contra las y los operadores de justicia, como consecuencia del actuar y la omisión de juzgar con perspectiva de género, revictimizar a las víctimas y poner en alto riesgo su vida e integridad”.

Es de suma importancia la realización de investigaciones “con debida diligencia reforzada y con perspectiva de género”, por lo que deben tomar en cuenta “los antecedentes de violencia que viven las mujeres y que pueden derivar en delitos graves como el feminicidio”, resaltó.

Ante la gravedad de dicha omisión, el OCNF pidió a los titulares de la PGJ y del TSJ que “establezcan sanciones para las y los juzgadores que no incorporen en su actuar la perspectiva de género”.

A las autoridades federales y locales les solicitó incorporar en la Alerta de Violencia de Género de la Ciudad de México “acciones del Poder Judicial para que garanticen de manera efectiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Tras solidarizarse con la familia de Abril Pérez, el OCNF reconoció que el caso “ha puesto en la mira” a los operadores de justicia, “quienes le han quedado a deber a nuestro país, y les advertimos que, si no pueden, renuncien”.

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