Familiares de desaparecidos exigen información sobre cadáveres hallados en Irapuato

Los cuerpos fueron hallados en el ejido San Antonio el Rico. Foto: Especial Los cuerpos fueron hallados en el ejido San Antonio el Rico. Foto: Especial

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Integrantes del colectivo “A tu encuentro Irapuato”, conformado por familiares de personas desaparecidas, se reunieron ayer con la fiscal regional de la localidad, Claudia Mota, para exigirle información sobre los cuerpos hallados el viernes 6 en el interior de una finca en el ejido de San Antonio el Rico de ese municipio.

“En Guanajuato no hay fosas”, fue la respuesta de la fiscal.

Sin embargo, por información de las familias –mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) guarda absoluto silencio– se sabe que hasta este martes han sido identificados seis de los cuerpos que de manera ilegal fueron inhumados dentro de la finca y que, de acuerdo con la Policía Municipal y de las propias familias, serían 19 en total.

De hecho, fue la Policía Municipal la que dio a conocer el hallazgo, el viernes 6, cuando en un patrullaje se topó con personal y peritos de la FGE que trabajaban en la finca del ejido San Antonio el Rico, y preguntó por qué se encontraban en ese lugar.

Ese mismo día, personal de la FGE confirmó a Apro que efectivamente les reportaron que había restos humanos dentro del inmueble. Algunos cadáveres se hallaron en avanzado estado de descomposición y otros más eran recientes, señaló, sin ofrecer mayores detalles.

En un comunicado, “A tu encuentro” informó que, acompañados por asesores jurídicos de la organización “Sembrando comunidad”, familiares del colectivo acudieron ayer a la Fiscalía regional de Irapuato para pedir información sobre la identidad de los cuerpos localizados, las circunstancias en que murieron las personas y la investigación que lleva a cabo esa instancia.

Cuando los familiares ingresaron a la sede de la FGE en ese municipio, personal de la dependencia tomó fotografías de cada uno y registró sus datos.

“Nuestra demanda principal fue conocer los protocolos que la Fiscalía aplica en estos casos, saber cuáles son los procedimientos que se siguen en la identificación de los cuerpos que se han encontrado. Solicitamos que se reconozca la situación del estado, la crisis de estas fosas o entierros, que se informe qué protocolos utiliza la Fiscalía y qué procedimientos se llevan a cabo para recolectar, embalar, preservar y analizar los indicios dentro de la investigación”, expusieron los familiares.

Además, señalaron que, si bien fueron recibidos con una inicial buena disposición por la fiscal regional Claudia Mota, “ésta se mostró con poca disposición para el diálogo, interrumpiendo a las personas que hablaban y, en suma, negándose a llegar a acuerdos sobre nuestras peticiones”.

El colectivo informó que en el diálogo que sostuvo con la fiscal regional sobre las fosas, como la localizada en el ejido San Antonio el Rico –que no ha sido la única en Irapuato–, la mujer se negó a llamarlas como tales.

“La pregunta que le hicimos fue: ¿cuántas fosas hay? Ella dijo: no, en Guanajuato no hay ninguna fosa, no tenemos ninguna fosa identificada. Luego nos dijo que no cree que sea importante que deba tener un nombre, y que en el caso de la finca en Irapuato se trataba de personas no localizadas”, señaló un representante del colectivo.

Ante la insistencia sobre los hallazgos, abundó, “la fiscal nos dijo: ‘si ustedes quieren que acepte algo que no es cierto, yo no voy a aceptar’, así que las familias tampoco pudieron obtener información sobre los lugares donde se han encontrado cuerpos de personas asesinadas en estas circunstancias de inhumación clandestina”.

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El colectivo explicó que la mayoría de los casos de desaparición que se presentan “han sido relacionados con modus operandi de violencia, personas armadas que llegan a los domicilios a llevarse a personas de forma violenta”.

Y celebró que dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se aprobara la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), para identificar los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados, aunque lamentaron “que estas medidas y los protocolos necesarios no sean aplicados en Guanajuato”.

“Las familias tenemos derecho a saber si los cuerpos encontrados pertenecen o no a nuestros seres queridos. Sabemos por información pública extraoficial que se han identificado cuatro cuerpos de los 19 encontrados en la fosa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes faltan por identificar?”, preguntó.

Por eso, exigió al gobernador Diego Sinhue Rodríguez y al fiscal Carlos Zamarripa “que reconozcan la crisis que vivimos en Guanajuato y particularmente en Irapuato”.

 

Los seis identificados

A través de las mismas familias se conoció que de los cadáveres hallados en la finca de San Antonio el Rico –al norte de Irapuato–, seis personas han sido identificadas.

Todos son varones y fueron sustraídos de sus domicilios o desaparecidos con lujo de violencia de septiembre a fines de noviembre, según datos de los deudos.

El primero en ser identificado fue el expolicía municipal Antonio Ramírez Delgado, cuyos familiares fueron avisados por la Fiscalía regional de que había sido encontrado entre los cuerpos de la finca.

Por su parte, Alejandro Mancera Hernández desapareció en una calle de la colonia Miguel Hidalgo, el 25 de noviembre. Ese mismo día, varios jóvenes fueron levantados por un grupo armado que entró a la colonia.

Las otras personas identificadas por familiares son Daniel Mendoza y Agustín, cuyo apellido no fue proporcionado, además de Héctor Daniel López Pérez, desaparecido el 25 de noviembre mientras circulaba en su taxi. El vehículo fue localizado en el bulevar Arandas de Irapuato, con las puertas abiertas y las luces encendidas.

Luis Mario Iturriaga desapareció el 1 de septiembre. Ese día sujetos armados entraron a su casa, en la comunidad de Guadalupe Paso Blanco, donde se encontraba con unos amigos, y se lo llevaron por la fuerza en un vehículo.

Hasta ahora la FGE no ha confirmado una sola de esas identificaciones.

En mayo del año pasado, la propia FGE dio a conocer la localización de una zona de inhumación clandestina entre las comunidades de Santa Rosa de Lima y Los Ángeles, en Villagrán, donde extraoficialmente se informó del hallazgo de al menos 27 cadáveres.

La propia dependencia sostuvo que se identificó a cuatro de las personas encontradas en ese sitio, entre ellas una mujer de 65 años que fue privada de su libertad cuando se encontraba en su casa, así como el policía celayense Martín Eduardo Bata, desaparecido el 29 de marzo pasado.

En octubre de 2018, en un camino rural entre las comunidades La Caja y El Conejo –a unos 15 kilómetros de la ciudad de Irapuato–, restos de varios cuerpos fueron hallados por pastores de la zona, semi enterrados y en bolsas de plástico.

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