El CCE estatal reclama “traición” de Bonilla por nuevos impuestos

Jaime Bonilla, gobernador electo de BC. Foto: Octavio Gómez

MEXICALI, B.C. (arpo).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del estado acusó que el gobernador Jaime Bonilla utilizó la “buena fe” que mostró el organismo al respaldarlo con el aumento al impuesto sobre nómina y lamentó que no les notificó en ese momento de la creación de nuevos gravámenes.

A través de un desplegado dirigido a la comunidad del estado, el CCE adelantó que impugnarán los nuevos impuestos y recriminó a los legisladores de “ejercer un mayoriteo ramplón que no construye comunidad”.

“Lamentamos profundamente que la buena fe y la búsqueda de soluciones a la difícil situación de nuestro estado haya sido utilizada por el gobierno del estado al no habernos informado que presentarían aumento de impuestos a la venta de gas licuado de petróleo, gasolina y derivados del petróleo, plataformas de air bnb, hoteles y moteles, que por supuesto rechazamos”, se lee en el comunicado.

Una semana antes de que el Congreso local diera el albazo legislativo creando los nuevos impuestos del 5 % a la base gravable del gas y 2.5 % de las gasolinas; un 5% a hoteles y plataformas digitales de hospedaje, y 7 % a moteles, así como un 20% a las casas de empeño, los miembros del CCE sostuvieron un encuentro con el gobernador donde aceptaron el incremento al ISN “a sabiendas de que implicará un costo adicional para nuestras empresas y aceptando el posible desgaste con algunos organismos empresariales”.

Y es que la Coparmex se declaró abiertamente en contra del aumento al impuesto sobre nómina.
“En días pasados posterior a reuniones de trabajo celebradas entre los organismos agrupados en el CCE estatal con el gobernador Jaime Bonilla Valdez, y en reconocimiento a la difícil situación económica que guardan las finanzas públicas del estado, nos unimos para buscar solución de la mejor manera y así poder salir adelante por el bien del estado”.

A los diputados locales, los empresarios los acusaron de haber violentado “las mínimas prácticas parlamentarias, necesarias para el debido proceso de aprobación” y adelantan que, “estudiaremos jurídicamente sus implicaciones y actuaremos en consecuencia”.

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