Para Javier Sicilia, “la reconciliación y la amnistía con la que sueña el presidente López Obrador” no serán posibles si no se integra como prioridad en la agenda nacional la justicia transicional integral para las víctimas de la violencia criminal. Y aunque aclara en entrevista que la marcha a la que convocó junto con otros activistas no es contra el mandatario, sino para exigir que cumpla el compromiso que asumió con las familias afectadas, considera que no ha comprendido la dimensión de la tragedia. CIUDAD DE MÉXICO (proceso).– “Ayúdame con el tema de la verdad y la justicia”, dijo Andrés Manuel López Obrador como presidente electo la última vez que se reunió con Javier Sicilia. La plática, recuerda el poeta, fue para pedirle que se comprometiera a dar justicia a las familias de miles de asesinados, desaparecidos y desplazados por la guerra contra el narcotráfico y dejar la estrategia militar aplicada por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero entonces, como ahora, el tabasqueño no ha dado respuesta a la demanda. “Cuando asumió la presidencia cambió, no cumplió; nos dio la espalda”, afirma Sicilia, quien le ha escrito tres cartas al presidente pidiéndole justicia; la última, anunciándole que hará una caminata de 100 kilómetros por la paz, “como un deber ético frente al dolor y la muerte que no cesan, que crecen, que amenazan con destruir todo”, precisa el escritor, cuyo hijo Juan fue asesinado en 2011. La relación de López Obrador con los familiares de las víctimas de la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico ha sido ríspida, difícil y hasta de confrontaciones. En la reunión con ellas, que se realizó en el Castillo de Chapultepec en 2012, el entonces candidato presidencial tuvo poca empatía, recuerda Sicilia. Seis años después, ya como presidente electo, los gritos de reclamo de “ni perdón ni olvido”, cuando López Obrador propuso la amnistía, llenaron el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde se llevó a cabo el segundo diálogo con los colectivos. Entonces se programaron 20 foros a escala nacional para recoger las voces y propuestas de los familiares de las víctimas. El 7 de agosto López Obrador inauguró el primero, en Ciudad Juárez, y ahí se repitió el reclamo de “ni perdón ni olvido”. Los foros no concluyeron, se suspendieron cuando se iba a realizar el número 16. El 8 de octubre de 2018 Loretta Ortiz, coordinadora de la consulta de pacificación, y Alfonso Durazo, designado para ser secretario de Seguridad Pública, confirmaron la cancelación, aunque dijeron que las propuestas para la pacificación seguirían siendo recibidas por internet. Sin embargo, los reclamos siguieron llegando a López Obrador, quien se comprometió a dar una respuesta satisfactoria. “Es algo que no entendemos. Me remonto a 2102, cuando hubo ese encuentro ríspido y no fue empático con las víctimas. Siempre lo he admirado y reconocido, porque ningún político ha recorrido el país como él, pero como parte de la clase política no entendió la dimensión de la tragedia. Por eso yo hice campaña por el voto blanco y eso le molestó”, recuerda Sicilia en entrevista. Cuando empezaron las campañas electorales de 2018, señala Sicilia, se buscó a López Obrador y a los otros candidatos a la Presidencia para establecer una agenda pública sobre la atención a los familiares de las víctimas y un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado. La reunión pública se dio el 8 de mayo en el Museo de la Memoria y Tolerancia, pero antes hubo un encuentro privado con López Obrador y Alfonso Romo. “Las palabras de Andrés Manuel fueron estas: ‘Ya se cómo enfrentar el problema del país, sé cómo hacerlo, pero no sé cómo hacerlo con las víctimas, ayúdenme con el tema de la verdad y la justicia’”. En dicho encuentro, efectuado a mediados de agosto de 2018 en la casa de transición, López Obrador invitó a Sicilia a trabajar en el equipo de gobierno que estaba preparando. “Yo no soy el adecuado, soy mejor afuera, no soy un hombre disciplinado con las instituciones”, le respondió el poeta. Sin embargo se pactó trazar la ruta de la elaboración de la política de Estado para combatir la inseguridad. Se llevaron a cabo reuniones y los foros. Participaron expertos nacionales y extranjeros, familiares de víctimas y especialistas en justicia transicional. Con todo ello se redactó un documento de propuestas. En él se planteaba la creación de un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad en México –a fin de contrarrestar la debilidad sistemática del sistema judicial mexicano– el cual estaría coordinado por la ONU para contar con investigaciones independientes e impulsar la autonomía de la Fiscalía General ante el poder y los intereses económicos. También se propuso crear una Comisión de la Verdad y de la Memoria Histórica para investigar los casos desde el 1 de diciembre de 2006 hasta la actualidad. El principal mandato de esa instancia sería visibilizar a las víctimas e identificar a los perpetradores de las violaciones de derechos humanos, en su caso los crímenes de lesa humanidad, así como dar cuenta de los patrones, métodos y causas de la violencia. Además, en el documento se establecía la ruta para crear un modelo de reparación extraordinario e integral para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos en el país. Finalmente se pidió garantizar que se escuchara la voz de las víctimas en todo el proceso. “Ahí (López Obrador) dijo que estaba dispuesto a aplicar la justicia y quedamos que con quien ganara nos volveríamos a ver. Así se hizo. El 14 de septiembre nos reunimos en el Centro Cultural de Tlatelolco, donde hace 50 años inició la deuda del Estado por los desaparecidos sin que hasta ahora haya justicia ni verdad. En esa reunión el presidente se comprometió con la justicia transicional: ‘Vamos para adelante’, dijo, pero nos dio la espalda”. El escritor afirma que se le entregaron al equipo de López Obrador las propuestas de una justicia transicional que empieza por buscar la verdad, dar justicia y reparación del daño, para finalmente terminar con el perdón. No obstante, no las tomaron en cuenta. “El pasado 6 de enero, cuando le hacen la pregunta al presidente de qué pasó con esa agenda que reclamamos nosotros, no dice nada y la remite a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esa es una señal clara de que no tomaron en cuenta esas propuestas, que desecharon esos documentos. Y por habernos dado la espalda ha habido un costo”. Fragmento del texto publicado en la edición 2254 de la revista Proceso, actualmente en circulación.