Frenón a las reformas en materia de justicia

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Foto: Eduardo Miranda El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Foto: Eduardo Miranda

El miércoles 15 todo estaba listo para la presentación del paquete en materia de justicia elaborado por la Fiscalía General de la República, pero de última hora y de manera inopinada el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que el acto se posponía para el 1 de febrero. La víspera se habían filtrado a los medios y a los propios senadores borradores de ese paquete sin que nadie supiera explicarlo, pero que dejan en el ambiente la sensación de serias divergencias en el gobierno lopezobradorista.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Media hora antes de una reunión pública en el Senado en la cual se presentó un paquete legislativo en materia de justicia elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, guardó su discurso preparado para la ocasión y anunció que ese miércoles 15 no se presentaría nada, que la entrega se posponía para el 1 de febrero.

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, llegaron a la Junta de Coordinación Política del Senado poco antes de las 10:30 horas y le dijeron a Monreal que no había consenso en torno a las ocho iniciativas de ley y una de reformas a 14 artículos de la Constitución, que iban a entregar ese día.

“En buen ánimo, en buen talante, me comentaron que ya estaban listos –dice Monreal en entrevista–. Sin embargo, percibí que todavía había alguna opinión divergente de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese sentido, ellos prefirieron allanarse y atender las diferencias y esperarse al mes de febrero a presentar todo el paquete legislativo.”

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ni siquiera asistió al Senado, a pesar de que había confirmado su participación en la entrega del paquete.

“Estaban invitadas cuatro personalidades: el fiscal general, el consejero jurídico, la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad Pública. Los cuatro habían confirmado.

“Yo hablé personalmente con todos, con Alfonso Durazo hablé por teléfono el jueves o el viernes de la semana antepasada y estaba confirmado”, asegura Monreal.

El exgobernador de Zacatecas afirma que también se decidió abrir un compás para escuchar las propuestas del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar –quien no fue invitado a la presentación–, porque “era incorrecto e inconveniente que se plantearan reformas al Poder Judicial sin el Poder Judicial”.

Y agrega: “Yo ya había hablado con el presidente de la Corte y le había ofrecido en el Senado que ellos plantearan también su propio paquete de reformas al Poder Judicial y queríamos honrar la palabra de todos”.

Un día antes, el martes 14, se filtraron borradores de dos nuevas leyes: la Nacional de Cultura y Justicia Cívica y el Código Penal Nacional, además de iniciativas de reformas a seis leyes: Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Amparo, Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como una iniciativa de reforma constitucional a 14 artículos en materia de justicia y procedimientos penales.

Los borradores causaron polémica en la opinión pública. Se habló de una contrarreforma que contenía iniciativas de ley claramente inconstitucionales. Entre otras cosas, las reformas a la Constitución que se conocieron amplían la figura de arraigo –cuestionada por la ONU– a todos los delitos, eliminando la restricción de su aplicación a casos de delincuencia organizada; autorizan la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral, y permiten el uso de pruebas obtenidas ilícitamente en algunos casos, pese a que en el sistema procesal penal mexicano se considera como regla general su exclusión.

Además, en la Ley de la FGR se dan amplias facultades de investigación al fiscal y se quitan atribuciones a la SSPC, al permitirle comandar a la Guardia Nacional y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, con la creación de una unidad de inteligencia dentro de la FGR para el análisis financiero.

Esos borradores circularon en redes sociales, en medios de comunicación y entre los mismos senadores. A las 18:30 horas del martes 14, Monreal publicó en su cuenta de Twitter que el “paquete legislativo sobre procuración de justicia que se presentará mañana (miércoles 15) al Senado será conocido hasta ese momento, por ahora, lo que se exprese es mera especulación”.

Tras las filtraciones, los reflectores se volcaron por completo al salón de la Junta de Coordinación Política del Senado. El miércoles 15, a las 11:00 horas estaba todo listo: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; los coordinadores de todas las bancadas, los medios, la bandera en la página del Senado anunciando el motivo de la reunión: “Presentación de iniciativas para reformar el sistema de Procuración de Justicia”. Estaban todos menos Durazo Montaño.

Al tomar la palabra al inicio de la reunión, la presidenta de la mesa directiva senatorial, Mónica Fernández –quien desconocía el cambio de planes–, celebró el momento histórico: “En este acto el Senado de la República se complace en recibir las iniciativas en materia de procuración y administración de justicia enviadas por el Ejecutivo federal a esta soberanía”.

Sánchez Cordero también ignoraba lo que ocurría: “En el gobierno federal estaremos atentos al estudio y al análisis de lo que se ha presentado”, dijo. Y añadió: “Estoy cierta que los proyectos que se presentan el día de hoy permitirán al Senado y en su momento a la Cámara de Diputados cumplir con estos objetivos; abrir el debate, abrir el debate plural entre todas las fuerzas políticas que están aquí representadas”.

Gertz Manero delineó sus propuestas, que parecían confirmar los borradores en cuanto a los puntos que no habían causado controversia, como la homologación de todos los delitos, su tipicidad y agravantes en el Código Penal Nacional y la transformación de las cárceles en centros de productividad, industria y capacitación con la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Sin embargo, cuando llegó el turno de Monreal, anunció que no emitiría una opinión, “hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas; que, según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el 1 de febrero o los primeros días de febrero”. Incluso dijo a los senadores de los otros partidos que les agradecía su sensatez por no manifestar su opinión en ese momento, porque “para tener el caldo de pollo, hay que tener pollo”.

“Yo lo improvisé porque no se presenta ninguna iniciativa. Yo no leo el discurso y señalo con toda claridad que no generemos opinión hasta que se presente, porque se filtraron documentos por distintas vías, pero el Senado no tenía ningún proyecto”, afirma Monreal en la entrevista.

En discurso improvisado dijo que esta “reforma de gran calado” pretende modificar 14 artículos: el 5, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21, el 73, el 76, el 94, el 97, el 101, el 102, el 116 y el 122. Se trata de los mismos artículos constitucionales que aparecen en uno de los documentos que se filtraron; aunque Monreal expone que desconoce si son oficiales, indica que tampoco sabe quién los filtró.

“No sabemos de dónde salieron porque nosotros no recibimos ningún proyecto, ni iniciativa, pero obviamente se filtraron. Ahora, la veracidad de ellas, pues, pareciera ser muy cercana a lo que va ocurrir, pero pronto nos daremos cuenta. Estaban bien redactadas, algunos tenían hasta el número de páginas de todo el paquete, y el Senado no sabía nada, no tenía nada.

“Para nosotros el Senado está frente a la nada parlamentaria, sólo son conjeturas y proyectos que no están avalados y que no existe jurídicamente para el Senado. Hasta el 1 de febrero será cuando veamos si llegan o no los mismos, si eran o no reales.

“Pero garantizo que se analizarán en parlamento abierto y que no nos precipitaremos, que actuaremos con responsabilidad, con seriedad y que no generaremos ningún precedente de regresión ni ninguna afectación a derechos fundamentales”, asegura el entrevistado.

Para Ana Lorena Delgadillo Pérez, presidente Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, “estas reformas de gran calado” representan una “contrarreforma” que “dota de poderes extraordinarios a la FGR” y que “demuestran que ésta no sabe o no quiere investigar los delitos en México”.

En entrevista con este semanario, la también abogada de víctimas en violaciones a derechos humanos y especialista en la implementación del nuevo sistema de justicia penal –hoy cuestionado por el gobierno federal–, advierte que existe la “verdadera” intención de “endurecer” las penas, darle continuidad a vicios institucionales de la FGR, junto con una posible intromisión en la división de poderes al crearse la figura de “jueces”, “penas” y de “ejecución”, en complemento a la “corrupción y la discrecionalidad de las investigaciones”.

“Si tu observas las funciones de la FGR –sostiene– encontrarás que ha tenido una reducción de presupuesto y una gran reducción de personal en 2019. Lo que vemos, entonces, es a menos MP con mayor cantidad de investigaciones. Esto no te va a servir en ningún sistema.

“Lo que están haciendo es aumentar la corrupción. Lo que ellos plantean nos lleva a un sistema mucho más formalista. Y entre más formalista es, pones más requerimientos y generas más corrupción sólo por obtener lo que quieres obtener.”

Junto a ella, también se han posicionado en contra de este paquete el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, la organización México Evalúa y el jurista Hugo Concha Cantú, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros especialistas. Ellos alertan que el paquete “atenta contra los principios de presunción de inocencia, debido proceso y los derechos humanos”.

Aunque no se formalizó la presentación de las reformas, Gertz Manero alegó que el actual sistema ofrece soluciones “parciales que finalmente nunca han logrado una solución que no sólo contenga, sino que pare esta que quizá sea la situación más aflictiva en todo nuestro país: el crimen”.

Fiscalía “inoperante”

Delgadillo Pérez afirma que pese a la falta de certeza de que los documentos filtrados sean una copia del paquete que se presentará en febrero, hay indicios de que las autoridades federales articularon un “discurso engañoso”, ya que formalmente “se dice que busca mejorar la justicia, los derechos de las víctimas e imputados y reducir la impunidad”, pero formalmente se busca “todo lo contrario”.

“Las propuestas no serían congruentes con ese mensaje; representarían un grave retroceso en materia de derechos humanos, al sistema penal acusatorio –elaborado con 20 años de trabajos entre la sociedad civil y el Estado– y también en lo que se logró avanzar en el modelo de investigación en la fiscalía a través del Código Nacional de Procedimientos Penales”, destaca la entrevistada.

Asegura que la liberación de los criminales –la llamada “puerta giratoria”– tiene que ver con que la fiscalía estuvo llevando casos demasiado débiles que no se pueden sustentar bajo los principios legales.

“Ahí está el caso Ayotzinapa. Es muy fácil echarles la culpa a los jueces porque los liberan, y no voltear a ver dónde está el problema: la falta de capacidad de las fiscalías y su atraso en la implementación del nuevo sistema.”

Entre las consecuencias del proyecto, enfatiza Delgadillo, sería activada la figura de la prisión preventiva oficiosa para todos los delitos, la eliminación de los jueces de control, la validación de pruebas en un juicio obtenidas mediante métodos ilegales (entre ellos “la tortura y el espionaje”), la reactivación de los jueces de instrucción dedicados a seguir todo el proceso, la facultad de los MP para “detener en flagrancia”, la falta de contrapesos –como el Consejo Ciudadano, que aún no ha sido convocado– y la sobrecarga de trabajo o la fragmentación de las investigaciones en diversas subprocuradurías, entre otros temas.

–¿Qué es lo que provocarían estas nuevas legislaciones en conjunto?

–Regresar al sistema antiguo creyendo que el MP es quien va a resolver. Regresamos a un esquema que ha venido fallando y que ha dejado al país en la impunidad. Lo que pasa ahora es que son muy pocos los casos que están siendo sentenciados. La mayoría de los casos se caen en la fiscalía, ¿y por qué se quedan ahí? Porque no saben investigar.

Jueces “a modo”

Entre las filtraciones destacan reformas al Poder Judicial de la Federación, que en conjunto “dificultarían el acceso a la defensa y la presunción de inocencia”, advierte María Novoa, de la organización México Evalúa.

Advierte que al pasar las funciones del “juez de control” a “juez de juicio”, como expresa la propuesta, se estaría volviendo a la valoración de pruebas –obtenidas legalmente o no– en apoyo a la instrucción del “representante social” de las víctimas: el MP.

“Estas propuestas buscan contrarrestar la inacción y la inoperancia principalmente de la Fiscalía General de la República con reformas legales. El mayor peligro de este paquete de reformas no radica en pretender, sino que intensifica el poder punitivo que éste tiene sobre la relación de los mexicanos con el aparato de justicia. Así se anuncian graves violaciones a la presunción de inocencia, debido proceso, independencia judicial, imparcialidad, así como a los derechos humanos”, señala Novoa.

Todas estas propuestas, añade, dificultarán la defensa jurídica y crearán condiciones para que los primodelincuentes y delincuentes reincidentes sean sujetos a un endurecimiento del régimen carcelario sin distinción entre unos y otros. Especialmente si en la práctica los MP buscan reducir los índices de impunidad, con un método y régimen que oculte las deficiencias en materia de investigación y argumentación de los delitos ante la justicia procesal.

Este reportaje se publicó el 19 de enero de 2020 en la edición 2255 de la revista Proceso

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