CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Defensores de derechos de la infancia callejera de América Latina denunciaron la ausencia de medidas de protección para la población sin hogar, en el contexto de la crisis sanitaria por la propagación del covid-19. En conferencia de prensa virtual, organizada por el proyecto #TejiendoRedesInfancia, Luis Enrique Hernández, director de El Caracol; Marcos Santana, de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, de Puerto Rico, y Marco Antonio Da Silva, coordinador de Projeto Meninos e Meninas de Rua, de Brasil, urgieron a dar atención a la población callejera, sin criminalización ni estigmatización. De acuerdo con Luis Enrique Hernández, la falta de inclusión de la población callejera en las directrices para enfrentar la pandemia en la Ciudad de México “se complejiza más desde que hemos documentado que hay como una campaña de limpieza social, con operativos para retirar a la población de forma forzada, sin alternativas”. Narró que la semana pasada el equipo de El Caracol acudió a varios puntos de la ciudad donde suelen reunirse personas en situación de calle, en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, para saber cómo estaban viviendo la contingencia sanitaria y distribuir materiales de limpieza, medicamentos y postales informativas de cómo cuidarse y dónde acudir en caso de urgencia médica. [embed]https://www.proceso.com.mx/624140/enrique-alfaro-teme-traicion-a-la-patria-de-lopez-gatell[/embed] “Nos encontramos con 30 grupos de población callejera, unas 500 personas; ningún grupo había recibido información o visita de representantes de alguna instancia de gobierno y sólo los habían visitado policías con la intención de retirarlos, con el argumento de que eran un foco de infección”, relató Hernández. El equipo de El Caracol identificó a cinco personas “con fiebre, les dolía la garganta y el cuerpo, y por la experiencia de que no reciben a la población callejera en los hospitales cuando presentan síntomas leves, sólo les dejamos paracetamol, les explicamos que si tenían problemas para respirar acudieran al médico y les dimos un número celular para que nos avisaran”, apuntó el defensor. La preocupación de El Caracol no sólo estriba en el riesgo de que la población callejera sea contagiada por covid-19, sino por el brote de sarampión que se ha presentado en la Ciudad de México, por lo que instrumentarán una campaña de vacunación. Apuntó que, sin bien se trata de una población altamente vulnerable, entre quienes hay adultos mayores, muchos con enfermedades crónico degenerativas, hasta el momento en el programa de emergencia sanitaria de la capital del país no hay mecanismos para protegerlos. Por el contrario, “hay una política de separación familiar forzada, lo que incrementa la alta exclusión y los altos niveles de violencia que viven, por eso difícilmente quieren acercarse a los espacios de seguridad pública, porque son maltratados incluso en los albergues para la población callejera administrados por el gobierno”. Durante el recorrido, el equipo detectó que prevalece la desinformación sobre la gravedad de la pandemia, por lo que es “urgente instrumentar un programa de gobierno de la Ciudad de México para dar acceso a la salud, sin discriminación, y que se frene la limpieza social y la separación familiar”. Marcos Santana y Marco Antonio Da Silva destacaron que las medidas de restricción de movilidad social, entre las que se han impuesto toques de queda, “han criminalizado” a niñas y niños de la calle en Puerto Rico y Brasil. Santana señaló que habitualmente los niños y jóvenes que viven en las calles recurrían a los comedores escolares para alimentarse y a los espacios universitarios para descansar, pero con la crisis sanitaria y el cierre de las instituciones educativas, “no cuenta con recursos de apoyo y al día de hoy no hay una respuesta adecuada para la población callejera”. Pese a los llamados que han hecho organizaciones que integran la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, para considerar a la población callejera en los planes de protección ante el covid-19, “no existen alternativas, por el contrario, se criminaliza a la gente que vive en las calles, y no hay refugios para ellos, y uno de los grandes retos en la línea de apoyo es identificar dónde están resguardándose”, abundó. Hasta ahora, los esfuerzos de la sociedad civil que atiende esta población se han focalizado en la atención de denuncias “por violaciones a derechos humanos, porque se pone multa a las personas que están en las calles a cierta hora, y porque se ha incrementado la violencia contra esta población, incluida la violencia sexual en sitios donde se les ha confinado, en tanto que se sigue negociando con el gobierno para que implemente medidas adecuadas para esta población”, insistió Santana. “Sabemos que la situación se va a poner más compleja, pero no podemos permitir que las medidas de aislamiento social, que ciertamente están dirigidas a garantizar la salud y la seguridad económica, estén por encima de los derechos humanos de las niños y jóvenes que viven en la calle”, resaltó. Desde Brasil, Marco Antonio Da Silva lamentó la criminalización y que “en la pandemia no haya una estrategia para las niñas, niños y adolescentes que viven en la calle”. Sostuvo que pese a instaurarse una cuarentena por el covid-19 en el país sudamericano, “las niñas y niños que viven en las calles no quieren recurrir a los servicios de los albergues porque no hay una metodología que atienda el perfil de esta población, que no sabemos cuántos son; sabemos cuántos perros y gatos hay abandonados, pero no cuántos niños y niñas viven en las calles de Brasil”. Tras señalar que hasta ahora “no hay un trabajo especializado con los niños de la calle” por parte de las instituciones estatales, que por lo general tratan a los niños como delincuentes, Da Silva destacó que ante la reciente pandemia se han “montando servicios de emergencia médica, en los que la población que vive en las calles no está considerada”. El defensor brasileño expresó que hasta ahora los casos de covid-19 han afectado a personas que llegaron de otros países por el aeropuerto y a las clases medias y altas, pero en las próximas dos semanas se espera la expansión del virus entre sectores más pobres, por lo que urge la atención a población vulnerable, como la callejera.