En Campeche, muere por covid-19 empleado hospitalario a quien negaron permiso

Instalaciones del hospital “Patricio Trueba Regil”. Foto: Google Maps Instalaciones del hospital “Patricio Trueba Regil”. Foto: Google Maps

CAMPECHE, Camp. (apro).- Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) exigieron investigar el caso de Alejandro Leal Medina, un empleado administrativo del hospital “Patricio Trueba Regil” que murió de covid-19, luego de que sus superiores le negaron el permiso para resguardarse en su casa, a sabiendas de que padecía una comorbilidad que lo situaba en el grupo de población vulnerable.

En tal sentido, reclamaron justicia para el trabajador fallecido y sanciones administrativas y penales contra todos los funcionarios que de cualquier modo pudieran tener responsabilidad en el caso del que además pretendieron deslindarse, culpando a la víctima de su contagio y del potenicial brote de covid-19 que pudiera surgir entre las personas con las que tuvo contacto en el nosocomio.

Alejandro Leal se desempeñaba como auxiliar de la dirección en ese hospital de la capital campechana, donde presuntamente se infectó del coronavirus. El sábado 25 perdió la vida.

Con 65 años de edad, “Maicito”, como afectuosamente le llamaban, se convirtió en el primer trabajador del sector salud en la estadística de víctimas fatales de la pandemia en la entidad, porque a pesar de su condición de hipertenso, el director del hospital, Luis Alfredo Quijano Rosado, le rechazó su solicitud de permiso para resguardarse en su casa durante la contingencia, por ser menor de 65 años.

El caso desbordó la indignación de los trabajadores del hospital, que atribuyeron la pérdida de esa vida a la “negligencia arbitraria y criminal” de quienes controlan el nosocomio y el sindicato.

Para acallar el escándalo, horas después de la muerte de “Mayito”, la delegación del ISSSTE y la Secretaría de Salud del gobierno del estado emitieron un comunicado conjunto en el que de plano culparon al trabajador de haberse automedicado para ocultar sus síntomas, con lo que –subrayaron– puso en riesgo a 36 personas con las que tuvo contacto en el hospital.

“Previo a su ingreso hospitalario se automedicó enmascarando la sintomalogía, lo que agudizó su estado de salud, aunado a su padecimiento de enfermedad concomitante, durante día y medio en que permaneció hospitalizado”, subrayaron.

También aseguraron que “no se tiene registro de que el trabajador haya solicitado ausentarse de sus labores o que haya informado a sus superiores jerárquicos síntomas o malestar”, y revelaron que habían detectado 36 personas que tuvieron contacto con él, a quienes se les tomaron muestras para practicarles las pruebas de covid-19.

“El personal médico, de enfermería, administrativo y de servicios que labora en las clínicas y hospitales del Instituto y que atienden a pacientes afectados por la pandemia del covid-19 cuentan con los equipos e insumos necesarios de protección para cada área, y en prevención se concluyen los procedimientos de somatización exhaustiva”, afirmaron.

Pero la estrategia mediática les resultó contraproducente. Desde el anonimato, para proteger sus empleos, trabajadores del hospital desmintieron la versión oficial filtrando en las redes sociales extractos de los oficios relativos al caso.

Entre estos documentos figura la solicitud que Leal dirigió al director del hospital el pasado 1 de abril: “Por medio del presente escrito, me dirijo a usted y de la misma forma le pido que tenga a bien incluirme en el grupo de trabajadores del ISSSTE de personas vulnerables, esto en apego al acuerdo publicado el 31-03-2020 emitido por el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, de acuerdo al artículo Primero Fracción V que a la letra dice: ‘el resguardo corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunodepresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática independientemente de si su actividad laboral es considerada esencial. El personal esencial de interés público podrá de manera voluntaria presentarse a laborar’”.

A su petición anexó copias del acuerdo publicado el 30 de marzo de 2020 y de su diagnóstico médico. “Esperando contar con su apoyo”, se despidió con un cordial saludo.

En otro oficio, el director Quijano Rosado le respondió: “Me permito dar respuesta a su solicitud turnada a esta Dirección de fecha 01 de abril del año corriente.

“Estoy enterado de la publicación del Diario Oficial que usted menciona, de fecha 31 de mayo pasado y relativo a la emergencia sanitaria.

“De acuerdo con la instrucción recibida en esta Dirección de referencia DNAyF/0469/2020 fechada el 24 de marzo próximo pasado, solamente se retira a su domicilio al personal mayor de 65 años.

“En el momento que se gire institucionalmente alguna modificación al mencionado documento, se lo comunicaré para que pueda integrarse al personal de resguardo domiciliario”.

Los trabajadores soltaron una andanada de quejas y denuncias sobre las irregularidades, abusos de autoridad y negligencia en el manejo de la contingencia, que elevan potencialmente el riesgo de contagios para el personal de la institución.

En ese sentido, arremetieron contra el delegado Humberto Cabrales, quien asumió el cargo el pasado 20 de febrero; el subdelegado médico Francisco Pavón; el director del hospital, Patricio Trueba, la administradora Minerva Rejon, y hasta el epidemiólogo Santiago Sansores, pues pese a las circunstancias no se están aplicando los protocolos establecidos.

Según los quejosos, no hay controles en los accesos, restricción de áreas, ni sanitización, ni lavamanos. Denunciaron que tampoco se les están otorgando cubrebocas, guantes ni gel a los trabajadores, pues la administradora los tiene reservados para dáselos sólo al personal que atiende directamente a pacientes con covid-19.

Asimismo, revelaron que en ese hospital sólo hay cuatro respiradores, uno de los cuales es ocupado por un médico que no es derechohabiente, pero fue ingresado ahí gracias al influyentismo.

Finalmente, solicitaron a la Contraloría y a la Fiscalía Anticorrupción iniciar una investigación porque presuntamente las autoridades administrativas estarían traficando con los insumos.

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