Descuentos salariales: entre la ilegalidad y el repudio

Pemex, la primera en profundizar la “política de austeridad”, es una de las instituciones que ha solicitado a sus funcionarios aceptar los descuentos. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Margen superior derecho: a 24 de abril, 2020. Asunto: Autorización descuento por nómina. Al calce: en blanco el remitente, con la indicación de firma, nombre del trabajador y ficha. Destinatario: Franco O. Veites Palavicini Pesquera, subdirector de Capital Humano. Presente.

No hay leyenda oficial, ubicación del centro de trabajo, logotipos ni sellos que lo hagan parecer oficial, pero desde el 24 de abril este formato llegó por correo electrónico y circula por las oficinas de Pemex que, en efecto, se convirtió en la primera dependencia en profundizar la “política de austeridad”:

“Por medio de la presente solicito y autorizo a Petróleos Mexicanos (…) a la que me encuentro adscrito, para que se descuente de mi próximo pago de nómina el 25% de mi salario neto (…) así como en los pagos subsecuentes hasta el mes de diciembre de 2020, con la finalidad de unirme y contribuir al programa de austeridad para el rescate de la soberanía de México, instituido por el Presidente de la República”.

En otro párrafo: “Lo anterior lo hago de manera voluntaria, sin que exista dolo, presión o coacción de cualquier tipo en mi contra”.

El oficio

El decreto al que se hace mención es aquel del 23 de abril, “por el que se establecen las medidas de austeridad que deberían observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. Y Pemex es la única entidad que hasta ahora ha aplicado la medida por la vía de ese formato, confirma Proceso con la vocería de la petrolera.

Desde el 5 de abril, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su plan para enfrentar la crisis económica, dio a conocer que los altos mandos del gobierno se reducirían el salario y que donarían su aguinaldo para robustecer los programas de ayudas sociales mediante reparto de dinero en efectivo que en este sexenio se llaman “del Bienestar”; así como para apoyar al sector salud.

Tras el anuncio, la discusión se centró en ese aspecto, pues numerosas opiniones jurídicas reproducidas en medios consideraron que era ilegal reducir salarios de trabajadores o cancelarles su aguinaldo, pero con el decreto del 23 de abril, la instrucción fue que sería una “aportación voluntaria”.

El pasado lunes 11 López Obrador se refirió al tema; en su concepción, el alto mando es de nivel subdirector hasta el presidente de la República. En la mañanera de ese día dijo que habría un trato diferenciado:

“Ahora, con el plan de austeridad, el sueldo que se va a recibir va a ser menos, pero proporcionalmente hablando, es decir, va a ser progresivo el descuento, la disminución: el presidente va a entregar más, y lo mismo el secretario, subsecretario, y el subdirector prácticamente nada a pesar del plan de austeridad.”

Pero en los hechos, y en el caso de Pemex –que tiene tabuladores salariales distintos al resto de la administración pública–, el descuento se presiona parejo mediante el oficio citado.

“Hagan planes”

El 29 de abril Josefina Bravo, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, adscrita a la Secretaría de Gobernación, reunió a su personal para recomendarle que hiciera planes para sus nuevos ingresos –25% menos de lo que percibieron hasta el viernes 15– porque idearían un esquema para donar las cantidades correspondientes al sistema de salud.

Ya desde el 24 de abril en otras áreas también sectorizadas de Gobernación, como el Instituto Nacional de Migración, se les había adelantado el cumplimiento de las medidas de austeridad, y un formato que, sin embargo, no llegó a distribuirse.

La suspensión, tanto en la mencionada Comisión como en otras áreas gubernamentales, se relaciona con la ilegalidad de la medida, de manera que para cumplirla se propone crear mecanismos alternos, como el de la donación por fuera de la nómina.

El abogado laboralista Manuel Fuentes señaló desde el 6 de abril la imposibilidad de que a los servidores públicos les hagan descuentos salariales o de aguinaldo. Una vez emitido el decreto del 23 de abril, su balance es el mismo: “Considero que es ilegal, aunque la firma la otorgue el trabajador, si atendemos el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.

Doctor en derecho e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Fuentes advierte, consultado por Proceso, que la práctica, empleada en otras administraciones e inclusive en los gobiernos locales, de descuento por cuotas partidistas o de donación a la Cruz Roja, han sido también ilegales.

“El artículo 110 de la LFT no le da facultades al patrón para retener dinero del trabajador para el objeto que señala el decreto ni para beneficencia, partido o iglesia. El patrón no tiene esa potestad y hacerlo es abusivo y arbitrario. Por lo tanto, el trabajador puede revertir ese descuento.”

Complicaciones

Áreas jurídicas consultadas en la administración central confirman al reportero que están revisando cómo hacer cumplir el decreto, pues no hay asideros legales y prevén que pueda detonarse un proceso de demandas, pues los contratos con el personal están firmados con una remuneración que no puede variar.

En el caso de Pemex, la pretensión también ha generado un conflicto entre quienes trabajan desde hace años en la petrolera y los que llegaron con la actual administración, pues mientras los primeros reclaman presiones para hacerlos firmar, los segundos se afirman en el sentido solidario y les imputan “egoísmo” y falta de compromiso con la Cuarta Transformación.

El rechazo a las medidas ya es público y se ha ido ampliando entre el personal de la petrolera, inclusive al más alto nivel. El primero de cientos de casos fue el de Juan Carlos Granados Hernández, gerente de Contratos y Asociaciones de Exploración, en respuesta a la recepción del formato de renuncia al 25%:

Asunto: manifestación sobre solicitud de autorización voluntaria de descuento de nómina. Fecha: 27 de abril 2020. Oficio: PEP-DG-SEPCA-GOCAE-290-2020. Destinatario: Franco O. Veites Palavicini Pesquera, subdirector de Capital Humano. Al calce: Juan Carlos Granados Hernández, gerente.

En su parte sustancial, después de subrayar el carácter voluntario, libre de dolo, presión y coacción en el pedimento de renuncia del 25% de su ingreso, establece: “Lamento informarle que, por los compromisos económicos personales relacionados con mi sustento y con el de mi familia, no me es posible apoyar dicha medida ya que pondría en riesgo mi sustento y el cumplimiento de obligaciones previamente adquiridas.

“Por lo anterior, no autorizo a Petróleos Mexicanos (…) para que descuente cantidad o porcentaje alguno del pago de mi nómina que afecte mi salario (ya sea neto, bruto o integrado) y/o cualquiera de las prestaciones a las que tengo derecho en términos de la normatividad aplicable.”

Este texto se publicó el 17 de mayo en la edición 2272 del semanario Proceso, en circulación

 

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