CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, hace más de un mes, organizaciones de la sociedad civil urgieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a instalar la “Comisión que se encargará de recibir y aprobar las solicitudes de amnistía”. Ante el incremento de contagios por covid-19 en los penales del país, Equis Justicia para las Mujeres, y Documenta, análisis y acción para la justicia social, se pronunciaron por acelerar los trabajos para la instalación de la Comisión contemplada en la Ley de Amnistía, “a fin de concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas”, y no esperar los 60 días considerados en la legislación para crear dicho instrumento. En un comunicado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) resaltaron que la pronta aplicación de la Ley de Amnistía “contribuiría a mermar la sobrepoblación en las cárceles, y con ello disminuir los riesgos de contagio por decesos por coronavirus en el sistema penitenciario”. Y citaron el último registro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del pasado martes 26, de 177 personas privadas de la libertad contagiadas por covid-19, así como 37 fallecimientos, “por lo que reducir la población penitenciaria resulta apremiante”, De igual manera, resaltaron que por “la falta de voluntad de los agentes estatales” tampoco se han puesto en operación “los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LEP) que configuraría la oportunidad de otorgar beneficios más integrales y efectivos a la población penitenciaria en el país”. Tras insistir en acelerar la implementación de la Ley de Amnistía, Equis y Documenta solicitaron a los poderes Ejecutivo y Judicial, responsables de la evaluación de casos y de la liberación de las personas privadas de libertad en el fuero federal, que además de la creación de la Comisión, se determine quiénes serán los operadores del Poder Judicial Federal responsables de evaluar los dictámenes. De igual manera, pidieron acelerar la publicación de los procedimientos para tramitar las solicitudes de amnistía y difundirlos en los centros penitenciarios, “en un lenguaje accesible para todas las personas”, y para discapacitados y personas hablantes de otros idiomas; garantizar el acceso a defensores de oficio para realizar los trámites, así como un “mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas”. Finalmente, las organizaciones celebraron la aprobación de la Ley de Amnistía, a través de la cual se reconoce “la deuda que se tiene con diversos grupos históricamente vulnerados, y es un importante precedente para garantizar su acceso a la justicia, pero es imprescindible avanzar en su implementación”.