El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pretende utilizar la pandemia para prolongar el confinamiento, suspender el proceso electoral y mantenerse en el poder, denuncian figuras de la oposición hondureña. De acuerdo con las denuncias, el mandatario buscaría de esa manera la inmunidad de su cargo para evadir a la justicia estadunidense, que lo investiga por narcotráfico. Testigos clave de dicha investigación son Antonio Hernández, hermano del propio mandatario, y Juan Carlos Bonilla, El Tigre, exjefe de la Policía Nacional.  TEGUCIGALPA, Hon. (Proceso).- Opositores, analistas y expertos en salud lanzaron una voz de alarma en Honduras hace un par de semanas cuando el gobierno de Juan Orlando Hernández –hospitalizado por covid-19 y luego dado de alta– anunció la llamada “apertura inteligente”, estrategia apoyada principalmente por los empresarios para el regreso a la “normalidad” en plena pandemia. Quienes criticaron la medida argumentaron que abrir la economía y relajar las medidas de confinamiento en el momento de mayor agresividad del virus detonaría un aumento en los contagios, principalmente en los departamentos Francisco Morazán –donde está la capital– y Cortés, los más poblados del país. Figuras de la oposición hondureña –el excandidato presidencial Salvador Nasralla, Guillermo Valle (del Partido Innovación y Unidad) y dirigentes del Partido Libre– denunciaron lo que sería el verdadero objetivo del presidente detrás de la reapertura: volver a cerrar la economía y alargar la cuarentena tres meses, mínimo, por un rebrote que dispare los casos de covid-19. De acuerdo con los críticos del gobierno hondureño, una nueva cuarentena será la herramienta del presidente Juan Orlando Hernández para postergar indefinidamente las elecciones internas y primarias programadas para septiembre, dejándolo más tiempo en el poder. Hasta ahora las cifras de la crisis sanitaria le están dando la razón a la oposición. Los casos se han disparado. De acuerdo con datos del gobierno hondureño, al 30 de junio el país suma 19 mil 558 casos confirmados del nuevo coronavirus y 497 decesos por covid-19. Además, el 17 de junio el presidente anunció haber contraído el virus y que, por el momento, trabajaría desde su casa. No obstante, al día siguiente dio a conocer en un comunicado que estaba internado en el Hospital Militar del Distrito Central, aunque el viernes 2 se anunció que había sido dado de alta. Periodistas locales, como Milton Benítez y Jhonny Lagos, director del periódico El Libertador, pusieron en duda la veracidad del contagio de Hernández y de varios dirigentes del Partido Nacional señalados de estar ansiosos por ganarse la simpatía de la opinión pública, la cual les es adversa.

Vacuna contra EU

Además de Salvador Nasralla, el expresidente Manuel Zelaya y el excandidato presidencial Guillermo Valle, entre otros personajes de la oposición, denunciaron en sus redes sociales que el presidente Hernández pretende usar la pandemia para alargar su mandato dos años y negociar con la dirigencia de su partido (el Nacional) la inmunidad que requiere contra cualquier persecución judicial del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con lo reportado por medios nacionales e internacionales, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York investiga casos de narcotráfico en los que Hernández presuntamente está ligado. En las indagatorias el presidente de Honduras no está citado por su nombre, sino como “CC-4” (coconspirador 4), han detallado medios hondureños que tuvieron acceso a los documentos de la fiscalía estadunidense. El mismo presidente y todo su entorno han desmentido reiteradamente las declaraciones de los narcos arrepentidos, como Alexander Ardón y los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos como Los Cachiros, todos ellos enjuiciados en Estados Unidos. Hernández y su círculo cercano aseguran que las declaraciones en su contra provienen de criminales que fueron combatidos por su gobierno. Sin embargo, hay testigos difíciles de olvidar en las investigaciones judiciales, como Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, hermano del presidente. Detenido el 23 de noviembre de 2018 acusado de traficar cocaína hacia Estados Unidos, el hermano del mandatario hizo declaraciones que apuntan hacia el Poder Ejecutivo de su país. Además, en los documentos de la fiscalía de Nueva York están citados varios dirigentes y funcionarios catrachos, todos ellos de gobiernos nacionalistas. Como en el caso de Hernández los documentos no dan nombres, pero sí claves de los presuntos cómplices del gobierno. De acuerdo con medios hondureños los personajes involucrados son el expresidente Porfirio Lobo Sosa (CC-3); el secretario de Estado, Roberto Ordóñez (CC-5); el exoficial de Policía y primo del presidente, Mauricio Hernández Pineda (CC-6), y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, El Tigre (CC-7). Fuentes consultadas aseguran que en el juanorlandismo comprenden que la fiscalía neoyorquina espera el momento en que Hernández deje la presidencia para lanzarse contra él.

Doble cara

En el grupo de residentes catrachos en Estados Unidos, conocido como Pro Honduras, aseguran que en Washington existe una doble estrategia respecto de Hernández, pues mientras el presidente Donald Trump le sigue brindando apoyo, la justicia estadunidense busca pruebas de sus supuestos delitos para acusarlo cuando deje la silla presidencial. Pro Honduras es un grupo de activistas opuestos a Hernández que da a conocer las acciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el narcotráfico en la nación centroamericana. A decir del sociólogo Víctor Meza, Washington sólo juega su habitual artimaña del “palo y la zanahoria”. El palo es la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la zanahoria, el cada vez más desconcertante Trump. “Juan Orlando sabe que se juega la vida en estos días. Su permanencia dos años más de los legalmente previstos le aseguraría un periodo de relativa tranquilidad para esperar cambios profundos en la Casa Blanca, con Trump o sin él, que le permitan negociar un retiro honroso y en libertad, lejos de la atención de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York”, considera por su parte un exdirigente cachureco (nacionalista), que pidió reservar su identidad.

Un tigre que canta

Pero las pruebas contra Juan Orlando Hernández siguen apareciendo. Hace un par de semanas se dio a conocer que la fiscalía neoyorquina tiene en la mira lo que puede declarar El Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, acusado de varios delitos ligados al narcotráfico. Según versiones periodísticas locales, El Tigre negoció el pasado 6 de mayo su entrega ante la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), “para evitar su ejecución en Honduras para silenciarlo”. Días antes, el 2 de mayo, Bonilla declaró al periodista Milton Benítez que en Honduras había una conspiración en su contra. Al día siguiente anunció en un comunicado que ofrecería una conferencia de prensa, pero ésta nunca se realizó. De acuerdo con fuentes de la oposición el exjefe policial estaría brindando información sobre los crímenes cometidos por personajes del poder hondureño de 2002 a la fecha. Otro factor de riesgo para Hernández.

División interna

Hernández también debe librar otras dificultades. Si bien el presidente cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, no las tiene todas consigo dentro de la organización que lo impulsó a la Presidencia: el Partido Nacional de Honduras, porque los deseos presidenciales de mantenerse en el poder cortan de tajo las aspiraciones de una serie de dirigentes nacionalistas que ya se alistaba para ocupar la silla presidencial. Sin embargo, los jefes castrenses seguirán siendo su sostén en tanto desde Washington no baje un “guiño” negativo. En ese momento dejarían a Hernández, como se dice popularmente, pataleando en el aire. En el ámbito opositor siguen prevaleciendo los desencuentros y los egos que no permiten acuerdos firmes. Lo que los une primordialmente es que no soportarán a un Juan Orlando Hernández más tiempo del indispensable como ocupante de la silla presidencial. En ese contexto la emergencia sanitaria del covid-19 representa un riesgo más ante el temor de un estallido social detonado por la falta de trabajo, comida e insumos. El pasado 27 de mayo la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa emitió una alerta de salud llamando a sus compatriotas a abandonar el país en vuelos autorizados. “Instamos a los ciudadanos estadunidenses que prefieren permanecer en Honduras a cumplir con el toque de queda establecido por el gobierno de Honduras y a abstenerse de realizar viajes innecesarios de larga distancia en carreteras potencialmente peligrosas.” Este reportaje forma parte del número 2279 de la edición impresa de Proceso, publicado el 5 de julio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí