CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dado que no se han publicado los lineamientos para que presos del fuero federal sean beneficiados por la Ley de Amnistía, las organizaciones civiles Equis Justicia para las Mujeres y Documenta interpusieron un amparo por considerar que la omisión deja en la incertidumbre jurídica a miles de personas privadas de libertad. En conferencia de prensa, defensoras que forman parte de esas organizaciones explicaron las complicaciones de acceder a la Ley de Amnistía tramitada desde 2019, pero aprobada este año, bajo el argumento de que ayudaría a despresurizar el sistema penitenciario. Viridiana Valgañón y Nohemí Juárez, abogadas de Equis Justicia para las Mujeres y Documenta, respectivamente, informaron que de manera conjunta presentaron un amparo ante el Décimo Cuarto Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, con el número 508/2020, relacionado con el incumplimiento de la Comisión receptora de solicitudes de amnistía para publicar los lineamientos y analizar los casos, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento del Poder Judicial al respecto. Nota relacionada: Ley de Amnistía, un acto de hipocresía ante la erosión de AMLO: Álvarez Icaza Tras recordar que el 18 de junio pasado se dio a conocer la creación de la Comisión, presidida por la Secretaría de Gobernación e integrada por representantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Bienestar, así como por los institutos Nacional de las Mujeres y Nacional de los Pueblos Indígenas, Viridiana Valgañón destacó que el 23 de junio se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión, “sin que tengamos información de qué fue lo que se discutió y sin que tengamos los lineamientos para acceder a la amnistía, lo que deja a las personas privadas de libertad en falta de certeza jurídica y vulnera su derecho a acceder a los beneficios de la ley”. Nohemí Juárez agregó que el Consejo de la Judicatura Federal ya dio a conocer en acuerdos los juzgados a los que corresponderá dar la aprobación final de los casos, mientras que hasta el pasado 23 de junio la Secretaría de Gobernación ya había reportado la recepción de 2 mil 487 solicitudes de amnistía. Dos de las solicitudes fueron presentadas por separado por ambas organizaciones el pasado 1 de julio. Nota relacionada: Morena y aliados avalan Ley de Amnistía en comisiones En el caso de Equis, el caso presentado es de una mujer indígena zapoteca de 35 años, de oficio costurera, sentenciada a seis años y seis meses de prisión, acusada de transportar un paquete que contenía mariguana --en un camión de pasajeros con destino a la Ciudad de México--, a cambio de dos mil pesos. La mujer se encuentra en un penal de Oaxaca. El segundo caso, presentado por Documenta, corresponde a un joven detenido a los 18 años en Estados Unidos por intentar transportar metanfetaminas. En ese país se le impuso una condena de más de tres años de cárcel, luego de lo cual fue deportado para concluir la sentencia, por lo que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 8, en Sinaloa. “Ambos casos evidencian cómo distintas formas de vulnerabilidad social y un sistema de justicia punitivo, desprovisto de un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, se traducen en penas absurdamente severas para delitos menores que lo único que reflejan es la constante criminalización de grupos históricamente vulnerados, entre ellos: personas indígenas, mujeres, jóvenes en situación de pobreza y personas consumidoras de drogas”, señalaron las organizaciones. La directora de Documenta, María Sirvent, destacó que desde hace 10 años su organización ha alertado sobre la crisis del sistema penitenciario, que se ha convertido en “una bomba de tiempo”, y la situación se agravó con la aparición del covid-19. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el pasado domingo 2 sumaban mil 974 internos contagiados y 180 decesos. Para Sirvent, es evidente que “hay un subregistro de decesos, porque hay estados que no han reportado a la CNDH lo que pasa en sus penales, además de que, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, en abril hubo 49 decesos y en mayo 154, aunque no sabemos cuáles fueron los motivos de los fallecimientos porque no se desagregan los datos”. Señaló que, pese a la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permitiría despresurizar las cárceles, “no se está implementando para garantizar la salud ni la preliberación, pues los jueces de ejecución no han estado en guardia”. Y abundó que mientras los contagios en las prisiones aumentan, “el número de personas privadas de la libertad también, y ahora hay 4% más”. Ana Pecova, directora de Equis Justicia para las Mujeres, recordó que 40% de las personas privadas de la libertad están en condición de prisión preventiva, y la población encarcelada puede considerarse de mayor riesgo, después de la que se encuentra en hospitales, “por las condiciones de hacinamiento y falta de higiene, pues 92% no tienen acceso a productos de higiene y comparten celda con más de cinco personas, por lo que son condiciones propicias para que el virus se esparza y avance”. Pecova destacó que en la crisis penitenciaria las mujeres son las que más sufren por la falta de redes de apoyo. Y lamentó que en medio de la pandemia los jueces de Ejecución Penal no estén revisando casos para otorgar el beneficio de la preliberación, tanto así –dijo-- que “si antes del covid salían de prisión en promedio 440 personas al mes, en junio solamente salieron libres 81 personas”. Puntualizó que, de una revisión de los servicios que los 32 tribunales de justicia estatales prestan durante la pandemia, “sólo ocho contemplaron atender el acceso a algún beneficio de liberación, y siete de ellos acotaron la resolución a la presentación de la solicitud antes de la pandemia”. Las organizaciones lamentaron que, así como no se está aplicando la Ley Nacional de Ejecución Peral, la Ley de Amnistía tampoco esté cumpliendo con la expectativa de despresurizar las cárceles. Equis Justicia para las Mujeres y Documenta insistieron en la urgencia de “revisar todas y cada una de las solicitudes de amnistía, resolverlas a la brevedad, dada la situación de crisis sanitaria que atravesamos, y publicar las especificidades de la ruta y requisitos que deben seguirse para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a esta figura legal”. De igual manera, exigieron “hacer públicas las pautas que tanto la Comisión de Amnistía como otras autoridades jurisdiccionales obedecerán para considerar y resolver los casos”.