VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).–La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Tabasco ha presentado 23 denuncias penales contra exfuncionarios del gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez por presunto desvío de mil 500 millones de pesos, de 4 mil millones del ejercicio fiscal 2018 que no se han solventado. Las querellas fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado (FGE), informó Jaime Antonio Farías Mora, titular de la SFP. Explicó que el año pasado se realizaron 65 auditorías del ejercicio 2018 (último año del sexenio nuñista) en las que se hallaron observaciones por 4 mil millones de pesos que no han sido solventados, de un monto fiscalizado de 13 mil millones de pesos. De esas auditorías se desprendieron 23 denuncias penales por un presunto daño patrimonial de mil 500 millones de pesos, a través de 12 carpetas de investigación. “Son denuncias penales en contra de exfuncionarios de cuatro dependencias estatales correspondientes al año 2018. Hablamos de entes ejecutores de recursos que no pudieron solventar 4 mil millones de pesos, por lo que el proceso está abierto”, manifestó el funcionario. Los exfuncionarios implicados se desempeñaron en la Secretaría de Salud, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) e Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC). Consideró que el monto observado podría incrementarse en la medida en que vayan cerrándose las etapas de la investigación y porque todavía no han concluido ocho auditorías del mismo ejercicio 2018, que incluye a la misma CEAS y el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “Yumká”, entre otras dependencias. En noviembre de 2019, la cuenta pública 2018 del exgobernador Arturo Núñez fue reprobada por el Congreso del estado, por observaciones del Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) por más de 4 mil 497 millones de pesos que, hasta esa fecha, no habían sido solventados. Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Gerald Washington Herrera, propuso que el nombre del ex gobernador Núñez Jiménez se incluya en la consulta pública que se realiza en Tabasco para enjuiciar a los expresidentes de la República. Desde la tribuna, el legislador priista dijo que el gobernador Adán Augusto López Hernández o la mayoritaria bancada morenista del Congreso deben promover que se pregunte al pueblo de Tabasco, si quiere o no enjuiciar al exgobernador perredista y a su esposa, Martha Lilia López Aguilera, así como “a toda la pandilla de mercenarios  que se robaron los recursos públicos durante el sexenio pasado”.