Participante del movimiento ecologista que estudiantes y maestros del Departamento de Biología de la UNAM encabezaron en los años ochenta para lograr la declaratoria de la reserva ecológica, el doctor Raúl García Barrios considera que el edificio H que generó la polémica en relación con el Espacio Escultórico, debe ser demolido, pero que el análisis vaya más allá y se debata el destino de toda Ciudad Universitaria. Por otra parte, se recogen en estas páginas entrevistas con Marcos Mazari, director de Arquitectura, y Mireya Ímaz, coordinadora de Estrategias para la Sustentabilidad. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La polémica por la construcción del edificio H de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revela conflictos que van más allá de obstaculizar la visual de un ángulo del Espacio Escultórico: Plantea el “imperativo” de actualizar las tareas de planeación integral de todo el campus universitario e incluso de renovar el Plan Maestro de Ciudad Universitaria. Es una de las conclusiones entregadas por el Comité de Análisis para la Sustentabilidad de los Espacios Universitarios, convocado por el rector Enrique Graue Wiechers, para dar seguimiento a la demanda de la organización civil Salvemos el Espacio Escultórico de demoler el edificio H, cuya construcción tuvo un costo de 55 539 176 pesos (ver recuadro). Conformado por Luz Emilia Aguilar Zínser, Luis Arnal Simón, José Luis Cortés Delgado, Alejandro Frank Hoeflich, Renato González Mello, Mireya Ímaz Gispert, Julio Madrazo, Marcos Mazari Hiriart, Louise Noelle Gras y Xavier Cortés Rocha, como coordinador, el grupo recomienda, entre otros aspectos: Integrar un equipo interdisciplinario que junto con el Subcomité del Campus Central (inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO) proponga una “solución técnica que restaure la visual afectada”; promover ante el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) la declaratoria de monumento artístico del Espacio Escultórico, el Paseo de las Esculturas y su entorno inmediato; y fortalecer los mecanismos de protección de los patrimonios cultural y natural de la UNAM. Cabe mencionar que durante la administración del rector José Narro Robles (ahora secretario de Salud del gobierno de Enrique Peña Nieto) se construyeron 493 mil 225 metros cuadrados de nuevas instalaciones, incluido el Edificio H, es decir, el doble de lo originalmente construido en CU, dijo el propio funcionario a los medios en noviembre de 2015. Ante ese panorama, un grupo de universitarios solicitó desde marzo del año pasado a la entonces directora general de Obras y Conservación de la UNAM, Ana de Gortari Pedroza, información sobre los impactos a corto, mediano y largo plazo de dichas obras, tanto en materia social como en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA), decretada como tal en octubre de 1983. Error costoso Participante del movimiento ecologista que estudiantes y maestros del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias encabezaron en los años ochenta para lograr la declaratoria de la REPSA, el biólogo Raúl García Barrios, experto en manejo de recursos naturales, doctorado por la Universidad de Berkeley, California, considera que el análisis debe ir más allá de la coyuntura del edificio H de la FCPS y de un comité de 10 elementos. Debe haber, en su opinión, un gran debate sobre el crecimiento y el destino de toda Ciudad Universitaria. Sin asomo de dudas el también investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), con sede en el Estado de Morelos, afirma que la UNAM debe reconocer el “error”, no buscar acciones de mitigación sino demoler el edificio H, pues debe ser ejemplo de coherencia ética. Dice que el edificio en cuestión no debió construirse, de hecho juzga que en este momento la UNAM ya no debe tener más proyectos de desarrollo o urbanización horizontal en CU. Si es necesaria una construcción deberá considerarse su realización en forma vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El biólogo aclara que el edificio de Ciencias Políticas no se hizo dentro de la REPSA, pero sí en el límite (hay que decir que tampoco se encuentra en la zona inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial, pero sí en el área de amortiguamiento de ésta). García Barrios menciona además que al parecer el inmueble fue construido sin manifestación del impacto ambiental (así lo confirma la coordinadora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, Mireya Ímaz Gispert, en recuadro anexo), y por lo tanto viola las disposiciones en esta materia tanto federales como de la Ciudad de México, por lo cual “debe ser removido”: “Esto sentaría un precedente muy importante: La universidad reconoce su error y quita un edificio que la daña a sí misma, que no cumple un análisis costo-beneficio. Es decir, los costos son mayores que el mismo edificio. Los edificios de la universidad deben ser planeados y construidos de otra manera. Se plantea mitigar los impactos, ponerle hiedra u otros procedimientos, eso suena bien pero no es lo correcto en estos momentos.” –Hay quienes se oponen. Ya se gastaron más de 50 millones de pesos y para demolerlo habrá que desembolsar otra cantidad, preguntan qué pasa con esa inversión. –¡Claro! ¡Los errores se pagan! Digámoslo de esa manera y justamente la universidad tiene los recursos para corregir sus propios errores, probablemente si no los tiene la universidad no los tenga nadie en el país. Insiste en que así se sentará un precedente no sólo en la institución educativa, sino en otras universidades y en la nación misma: “En este país se realiza una enorme cantidad de obras con un gran impacto ambiental que son errores muy profundos y hemos creado esta cultura de que la obra es sagrada, es ridículo. La obra de concreto puede ser perfectamente removible… Hay que sentar este precedente, combatir esta cultura. Decir que se invirtió está ligado a nuestro frenesí de inversiones.” Explica que las leyes contemplan la posibilidad de que las edificaciones sean derruidas, pero generalmente no se solicita “porque es fetichismo, se cree que una obra llegó para quedarse y, claro, invita al madruguete, a que si se ponen abusados y la construyen rápidamente ya es inamovible, eso es fetichismo puro”. A decir del doctor esta lógica no debe aplicarse para una institución como la universidad, pues tiene una ética especial: “La universidad puede ser un foco de desarrollo ético para el país, no el único, hay muchos por todos lados, pero la universidad debe cumplir una función en ese sentido, tiene una ética muy particular y debe desarrollarla al máximo.” Defensa Parte de la polémica en torno al edificio H se ha centrado en las afectaciones a la vista panorámica y no tanto en los impactos al entorno universitario y particularmente a la Reserva Ecológica, se le comenta a García Barrios, quien tras destacar que el Espacio Escultórico “es una gran obra universitaria” y dar la razón a quienes han protestado por la construcción, detalla los efectos negativos en la REPSA. Advierte primero el riesgo de intentar “mitigar” el impacto visual del edificio colocándole especies de flora extrañas a la Reserva pues se incrementarían sus problemas. Luego reitera que la universidad ya no debe crecer en CU, y si es necesario tendrá que hacerlo en sus unidades foráneas, descentralizarse y redistribuirse, asumir su carácter de universidad “nacional” pues de lo contrario seguirá impactando la Reserva. En este sentido dice que habrá quien opine que el edificio H tiene efectos marginales, pero él afirma que todos los impactos se van sumando hasta hacer un gran problema y esto debe detenerse. Además se debe proveer de recursos a la universidad para la restauración y conservación de sus espacios ecológicos internos, no sólo por su valor para la propia institución, sino para toda la Ciudad de México, para la cual es un pulmón. García Barrios es autor del texto “El origen de la reserva ecológica de la UNAM en CU: Historia de un conflicto patrimonial y ambiental”, publicado en septiembre de 2014 en la revista Cultura y representaciones sociales, editada por la UNAM (ww.scielo.org.mx/pdf/crs/v9n17/v9n17a6.pdf), en el cual afirma que es “una de las áreas de conservación urbana más grande del mundo”, y relata su historia marcada por la confrontación entre estudiantes y profesores con las autoridades universitarias del momento, que buscaban “capitalizar” territorios del campus. Hubo entonces un proyecto para explotar el valor económico del Pedregal, con un proyecto residencial y comercial (Proceso, 247), que incluía además de la construcción del Metro Universidad, que CU fuera atravesada por diversas vialidades: “La lucha por la reserva ecológica fue, en última instancia, una lucha por preservar la raíz social y el entramado comunitario –ni mercantil ni estatal– de la universidad pública autónoma. Ningún rector ha considerado desde entonces hacer un uso extenso del derecho legal a alienar el patrimonio físico universitario, y por ello la UNAM es y podrá seguir siendo uno de los crisoles de nuestra nación.” Agrega el doctor en la entrevista que aquel movimiento fue para defender la reserva pero también el patrimonio universitario, impedir que la institución capitalizara, rentando o vendiendo, sus terrenos con el pretexto de que recibiría recursos adicionales a su presupuesto. Evalúa que la REPSA ha cumplido con la función y las 300 hectáreas que conforman el territorio universitario han quedado fuera de ese proceso. Sin embargo, en términos ecológicos, ecosistémicos, advierte que la reserva es pequeña y requiere de una participación fuerte de la comunidad para su conservación, y la universidad no ha puesto todos los recursos necesarios para sostenerla a largo plazo. “Necesitamos tener una política activa de conservación y de restauración. Dejada a ella misma, la reserva puede extinguirse porque hay demasiados impactos externos: Especies invasoras, animales ferales, incluso personas que van ahí a cosechar distintos tipos de especies o daño directo de las personas que la visitan. Se requiere que la comunidad universitaria la cuide de manera especial.” Se le pregunta al investigador si considera que debería haber un señalamiento puntual para quienes permitieron y autorizaron la construcción del edificio. Dice que el primer paso, es derruirlo, y luego fincar responsabilidades a quienes tomaron decisiones que son muy costosas para la universidad. Considera que se debe someter a una crítica profunda a la autoridad, pero también a la universidad en su conjunto y corregir su rumbo estableciendo reglas muy claras. Hace falta, concluye, un plan de desarrollo para toda la UNAM, logrado a partir de una amplia discusión interna, en donde las autoridades expongan las necesidades de crecimiento, y los defensores del entorno universitario y la Reserva los suyos, y participen también ecologistas, arquitectos, gente de estéticas, pedagogos, para saber qué se debe hacer. “En las condiciones nacionales, la UNAM es uno de los pocos focos de esperanza, de coherencia ética, y deberíamos asumir ese papel.”