MÉXICO, D.F., 4 de abril (apro).- Las empresas mexicanas gastan aproximadamente 10% de sus ingresos en actos relacionados con la corrupción, mientras que más del 44% de las industrias realizan pagos a funcionarios públicos de los tres órdenes del gobierno para poder funcionar, reveló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del organismo patronal señaló que “el costo de la corrupción equivale a 9% del PIB, además, las familias de menores recursos son las más afectadas, quienes tienen que destinar un promedio de casi 14% ciento de su ingreso a actos de corrupción”.

Al dar su mensaje semanal, el líder patronal precisó que siete de cada 10 empresas ve mermada su competitividad por esta situación.

Gutiérrez Candiani denunció que “no recurrir al pago de sobornos provoca a menudo lentitud en los trámites, multas injustificadas, pérdida de contratos de forma arbitraria y aumento de los costos; esto sin contar los efectos de actividades como el contrabando, que vulneran a muchas industrias y miles de negocios formales”.

Comentó que las iniciativas presidenciales enviadas al Congreso para acabar con la corrupción deben ser apoyadas por los legisladores a fin de lograr la regeneración nacional.

El pasado 30 de marzo el Senado de la República aprobó en comisiones expedir la Ley Federal Anticorrupción para sancionar al funcionario público que reciba dinero o beneficios, a particulares que los ofrezca, y recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción.

Esta iniciativa propone que quienes incurran en actos de corrupción en contrataciones públicas, podrán ser sujetos a procedimientos administrativos, además de las sanciones penales que ya prevé la legislación.

Se impondrá una multa de mil hasta 50 mil salarios mínimos a las personas físicas que comentan actos de corrupción, mientras que las empresas tendrán que pagar de 10 mil a 2 millones de veces el salario mínimo.

La Coparmex señaló que “es momento de emprender una gran cruzada nacional contra la corrupción y la impunidad. Es necesario, oportuno y del interés de todos. Una de las mayores esperanzas que movilizaron la transición democrática fue renovar la vida pública en México, para que estos males dejaran de ser parte consustancial de ella”.