MÉXICO, D.F. (apro).- Si no se lleva a cabo de manera inmediata una reforma energética de gran envergadura, en menos de seis años el país será importador neto de hidrocarburos, advirtió hoy el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. A su vez, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, insistió, de manera enfática, que “ni el presidente de la República, ni ninguno de los integrantes de gobierno, ha hablado de privatizar Pemex, ni mucho menos de privatizar las reservas petroleras o de gas que tiene México”. Ambos funcionarios ofrecieron conferencia de prensa este martes, luego de celebrar, por separado, encuentros con las bancadas del PRI y del PVEM en la Cámara de Diputados, quienes realizan sus reuniones plenarias de cara al inicio, este viernes próximo, del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Pedro Joaquín Coldwell admitió que será necesario modificar leyes, y aun la Constitución, para que la reforma energética sea “de gran calado” y le evite al país el riesgo de ser pronto importador neto de “energías primarias”. Sin embargo, aseguró, ninguna modificación legal hará que los hidrocarburos dejen de ser propiedad de la nación. Eso no está a discusión, dijo. Por otra parte, en conferencia conjunta con Manlio Fabio Beltrones, líder de los diputados priistas, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, calificó de poco serios a quienes pretenden equiparar reforma energética con privatización. “Es un grave error y una falta de seriedad”, dijo. La reforma energética, aclaró Videgaray, es un tema que se discutirá en el primer semestre de este año, que no necesariamente quiere decir que en el primer trimestre, con lo cual dejó en duda si el tema entrará a discusión en el periodo de sesiones de las cámaras que iniciará este viernes 1 de febrero. “De lo que se trata es que tengamos un Pemex, como empresa pública, más productiva, más moderna; que tenga la capacidad de atraer tecnología, capital y conocimientos específicos, para enfrentar los enormes retos que tiene y también las enormes oportunidades en beneficio de todos los mexicanos”, dijo el secretario. Sí fue claro, en tanto, al asegurar que la reforma hacendaria, el otro tema fundamental de este año, se dejará para el segundo semestre del año. Por lo pronto, tanto Beltrones como Videgaray coincidieron en asegurar que las iniciativas que sí entrarán a discusión tan pronto inicie el periodo ordinario de sesiones son las referentes a la reforma financiera, la de la ley sobre la deuda de estados y municipios, y la reforma en materia de telecomunicaciones. Esbozó algunos trazos de cada una. La reforma financiera es, dijo, para facilitar el crédito, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y hacerlo más barato en todo el país. Señaló que hoy en día se tiene “una banca sólida, bien capitalizada, bien regulada (pero) que, sin embargo, presta menos de lo que lo debería estar haciendo, en comparación de otros países en América Latino o de la OCDE”. La iniciativa en materia de deuda de estados y municipios, explicó Videgaray, tiene dos objetivos: el primero, “reducir el costo del financiamiento a la gran mayoría de los estados y municipios que hacen un manejo responsable de sus finanzas”; el segundo, “poner orden en los excesos que hemos visto en tiempos recientes en materia de deuda” de esos niveles de gobierno. Respecto de la reforma en materia de telecomunicaciones, el secretario de Hacienda dijo que el propósito es que se una de las reformas que salgan de manera “inmediata”, y su objetivo fundamental es “introducir mayor competencia en todos los segmentos que componen a la industria de las telecomunicaciones, de manera muy destacada abaratar y facilitar el acceso a la tecnología de la información y la banda ancha a quienes estudian y trabajan, particularmente en las pequeñas y medianas empresas.” Refirió que el Pacto por México plantea mayor competencia en telefonía fija y móvil, servicios de datos, acceso a internet y radio y televisión. En particular, dijo, lo que se quiere es que exista una mejor regulación, “asimétrica”, entre el competidor dominante y el resto de los competidores de la industria. Explicó: lo que se pretende es “que se haya un tratamiento distinto, para efectos regulatorios, como ocurre en muchos otros países donde existe un competidor dominante o que tiene un tamaño significativamente superior al del resto de los participantes en la industria. “Y estos contenidos específicos son los que se  están trabajando en este momento. Incluye además --como lo establece el propio Pacto-- fortalecer al ente regulador, es decir, a la Cofetel, para que pueda hacer válidas estas regulaciones --no solamente establecerlas-- y que se cumpla lo que establezca la norma. “Los detalles naturalmente se darán a conocer cuando se presente la iniciativa”, dijo Videgaray.