MÉXICO, D.F. (apro).- La cúpula empresarial advirtió este lunes que la aprobación de las reformas a la Ley de Amparo vulnerará la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas en el país, pero también pondrá obstáculos a la generación de empleos. En rueda de prensa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que “si bien la nueva ley constituye un avance importante, el dictamen a votación contiene disposiciones que, de aprobarse, provocarían un gran impacto en los procesos productivos de nuestro país, en específico la redacción del artículo 129 en sus fracciones 11, relacionada con entidades financieras, y el 13, que tiene que ver con los bienes de dominio de la nación”. El próximo martes 12, el pleno de la Cámara de Diputados discutirá la reforma a la Ley de Amparo que busca eliminar las suspensiones dentro de un juicio. Al respecto, el líder empresarial enfatizó que “un amparo sin suspensión no es una protección efectiva, porque permite que se prolongue la violación de derechos durante toda la vida del juicio y en ocasiones que el daño se haga irreparable”. Añadió: “Un acto de autoridad arbitrario con base en los cambios que se proponen puede provocar la quiebra de una empresa o de cualquier individuo antes que la autoridad judicial determine el fondo del asunto”. En el Club de Industriales, flanqueado por el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González, y el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), Vicente Yáñez Solloa, entre otros, Gutiérrez Candiani aseguró que la reforma violaría derechos constitucionales e incluso tratados internacionales. “La suspensión es un acto protegido por la Constitución y por los tratados internacionales aplicables, particularmente el Pacto de San José… Se pretende violentar un principio fundamental del derecho, la igualdad ante la ley”, dijo. Según los empresarios, la reforma afectaría a una quinta parte de los sectores económicos, que tienen que ver con el aerotransporte, comunicaciones y minería, entre otros. Es decir, los sectores en donde se originan más juicios de amparo. De acuerdo con Gutiérrez Candiani, ya ha tenido pláticas con las diferentes fuerzas políticas, y envió una propuesta a los legisladores en torno del tema. “Es inadmisible que estas disposiciones se aprueben. De lo que se trata es de reforzar el amparo como un instrumento de defensa de los derechos fundamentales. Estas modificaciones son una clara regresión”, concluyó el presidente del CCE. Por separado el director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para América Latina, José Antonio Ardavín, señaló que “nadie discute el derecho de apelar las decisiones del gobierno, eso debe existir siempre, pero es importante que haya un balance. En este sector –dijo– ha sido muy típico que se suspenden las decisiones y todo queda detenido”. En el marco del foro Diálogos Legislativos por un México Digital, organizado en San Lázaro, Ardavín comentó que es fundamental que se mantenga la alternativa de un proceso judicial para apelar decisiones emitidas por las autoridades, pero sin suspender los actos dictados.