MÉXICO, D.F. (apro).- Los costos que tiene México por ser uno de los países con mayor corrupción en los sectores públicos y privados “son alarmantes” y representan “un lastre” para el crecimiento económico, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Como algunas consecuencias de esta situación se cuenta que las inversiones se reducen hasta un 5%, igual que los ingresos de las empresas establecidas en el territorio naciona; mientras que la piratería deja sin trabajo a más de 480 mil personas. En suma, según el estudio “México: Anatomía de la corrupción”, los problemas por este fenómeno representan hasta un 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Elaborado por el IMCO y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el documento da cuenta de que el problema de la corrupción con gran arraigo en el país tiene consecuencias políticas. Por un lado, se percibe insatisfacción con la democracia: sólo 37% de la población apoya a este sistema de gobierno. Aunado a lo anterior, nueve de cada 10 personas no confía en los partidos políticos y ocho de cada 10 no cree en los legisladores y ni en las instituciones del sistema judicial. Los costos también se trasladan a la esfera social, ya que 14% del ingreso promedio anual de los hogares se destina a pagos extraoficiales como las famosas “mordidas”; mientras que existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia. Ante este panorama, el documento del IMCO y el CIDE señala que los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los pocos o muchos intentos para reducirlos han sido un fracaso. En el 2014, México obtuvo una calificación de 35 de 100 puntos posibles y el lugar número 103 de 175 países, según Transparencia Internacional. Estos números coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba al país con una calificación de 39 sobre 100 en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, como uno de los países más corruptos. La situación no es alentadora para México cuando se le compara con países miembros de organismos internacionales a los que pertenece; ni siquiera frente a países de características similares. Peor aún, nuestra nación es percibida como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Incluso, Italia y Grecia, los dos integrantes más cercanos, tienen una calificación siete puntos más alta. De 1995 a 2014, México incrementó en cuatro puntos su Índice de Percepción de Corrupción (IPC); es decir, si esta tendencia se mantuviera y aun cuando el resto de los países permanecieran estáticos, le tomaría aproximadamente 40 años dejar el último lugar de entre los de la OCDE. Sin embargo, esta idea parece lejana, ya que recientemente se dieron a conocer en medios de comunicación casos de corrupción y conflicto de interés en la adquisición de propiedades por parte del presidente Enrique Peña Nieto, así como del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y del encargado de la política interior del país, Miguel Ángel Osorio Chong. El estudio del IMCO y del CIDE señala: “En el análisis comparado México muestra un nivel de percepción de la corrupción elevado en prácticamente la totalidad de las instituciones analizadas. Esto quiere decir que el problema se considera como de carácter sistémico, dicho de otra manera, que permea a casi la totalidad del cuerpo político”. Y no es lo único. Los niveles de percepción de corrupción en el país en las instituciones consideradas como los pilares de una democracia representativa –partidos políticos y Poder Legislativo– son extraordinariamente elevados, situación que torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno. Desgraciadamente, puntualiza el análisis, lo mismo ocurre con las instituciones encargadas de prevenir, castigar y corregir o reparar los actos  de corrupción, particularmente los cometidos por servidores públicos. Por su parte, el circuito formado por las instituciones dedicadas a la seguridad y procuración de justicia son de las que mayormente desconfía la población. Empresarios y ciudadanos, partícipes De acuerdo con el estudio “México: Anatomía de la corrupción”, nuestro país también califica como uno en el que los empresarios  recurren de manera más frecuente a los sobornos, llamados eufemísticamente “pagos extra-oficiales”. Según la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG (2008), 44% de las empresas en México realizaron pagos extraoficiales a funcionarios públicos; es decir, fueron partícipes de la corrupción. La encuesta no permite diferenciar si el acto de corrupción inicia  del lado del político/burócrata o del empresario/empleado, pero las principales razones por las cuales estos últimos dicen haber tenido que hacer un pago de este tipo es, en orden descendente: para agilizar trámites, obtener licencias y permisos o participar en licitaciones, impedir abusos de autoridad, ganar contratos y participar en licitaciones. “Las oportunidades de corrupción se dan a granel por el número de trámites a seguir en la apertura de un negocio y posteriormente, gracias a las inspecciones que diversas dependencias están autorizadas para realizar en los establecimientos: sanitarias, fiscales, de medio ambiente, protección civil, seguro social, uso del suelo, tomas de agua, salidas de emergencia, etc”. Los autores del estudio señalan que no se trata de eliminar las inspecciones o mecanismos de control, pero sí de desarrollar medidas para eliminar la utilización de éstos para extorsionar. En el análisis, las instituciones aseguran que el ciudadano de a pie también participa de la corrupción y su proceder cotidiano reporta niveles “extendidos” del fenómeno. Ocurre, sin embargo, un fenómeno curioso en la sociedad mexicana en relación con la percepción de corrupción entre ciudadanos. “Al analizar a sus círculos cercanos como familiares, vecinos o compañeros de trabajo, los mexicanos no los consideran corruptos. Es decir, para la opinión pública mexicana la culpa de la corrupción en México la tienen los políticos y los empresarios, mientras que los ciudadanos son sólo víctimas de ella”, destaca el documento. Las cifras hablan por sí mismas: 76% piensa que sus familiares no le entran a la corrupción y 70% dice que también son inmunes a esa conducta. Así el panorama en nuestro país, ayer la consultora PwC reveló que la corrupción constituye la principal amenaza para los negocios en el país, de acuerdo a 144 CEO’s de grandes empresas consultados. Es decir, la percepción de la corrupción es omnipresente en toda la sociedad mexicana, es parte entonces de la cultura de nuestro país.