Propone el CCE 'blindaje” contra desaceleración internacional

lunes, 25 de abril de 2016 · 20:38
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cúpula empresarial encendió las luces de alerta ante la reducción constante del pronóstico de la economía mexicana por parte de diferentes organismos internacionales, aunado a la desconfianza que cada vez se incrementa más entre los consumidores y empresarios. En su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que en los últimos días se ha visto una importante baja en las expectativas de crecimiento económico para México, lo mismo de parte de analistas económicos que de organismos multilaterales, lo que ha ubicado el pronóstico para este año en aproximadamente 2.5% o menos de 3% para 2017. “Necesitamos ser mucho más proactivos para mejorar el escenario y blindarnos contra riesgos o una mayor desaceleración internacional”, advirtió el organismo presidido por Juan Pablo Castañón. En las últimas semanas, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajaron su previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que quedó en 2.4% para este año, lo que significa un pronóstico menor a lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que lo ubicó en un rango de 2.6% a 3.6%. Pero no sólo el FMI mantiene una perspectiva menor a la de la SHCP. Diversas corredurías apuntan a un alza de 2.45%, mientras que los analistas consultados por el Banco de México auguraron una crecimiento de 2.4% para 2016. El CCE presenta el panorama de la siguiente manera: de los tres principales motores económicos de México, en dos el margen de maniobra es sumamente acotado en el corto plazo. Y explica que en el sector externo se perfila un crecimiento débil y factores de inestabilidad importantes a lo largo del año en el mundo, que pudieran derivar en nuevos episodios de depreciación y volatilidad cambiaria, además de movimientos abruptos de capital en los distintos países. Mientras tanto, en el sector gobierno se alistan fuertes recortes al gasto y hay poco margen de maniobra en las políticas fiscal y monetaria, en respuesta a esta visión de seguir manteniendo una política monetaria responsable y conservadora respecto a los movimientos internacionales. “El llamado a ser más pro activos es claro. Los indicadores del consumo han presentado una tendencia saludable y al alza por varios meses, pero esta dinámica no está asegurada, debido a las expectativas menos favorables que se sustentan principalmente en los niveles de confianza de los agentes económicos”, alertó el sector empresarial. Desconfianza reina en economía En marzo pasado el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una caída anual de 4.2%, la mayor en 19 meses. Dentro de ese índice, el que mide la posibilidad de los hogares a adquirir bienes duraderos fue la variable que más se contrajo: 9.2%. Por su parte, el indicador de Confianza Empresarial (ICE) ligó cinco meses consecutivos de contracción, quedando por debajo del umbral de los 50 puntos, lo que significa que prevalece la incertidumbre entre los empresarios de que éste sea un buen momento para invertir. Para el CCE, la confianza es la base de una economía sana, requisito para insertarse en la ruta del crecimiento sostenible e incluyente. Se fortalece la confianza –puntualizó– con la disposición para superar los retos y reformar lo que sea necesario, pero sólo puede asegurarse y retenerse con la perseverancia en la transformación y el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, reconoció que “existe una reserva potencial amplia de inversión y consumo que está retenida por nuestro déficit nacional en este factor, por lo que implican para la economía la inseguridad pública y un estado de derecho deficiente”. Para la cúpula empresarial es necesario agilizar proyectos de infraestructura estratégicos, activando las franjas de desarrollo logísticas, por ejemplo aquellas que están vinculadas a las zonas económicas especiales. De igual manera, consideró necesario establecer un mecanismo de solución permanente para el pago de adeudos de gobiernos estatales y del gobierno federal a proveedores, acelerar la instrumentación de varias medidas de mejora regulatoria promovidas por el organismo y dar profundidad a las oportunidades derivadas de la Ley de APPs, con certidumbre e incentivos a la inversión privada en este tipo de proyectos.

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