CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) responsabilizó a Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore, así como a 11 personas físicas, por la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional. Mediante un comunicado, el organismo antimonopolios precisó que los agentes económicos sancionados celebraron acuerdos para reducir los traspasos entre Afores, por lo que esta conducta disminuyó la competencia que existía entre ellas para ganarse la preferencia de los trabajadores. “En un mercado en donde las inversiones y las comisiones que cobran las Afores están reguladas, los traspasos son una fuente fundamental de competencia. Al convenir limitarlos, disminuyen sus incentivos a ofrecer un mejor servicio y eliminan la posibilidad de que los trabajadores puedan premiar o castigar a su Afore según su grado de satisfacción”, acotó. La Cofece señaló que las personas físicas que actuaron en representación de las administradoras y a quienes se les acreditó responsabilidad en este asunto son José Eduardo Silva Pylypciow, Carlos Eduardo Salas Westphal y Arturo García Rodríguez, de Profuturo. Por parte de Sura actuaron Enrique Ernesto Solórzano Palacio y Alejandro Múzquiz Díaz; de Afore Bancomer y Afore XXI, Francisco Javier González Almaraz y Ricardo Villalobos Muro, así como Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez (Afore XXI), y Alfonso Gabriel Cajiga Estrada, Ramón Elías Antonio Pando Leyva y Marcelino de la Garza Cárdenas, de Principal. Todos ellos cometieron las prácticas monopólicas absolutas que sanciona el artículo 9, fracción III, de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), vigente en el momento de su realización. De acuerdo con la Cofece, la investigación de este expediente (IO-003-2015) inició el 10 de febrero de 2015 y derivó en un dictamen de probable responsabilidad que emitió la autoridad investigadora de la Comisión el 18 de febrero de 2016 y el respectivo emplazamiento a las probables responsables entre marzo y abril del mismo año. Modus operandi La autoridad recordó que cada trabajador que cotiza o ha cotizado en el IMSS o ISSSTE tiene una cuenta personal e individual a la cual se canalizan sus aportaciones, que es administrada por una Afore. Además, tiene derecho a elegir cuál de ellas manejará sus ahorros para el retiro, respetando las restricciones sobre registro y traspaso de cuentas que señala la regulación. No obstante en seis ocasiones, entre noviembre de 2012 y junio de 2014, directores generales y directores de operaciones de las Afores sancionadas celebraron convenios para reducir el traspaso de cuentas entre ellas, estableciendo montos máximos de traspasos semanales que variaban dependiendo del acuerdo. Con esta acción disminuían la competencia. Los convenios tenían la característica de ser bilaterales y se celebraron de la siguiente manera: Profuturo-Afore Bancomer, alrededor de noviembre de 2012 a enero de 2013; Profuturo-Afore XXI, entre octubre de 2013 a mayo de 2014; Afore XXI-Sura, entre enero y junio de 2014; Afore XXI-Principal, enero a junio 2014; Profuturo-Sura, marzo a junio de 2014, y Profuturo-Principal, febrero a junio de 2014. El cumplimiento de los acuerdos se monitoreaba a través de correos electrónicos en los que se establecieron mecanismos para ocultar la identidad de las Afores que cometieron la conducta, como utilizar sobrenombres para las empresas, lo que muestra que los sancionados conocían la ilegalidad y consecuencias de la acción. Por otro lado, con base en datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se acreditó que en los periodos en los que estuvieron vigentes los convenios se redujeron los traspasos de cuentas entre las Afores involucradas. El objetivo de esta práctica indebida era reducir el gasto comercial, lo que repercutiría en mayores beneficios para las Afores. “Es decir, al tratarse de un mercado en el cual es complejo modificar el monto de las comisiones y en el que las inversiones están reguladas, las administradoras buscaron incrementar sus utilidades a partir de una reducción de su gasto comercial, el destinado a lograr traspasos de cuentas de los trabajadores, esto a través de concertar entre ellas la reducción de los mismos, disminuyendo así su competencia”, precisó la Cofece. En 2014, del gasto total de una Afore, el comercial representó alrededor de 34%, y llegó a ser hasta 50% de la comisión cobrada a los trabajadores. Estas acciones, si bien buscaban reducir los costos de las administradoras, no se vieron reflejadas en una mejor comisión para los clientes. Por otro lado, algunos de los agentes económicos sancionados no fueron acreedores a recibir los beneficios del Programa de Inmunidad, al no satisfacer íntegramente los requisitos de cooperación plena y continua en el procedimiento seguido en forma de juicio que establece la LFCE. Una vez resuelto el asunto y notificadas las partes, la ley otorga el derecho a los agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Comisión Federal de Competencia Económica, presidida por Alejandra Palacios. “Sin afectación en cuentas individuales” Ante la determinación de la Cofece, la Consar aseguró que los resultados de la investigación se sitúan exclusivamente en el ámbito comercial del sistema, lo cual no resultó en afectaciones a las cuentas individuales ni puso en riesgo el ahorro de los trabajadores. De acuerdo con el organismo encabezado por Carlos Ramírez Fuentes, durante 2013 y 2014 la actividad comercial en la industria de las Afore, como traspasos, gasto comercial, número de agentes promotores, observó un importante repunte. Por ello, la autoridad decidió formular y establecer medidas de supervisión y regulación para contribuir a la mejora de las actividades comerciales, aseguró la Consar mediante un comunicado. Entre algunas de las medidas destacó el fortalecimiento de mecanismos de seguridad en materia de traspasos (integración de expedientes electrónicos, captura de datos biométricos); el fortalecimiento y mejoras a la supervisión de los agentes promotores en el sistema (creación de base única de agentes promotores, cambios regulatorios para certificar mediante examen a los agentes), y mejoras en la fiscalización de los procesos de traspasos. “En México, la coordinación cercana entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las comisiones reguladoras y las autoridades en materia de competencia económica, permite una mejor vigilancia para detectar, investigar y sancionar, en términos de lo que establece la ley, cualquier práctica irregular con el fin de proteger a los ahorradores”, aclaró. Actualmente, la Consar tiene la responsabilidad de establecer las reglas para que el SAR funcione adecuadamente. Además, vigila que se resguarden adecuadamente los recursos de los trabajadores, supervisa que los recursos de los trabajadores se inviertan de acuerdo con los parámetros y límites establecidos por la Comisión (régimen de inversión), y se asegura de que brinden la información requerida para los trabajadores y está facultada para imponer multas a las Afore y sanciones a los empleados de éstas en caso de algún incumplimiento.