CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia calificadora Moody’s Investors Service destacó que las entidades federativas enfrentan “presión financiera” ante el aumento del gasto en salud a raíz de la pandemia; en contraste, hubo un estancamiento o disminución de sus ingresos.

De acuerdo con la firma, en 2020 los estados aumentaron en 15% el gasto no etiquetado en salud pública --financiado con transferencias no etiquetadas e ingresos propios--, lo que superó ampliamente el crecimiento promedio de 3.2% del gasto operativo total.

Algunos tuvieron un incremento mucho mayor y en algunos casos fue de más del doble que el año anterior, lo que refleja una presión para responder a la pandemia a nivel regional, alertó la calificadora.

Muchos gobiernos regionales respondieron con iniciativas propias, con impactos diferentes sobre las finanzas públicas. Es el caso de Nuevo León, por ejemplo, que aumentó su gasto no etiquetado en salud pública en 108% en 2020, mientras que Tlaxcala lo hizo en 114%.

Otros estados como Veracruz y Oaxaca redujeron el gasto no etiquetado en salud de la administración central, aunque estos recortes fueron compensados en cierto modo por un aumento del gasto etiquetado, financiado con transferencias etiquetadas.

De acuerdo con Moody’s, el aumento del gasto sanitario se destinó a necesidades que van desde la compra de equipos de protección personal y materiales de desinfección, hasta pruebas de covid-19, pago de personal y equipo médico, incluidos respiradores.

“El aumento del gasto no etiquetado en salud pone de manifiesto el impacto crediticio de una pandemia, la cual consideramos un riesgo social. Los estados mexicanos han dependido históricamente de las transferencias federales para cubrir una gran parte de sus necesidades en materia de salud pública, pero muchos se han visto en la necesidad de autofinanciar el aumento del gasto en 2020, a menudo mediante la reasignación de recursos de otros rubros del presupuesto”, abundó Moody’s en su reporte.

En 2019, el gasto promedio no etiquetado en salud pública fue equivalente a 7% del gasto operativo, pero aumentó a 8% un año después.

Sin embargo, los estados no recibieron transferencias federales extraordinarias significativas para cubrir los gastos relacionados con la pandemia en 2020, porque el gobierno de México aumentó en 26% directamente el gasto de la Secretaría de Salud.

En dicho año, el gasto en salud pública entre los estados calificados por Moody’s se convirtió en uno de los motores principales de la ampliación del déficit operativo, junto con la extensión de los subsidios y las exenciones tributarias, en un esfuerzo por apoyar a las economías regionales.

De acuerdo con la firma, para 2021 los estados calificados presupuestaron recortes en el gasto sanitario en general, pero la velocidad en la tasa de vacunación y las nuevas cepas del virus podrían llevarlos a incrementar nuevamente el gasto.

De hecho, la calificadora estimó una media de 1.2% del superávit operativo entre los estados, aunque persisten riesgos a la baja.

“Nuevas olas de contagio podrían provocar un resurgimiento de la presión del gasto en salud pública similar a lo observado en 2020 y debilitar nuevamente los balances operativos brutos”, previó Moody’s.