BOGOTÁ (apro).- La captura del exjefe guerrillero colombiano Jesús Santrich, con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, comienza a generar en Colombia un debate jurídico en torno a una pregunta que en su origen tiene una dimensión ética: ¿qué es peor, traficar drogas o cometer delitos de lesa humanidad, como el asesinato de civiles? Esta interrogante surgió porque Santrich está requerido en extradición por una corte federal de Estados Unidos por su presunta participación en un negocio para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país. El exintegrante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dirigente del partido político fundado por la exguerrilla habría cometido el delito después del 1 de diciembre de 2016, fecha de la entrada en vigor del acuerdo de paz entre ese grupo insurgente y el gobierno colombiano. Por tanto, si se le comprueban los cargos de narcotráfico, Santrich debería responder por ese delito ante la justicia ordinaria y no ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado para que exjefes guerrilleros y militares que hayan cometido crímenes atroces en la guerra sean juzgados y sancionados. La ventaja de la JEP es que se trata de un tribunal facultado para aplicar penas alternativas --entre ellas trabajo comunitario, en vez de cárcel-- a los responsables de crímenes de lesa humanidad como asesinatos de civiles, masacres, torturas y secuestros. La gran mayoría de los jefes máximos de las FARC son responsables de este tipo de delitos, porque tropas a su mando los cometieron en el marco del conflicto armado. Entre ellos está Santrich, quien en diciembre pasado firmó su solicitud para someterse a la JEP y confesar sus crímenes en ese tribunal, además de aportar verdad a las víctimas y ofrecerles una reparación. Como el acuerdo de paz con las FARC está diseñado a partir de los derechos de las víctimas, la verdad sobre lo que ocurrió con miles de ellas que están desaparecidas o que murieron en circunstancias que no se conocen, es fundamental para sus familiares. Pero como la JEP no puede juzgar delitos ocurridos después del 1 de diciembre de 2016, todos los que se hayan acogido a ese tribunal y hayan delinquido posteriormente deberán responder ante la justicia ordinaria. Esto, para Santrich, significa que si los cargos presentados en su contra por Estados Unidos tienen solidez probatoria --algo que falta determinar en los tribunales competentes--, su caso quedará en manos de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia en Colombia y, eventualmente, una corte de Estados Unidos, lo que por sí solo genera el rechazo de diversos sectores que consideran inaceptable que un asunto tan trascendente para el país quede en manos de un tribunal extranjero. Pero para que esto ocurra, primero deberá ser la JEP la que establezca si los delitos que se le atribuyen al exjefe guerrillero fueron cometidos después de la entrada en vigor de los acuerdos de paz. En el escenario de que así fuera, será la Corte Suprema de Justicia la que decida si procede o no la extradición de Santrich a Estados Unidos, y por último el presidente Juan Manuel Santos tendría que firmar la orden de extradición para que ésta se concrete. El punto aquí es que, si Santrich es extraditado por narcotráfico, se podrían ver vulnerados los derechos de las víctimas que aspiran a que el excomandante rebelde les aporte verdad. Algunos juristas colombianos ya comienzan a plantear que debe primar el derecho de las víctimas, y en la propia Corte Suprema de Justicia parece haber voces a favor --y también en contra-- de esta tesis. Más allá del caso Santrich, a quien la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) le montó una trampa con agentes infiltrados que se hicieron pasar por integrantes del Cártel de Sinaloa, está el dilema jurídico y ético que plantea su extradición. Si esta ocurre, es probable que los derechos de sus víctimas sean vulnerados. Existe el antecedente de que varios paramilitares colombianos extraditados hace una década a Estados Unidos por narcotráfico se negaron a aportar verdad a sus víctimas, pues ya habían perdido los beneficios del sistema de justicia transicional que se creó cuando el presidente de la época, Álvaro Uribe, negoció con ellos un acuerdo de paz. Abogados de derechos humanos que representan a víctimas sostienen que desde la ética, la filosofía y el derecho internacional humanitario, nada, ni el tráfico de cocaína, puede ser un delito más grave que matar, masacrar, torturar o secuestrar. El abogado Ricardo Sánchez Ángel, un experto en derechos humanos, asegura que incluso el narcotráfico puede ser un delito amnistiable, pero no los crímenes de lesa humanidad. Si estos no son perseguidos y sancionados por un Estado, la Corte Penal Internacional (CPI) puede llamar a juicio a los responsables de actos atroces. En este caso, es prioritario que Jesús Santrich responda ante sus víctimas, como se comprometió a hacerlo al solicitar su ingreso a la JEP hace cuatro meses. Su extradición a Estados Unidos puede venir después, y eso únicamente en el caso de que las pruebas recopiladas por DEA sean, como dijo el presidente Juan Manuel Santos, “contundentes”. Pero eso lo decidirá la Corte Suprema de Justicia. En México, los narcotraficantes son considerados los más brutales delincuentes. Pero esto no es tanto porque trafiquen drogas, sino porque su actividad está asociada a asesinatos, secuestros y masacres cuyas víctimas son, con frecuencia, gente inocente.