Bruselas, 18 de julio (apro) - A pesar de la promesa del primer ministro británico Tony Blair de no utilizar los trágicos atentados del 7 de julio como coartada para instaurar un "Estado policial", las medidas antiterroristas que propuso la semana pasada han sido antes fuertemente criticadas por diversas instancias defensoras de los derechos humanos El miércoles 13, durante una reunión extraordinaria, su ministro del Interior, Charles Clarke, solicitó a la Unión Europea (UE) ?obteniendo un principio de acuerdo que todavía debe ser ratificado en octubre-- reforzar 12 medidas antiterroristas que los 25 países socios acordaron poner en marcha tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid Entre todas ellas hay una que llama la atención por el riesgo que significa al derecho inalienable a la vida privada: la obligación de que las compañías y proveedoras de internet en Europa guarden todos los registros de llamadas, mensajes y correos electrónicos, y los pongan a disposición de la policía, si es necesario El eurodiputado italiano Lilli Gruber piensa que, de prosperar la iniciativa, "estaremos ante un Estado policial" Statewatch, una prestigiosa organización que desde Londres vela por el pleno ejercicio de las libertades civiles en la UE, ha advertido lo mismo: que esa reiterada propuesta pone en peligro las prerrogativas bajo su protección Tan es así que tres meses antes de los bombazos en el metro londinense, esa organización ya había lanzado una campaña internacional contra lo que considera "la emergencia de una infraestructura global de registro y vigilancia masivos", concebido por Washington a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 El organismo señala que medidas como la anterior o como la de los pasaportes y visas biométricas que autorizó la UE en 2004 en consonancia con los controversiales programas estadunidenses de identificación US-Visit o PNR (por Passenger Name Record), "aseguran que casi cada persona sobre el planeta sea ?registrado?, que todo viaje sea rastreado globalmente, que todas las comunicaciones electrónicas y las transacciones sean fácilmente monitoreadas, y que toda la información personal recolectada en archivos públicos o privados sean guardados, enlazados o disponibles para los agentes del Estado" Basándose en documentos públicos y secretos a los que tuvo acceso, Statewatch afirma, además, que "técnicas especiales de investigación", el uso de "información de inteligencia" como prueba válida en los juicios, y la creación de nuevos "delitos preliminares" que permitan enjuiciar a las personas sin haber cometido un acto terrorista, son propuestas que se están discutiendo desde hace tiempo al seno de la UE y del G-8 (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Japón y Rusia) por impulso de Downing Street y la Casa Blanca De hecho, la organización que dirige Tony Bunyan --uno de los hombres más influyentes de la región, de acuerdo con el reconocido semanario European Voice-- concluyó, tras haber examinado las 57 medidas europeas de combate al terrorismo, que hasta 27 de éstas tienen poco o nada que ver con su misión y más con el crimen en general y el control social El Parlamento Europeo había revisado para su aprobación la iniciativa británica ?que secundó Francia, Irlanda y Suecia-- sobre el resguardo de las comunicaciones personales La Comisión de Libertades Civiles de esa instancia legislativa determinó que sólo podrá admitir la interceptación o el almacenamiento de datos si responde a tres requisitos fundamentales, de acuerdo con el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos, y de la interpretación del Tribunal Europeo en la materia: los Estados no disponen de potestad ilimitada para interceptar en secreto los datos de las personas Esos requisitos eran: probar que existe un fundamento jurídico, la necesidad de tal medida en una sociedad democrática, y la conformidad con uno de los objetivos legítimos del citado convenio "Tal como resulta del examen efectuado, cabe poner en tela de juicio que el presente proyecto cumpla estos requisitos", señaló en mayo el Parlamento Europeo, instancia que rechazó su aprobación De acuerdo con esa cámara legislativa el proyecto de Tony Blair vulnera el artículo 8 del convenio, concerniente al respeto de la vida privada, pero tampoco es viable económicamente: la inversión necesaria por empresa sería de 180 millones de euros, aparte de otros 50 millones de euros anuales para el funcionamiento del sistema Para Bunyan, el Reino Unido y la UE enfrentan un "momento determinante" en su respuesta al terrorismo: "una combinación de las iniciativas presentadas avizora una nueva y peligrosa era de acciones preventivas donde el énfasis ha virado de presentar a los imputados ante la justicia para enfrentar cargos criminales, a sentar en el banquillo de los acusados a meros ?sospechosos? o incluso a los simplemente señalados de ?apoyar? al terrorismo" El gobierno laborista de Tony Blair contempla incorporar a la legislación nacional el nuevo delito de "instigación o incitación al terrorismo" Que esa novedosa pieza legal sea integrada a la próxima ley antiterrorista, cuya redacción Blair adelantó a septiembre/octubre, revitalizará su política en la materia Al polémico funcionamiento de las llamadas "órdenes de control", las cuales dejan desde marzo a Scotland Yard mantener bajo arresto domiciliario, y privados del acceso a internet o de sus derechos de asociación a los extremistas, aunque no hayan delinquido --algo que Human Rights Watch considera una violación flagrante al artículo 5 del Convenio Europeo de derechos humanos concerniente al derecho a la libertad--, ahora Blair suma nuevos cuestionamientos El problema es que el delito de "instigación al terrorismo" podría ser utilizado para coartar la libertad de expresión o de prensa, como sucedió en Sudáfrica durante la etapa del apartheid Por otro lado, con tal procedimiento desaparece de tajo la presunción de inocencia y criminaliza a las personas sin haber cometido delito alguno Bunyan lo explica: si un individuo es acusado del delito de terrorismo, el juicio tendría lugar frente a un juez y un jurado, y el imputado conocería las evidencias en contra suya Las pruebas se presentarían en la cámara sin público y los testigos podrían testificar detrás de una pantalla para proteger su identidad En cambio, como lo propone Blair, un acusado de "promover" o "incitar" al terrorismo tendría derecho a la audiencia con un juez, pero no sería sometido a un jurado y ni él ni su abogado escucharían los argumentos de la parte acusatoria o verían la evidencia El 8 de junio, el comisionado para los derechos humanos del Consejo de Europa ?la institución guardiana de los valores de la Unión-- criticó en un reporte el régimen británico de "órdenes de control"; subrayó que el "estado extremadamente agitado" de los cautivos, incluso la necesidad de haber transferido a algunos de ellos a centros de salud Esa ocasión, Álvaro Gil-Robles, el comisionado, recomendó al gobierno de Blair, entre otras cosas, "garantizar los elementos esenciales de un juicio justo como lo dicta el artículo 6 de la convención europea" sobre la materia "El Reino Unido --indicó Gil-Robles--, no ha sido inmune a la creciente tendencia perceptible a lo largo y ancho de Europa a considerar los derechos humanos como excesivamente restrictivos de la efectiva administración de la justicia y la protección del interés público"