LA PAZ, 11 de diciembre (apro).- “No podemos avanzar en los cambios que planteamos porque la oposición no nos deja”,  fue una de las frases que Evo Morales repitió con mayor frecuencia desde el 6 de enero de 2006, cuando tomó posesión como presidente de Bolivia, tras ganar las elecciones con el 54% de los votos.

Ahora, vencedor de las más recientes elecciones del pasado 6 de diciembre, gracias al 62% de respaldo y líder de facto de la mayoría de diputados en la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso), Morales se prepara para ejercer el poder total, que le permitirá moldear a su gusto la estructura y normas del Estado. La oposición, reducida a un papel simbólico, ha dejado de ser una preocupación.

“Esta situación es el ideal perfecto de un gobernante, pero conlleva un severo riesgo: la tentación del autoritarismo. Aunque nos encontremos en un régimen democrático, el poder hegemónico puede desbordarse y llegar a expresiones no democráticas”, comentó a Apro el analista político Carlos Cordero.

Su reflexión, lanzada casi en tono de alerta, refleja la preocupación que invade no sólo a los derrotados en los comicios, sino también a otros sectores sociales y económicos que temen lo que otro analista, José Gramunt de Moragas, denomina como las consecuencias del “monopolio del poder”.

El 6 de diciembre, cuando 5.1 millones de bolivianos acudieron a las urnas, Evo Morales y su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), vencieron en seis de los nueve departamentos (gobernaciones) del país, lo que les permitió obtener 24 de 36 senadores y 84 de 130 diputados, suficientes para aprobar leyes con comodidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Incluso la nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de este año, puede ser modificada parcialmente por la mayoría del MAS.

La Asamblea Legislativa Plurinacional será instalada el 3 de enero de 2010 y 19 días después, el 22 de enero, Evo Morales jurará como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nueva denominación del país dispuesta por la Constitución. El también líder de los productores de la hoja de coca, responsabilidad que mantiene paralelamente al de la Presidencia, gobernará hasta el 22 de enero de 2015.

Apenas dos días después de su victoria electoral, el gobierno definió un “paquete” de 15 proyectos de ley que ingresarán el 23 de enero de 2010  a la Asamblea Legislativa Plurinacional para acelerar el denominado “proceso de cambio”, el principal eslogan de la campaña electoral que llevó a Evo Morales a la Presidencia y que hasta ahora se tradujo en un modelo económico estatista y un sistema político con preferencias para la población indígena del país, 62% de los 10 millones de bolivianos, según el gobierno, y sólo 19% de acuerdo con la investigación titulada  Auditoria de la Democracia-Informe Boliviano 2006.

Las reformas que vienen

Dueño del Poder Ejecutivo y de la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional, Evo Morales apunta ahora a renovar otro poder del Estado, el Judicial, denominado, según la nueva Constitución, “Órgano Judicial y Tribunal”, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, la Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. El funcionamiento de cada uno de ellos deberá ser normado mediante leyes.

Hasta el momento, las más altas instancias del Poder Judicial se encuentran paralizadas. El Tribunal Constitucional no sesiona desde el 2007 por la renuncia de cuatro de sus cinco miembros, debido, según su versión, a presiones del gobierno. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y una magistrada de ese tribunal fueron suspendidos en los dos últimos meses debido a procesos abiertos por el oficialismo, dejando a ese órgano al borde del colapso.

La tarea de fundar el nuevo “Órgano Judicial y Tribunal” no será complicada. Según la Constitución, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Jurisdicción Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional serán inéditamente electos mediante sufragio universal, de ternas aprobadas por 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el MAS.

En el caso de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, según la Constitución, “las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades”, aunque ninguna autoridad ha logrado explicar hasta hoy el funcionamiento práctico de este modelo, cuya normativa aún no ha sido procesada. 

El gobierno estima aprobar las leyes de las nuevas instancias judiciales en el primer trimestre de 2010, realizar elecciones para magistrados en el segundo trimestre e instalar todos los componentes del Órgano Judicial en el segundo semestre del mismo año.

Otra ley de trascendencia para el nuevo gobierno corresponde a aquella que normará el funcionamiento del “Órgano Electoral Plurinacional”, responsable de organizar todos los procesos electorales y proclamar sus resultados.

El Órgano Electoral, según la Constitución, tendrá siete miembros, seis de los cuales serán electos por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Corresponderá al presidente del Estado designar al restante. La hegemonía del MAS está, por lo tanto, nuevamente garantizada.

Respecto de las autonomías, el  nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional evaluará los Estatutos Autonómicos aprobados en los dos últimos años en las regiones opositoras al gobierno: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Los otros cinco departamentos del país --La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca-- aprobaron también en las elecciones del pasado domingo 6 el régimen autonómico.

Mediante la denominada “Ley Marco de Autonomías y Descentralización”, que forma parte de las disposiciones que considerará inmediatamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, se definirán las características del régimen autonómico en sus tres niveles: departamental, municipal e indígena.

Según dijo a Apro el experto en autonomías, Mario Galindo, “es previsible que el régimen autonómico que se apruebe en Bolivia otorgue facultades reducidas e incompletas a las regiones, muy distantes de aquellas por la que lucharon los departamentos opositores, ya que el modelo estatal del MAS es predominantemente centralista; sólo las autonomías en los territorios indígenas tendrán un mayor poder de decisión, ya que allí se encuentran sectores incondicionales al oficialismo”.

“Rentismo”

La reelección de Evo Morales, según coinciden todos los analistas, dará un nuevo impulso al modelo económico estatista. En sus primeros cuatro años de gobierno, Morales nacionalizó el sector de los hidrocarburos (que genera el 40% de las exportaciones) y la principal empresa de telecomunicaciones, ENTEL, de capitales italianos.

Además, ahuyentó la inversión extranjera, aprobó una nueva Ley   Agraria que permite la expropiación de tierras que se consideren como “ociosas”, fortaleció las empresas mineras en poder del Estado y creó empresas públicas en el sector aéreo y la producción de alimentos y papel.

A esas decisiones se sumó una política social orientada a distribuir subsidios a los sectores de menores ingresos.

Aproximadamente  un millón 800 mil escolares de primero a sexto de primaria reciben anualmente el equivalente a 30 dólares, las embarazadas y lactantes obtienen un bono de 15 dólares mensuales, y los mayores a 60 años un bono de 30 dólares por mes. Todo con recursos del Estado, provenientes principalmente de la exportación de gas natural.

El sociólogo Roberto Lasserna llama a este fenómeno “rentismo”, es decir la distribución del excedente económico con el fin de generar una relación de clientelismo político. “El rentismo está constituido sobre los cimientos de la mistificación y absolutización de los recursos naturales, que sustituyen así, en la práctica y en la imaginación, la capacidad creativa y competitiva de los individuos y de las organizaciones”, comentó en un artículo titulado “La razón rentista”, publicado por el semanario Pulso.

Sin embargo, para el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, “tras el derrumbe del neoliberalismo y del modelo de crecimiento sustentado en el mercado, corresponde al Estado el papel protagónico de toda la cadena económica, no solamente como propietario de los recursos naturales, sino como inversor, productor y comercializador”, según explicó el pasado 22 de noviembre en un discurso electoral pronunciado en la ciudad de El Alto.

El mismo García Linera, tras conocer el resultado de las elecciones del domingo 6, declaró en rueda de prensa que “si ahora el Estado genera el 30% de la riqueza del país, aspiramos a llegar en los próximos años a por lo menos duplicar esa cifra”.

Las vías para llegar a esa meta, de acuerdo con los estrategas económicos del gobierno, serán inversiones del Estado para ampliar su presencia en el sector minero (generador del 32% de las exportaciones) y, particularmente, la explotación del litio, además de la probable nacionalización de las empresas del sector eléctrico, el desarrollo de nuevas empresas públicas y la ampliación de la industria gasífera.

Mientras tanto, el sector de exportaciones no tradicionales, es decir del área no extractiva de recursos naturales como el gas y los minerales, genera hasta hoy sólo el 21 % de las exportaciones, según las estadísticas del Banco Central de Bolivia.

Desequilibrio electoral

En una conferencia de prensa realizada el martes 8 de diciembre, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destacó la transparencia y la alta participación de la población en las elecciones, pero cuestionó el uso de recursos del Estado a favor del MAS.

“Hemos visto los mítines de tres horas, de cuatro horas, emitidos sin interrupción en los canales públicos, eso por supuesto nos parece una grave contravención de normas de equilibrio, porque sobre todo los canales públicos se pagan con el dinero de todos. En general, la utilización de recursos públicos en campaña constituye un delito, por lo tanto los casos que han sido denunciados deben ser objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales”, dijo el jefe de Misión Adjunto, José Antonio Gabriel Pérez.

Un día después, también en conferencia de prensa, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró que el MAS pagó por el uso de espacios en la televisión estatal y advirtió que “nadie nos va a enseñar cómo hacer democracia y política en Bolivia”.

El martes 8 de diciembre, el presidente Morales, al evaluar el trabajo de la prensa, afirmó que en Bolivia “hay exagerada libertad de expresión”, y lamentó la falta de apoyo de los medios. “Ustedes deberían proclamarme, todos los sectores me proclamaron, menos la prensa”, dijo.

Para el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Prensa  (ANP), Juan Javier Zeballos, las afirmaciones de García Linera y Morales no son anecdóticas, sino resultado del arrollador triunfo del MAS. “Comienzan a aparecer los primeros síntomas de intolerancia, típicos de la ventaja política que otorga el poder total”, comentó a Apro Zeballos.

En abril del próximo año, los bolivianos acudirán nuevamente a las urnas, esta vez para elegir a alcaldes y prefectos (gobernadores). El oficialismo se ha declarado “en permanente campaña” para replicar el resultado de las elecciones generales y extender su poder a los espacios regionales en los que está refugiada la oposición.

Las elecciones de abril de 2010 “configurarán un sistema político multipartidario a nivel departamental y local o confirmarán el inicio de un sistema de partido hegemónico parecido al que instauró el PRI en México durante 70 años”, advirtió el constitucionalista Ricardo Paz Ballivián, en un artículo publicado en el periódico La Razón, el pasado 7 de diciembre.

Esta es la Bolivia de hoy y la que se proyecta para el futuro. Parafraseando el análisis post electoral del periodista Fernando Molina, director del semanario Pulso, todo apunta a señalar que el MAS se ha convertido en “un partido de Estado” y Evo Morales en su soberano.

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