EU: Los republicanos bloquean la Dream Act... y el futuro económico

viernes, 1 de octubre de 2010

SAN DIEGO, 1 de octubre (apro).- Ni las movilizaciones de miles de estudiantes de preparatoria en todo el país, ni las amenazas de retirarles el voto latino a los representantes del Partido Republicano, fueron suficientes para que los senadores de éste partido apoyaran el pasado 21 de septiembre la llamada Dream Act, con la que más de un millón de estudiantes (la mayoría  latinos) podrían legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

Con 56 votos en contra y 43 a favor, el Senado, encabezado por los demócratas, no logró que se abriera el debate sobre la Ley de Gastos de Defensa, en la que se habían incluido el Dream Act y la medida para revocar la prohibición a que homosexuales sirvan en el Ejército con conocimiento público de su preferencia sexual.

El bloqueo de los republicanos asestó un duro golpe a las esperanzas de miles de estudiantes que por todo el territorio estadunidense se movilizaron para presionar a los senadores para que votaran en favor del acta.

El acta Desarrollo, Ayuda y Educación para los Menores Indocumentados (Dream Act.), presentada originalmente en 2001, permite la legalización de estudiantes indocumentados que hayan entrado a Estados Unidos antes de los 16 años, tengan al menos cinco años de estancia en el país, y vayan a la universidad o presten dos años de servicio militar, entre otros requisitos.

El argumento fundamental de esta iniciativa es que los estudiantes "han heredado la etiqueta de indocumentados, ya que ellos no vinieron por su propia voluntad a este país", dice Andrea Gaspar Cobián, activista en favor del Dream Act de la Universidad de California en Irvine. "Estos jóvenes han crecido y han sido educados aquí; no es justo que es les pongan más barreras", agregó.

El Dream Act, además de crear un camino hacia la legalización de su estatus migratorio,  también abre la puerta a estos estudiantes hacia la educación superior, ya que al no tener documentos, los sistemas universitarios los consideran como "extranjeros", con lo que se les aplica una tarifa distinta.

California es un buen ejemplo. Con el sistema universitario más grande de Estados Unidos, la Universidad de California cobra cerca de 22 mil 879 dólares por año académico a los estudiantes internacionales, mientras que a los residentes del estado se les aplica una tarifa especial de 10 mil 302 dólares.

"Estos estudiantes crecieron en Estados Unidos, se educaron en escuelas de Estados Unidos, hablan el idioma y no hay que traerlos de ningún lado”, dice Daisy J. Amezcua, activista del grupo Dream Act Now, quien ha participado en diversas movilizaciones en el condado de Orange, en el sur de California.

Además, Estados Unidos ha invertido ya un promedio de 140 mil dólares en la educación de estos estudiantes, desde preescolar hasta el grado 12. "Lo más lógico sería que la sociedad estadunidense se beneficie de la inversión que ya ha hecho", dice Gaspar.

Los beneficios para legalizar a estos jóvenes son evidentes para todos, menos para los políticos republicanos, quienes han insistido en que no debe haber ningún tipo de amnistía a la migración indocumentada. El gobernador de Connecticut, M. Jodi Rell, por ejemplo, vetó en diciembre de 2009 una iniciativa similar en su estado.

Aseguró que el Dream Act no es otra cosa que una amnistía disfrazada. "Entiendo que estos estudiantes no son responsables de su estatus de indocumentados... Sin embargo, el estatus permanece, los estudiantes y sus padres están aquí ilegalmente y ni las simpatías ni las buenas intenciones pueden ocultar ese hecho".

 

Tabla de salvación

 

Pero no todos están inmersos en la retórica antiinmigrante. Hay políticos, como el exsecretario de Estado, Collin Powell, que saben bien que la migración es, con mucho, una tabla de salvación para la economía estadunidense y que habrá de jugar un papel decisivo en los años venideros. 

En una reunión con Meet the Press, realizada el pasado 19 de septiembre, el influyente político conservador hizo un llamado a sus compañeros de partido para que dejen de lado las posturas antiinmigrantes que han mostrado en los últimos años. "Los inmigrantes han sido el combustible de este país. Sin ellos nos pareceríamos mucho a Europa o a Japón, con una fuerza de trabajo que está envejeciendo y sin una población joven que los reemplace", dijo Powell.

Y tiene razón. Apenas unas semanas antes de que se llevara a cabo la votación, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) informó que había abierto un servicio en línea para procesar un promedio de 10 mil solicitudes de retiro diarias que se presentarán en los próximos 20 años, cuando se retiren las personas pertenecientes a la generación de la posguerra o Baby Boomers.

Los Baby Boomers nacieron entre 1946 y 1965. La Oficina del Censo calcula que son 80 millones de personas las que pertenecen a esta generación y la mayoría se jubilará en los próximos 20 años, cuando cumplan en promedio 62 años de edad. Estos trabajadores altamente capacitados y con elevados sueldos se retirarán a un ritmo de 4.2 millones por año. 

“Con el ritmo de crecimiento actual de la población y las políticas antiinmigrantes, así como las dificultades para atraer mano de obra calificada, no habrá trabajadores para sustituir a los que se están retirando", dice John Rother, vicepresidente Ejecutivo de AARP, una organización no lucrativa que vela por los intereses de las personas de la tercera edad.

La jubilación de los trabajadores de la generación de la posguerra significa el mayor cambio generacional en la historia laboral de Estados Unidos, pero también un formidable reto económico para las finanzas de este país, que tendrá que sostener a una población no productiva, que demandará servicios de salud y vivienda en grandes proporciones.

En 2009 el costo de los beneficios que paga el SSA fue de 686 mil millones de dólares. Y ese costo aumentará drásticamente en los años venideros cuando la población de personas de la tercera edad aumente de manera dramática. 

El Departamento del Censo de Estados Unidos calcula que la población de más de 65 años pasará de 38.7millones en 2008 a 88.5 millones en 2050 y que la población de más de 85 años pasará de 5.4 millones a 19 millones.

La mayoría de ellos sobrevivirá principalmente con su pensión del Seguro Social que, por cierto, se encuentra casi en quiebra.

La pregunta que se hacen en este momento demógrafos y economistas es: ¿quien pagará los enormes costos de esa población ya retirada? La respuesta más probable es que, entre otros, serán los jóvenes latinos que se beneficiarían con el Dream Act.

En ese contexto, el Dream Act más que un regalo para los indocumentados, como lo califican los sectores más conservadores del Partido Republicano, es una tabla de salvación para la economía estadunidense, que en los próximos 20 años enfrentará una escasez de 20 millones de trabajadores, que deberán reemplazar a los trabajadores en retiro de la generación de la posguerra.

“Desafortunadamente para ellos, los republicanos no alcanzaron a ver más allá de sus narices y del proceso electoral de noviembre", dice Jesús Iñiguez, de la Academia de Ciencias y Matemáticas de la Universidad de California en Long Beach. "Ojalá los políticos pensaran un poco en el país y no sólo en sus intereses personales".

 

Mr

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