MÉXICO, D.F., 23 de diciembre (apro).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) demandó este jueves intensificar los esfuerzos para acabar con las desapariciones y hacer rendir cuentas a los responsables de tan cruel práctica.
Dado que muchos de los conflictos civiles armados de fines del siglo XX involucraron desapariciones forzadas y la práctica ha continuado en los últimos diez años, HRW señaló que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entra en vigor este 23 de diciembre, debe reforzar los esfuerzos internacionales para acabar con esa terrible costumbre y traer justicia a las víctimas.
La asesora legal principal de Human Rights Watch, Aisling Reidy, afirmó que las desapariciones forzadas “infligen una crueldad insoportable no sólo sobre las víctimas, sino también sobre los familiares, que a menudo esperan años y hasta décadas para descubrir qué fue de ellos".
La entrada en vigor de la Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas, agregó, “es un hito inmensamente importante, pero para acabar con esta práctica será necesario que todos los países reconozcan que es inaceptable secuestrar a personas y esconderlas".
    De acuerdo con Reidy, "la persistencia de las desapariciones supone un duro recordatorio de todo el trabajo que queda por delante, tanto por el nuevo tratado como por ser una prioridad en materia de derechos humanos para los países donde este problema es más grave".
    HRW puntualizó que los familiares de los desaparecidos han librado una campaña incansable en torno de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, que elabora sobre la prohibición contra las desapariciones y reconoce los derechos de las familias de las víctimas a la verdad y a una reparación.
Los gobiernos de Argentina y Francia, agregó, contribuyeron a la convención con liderazgo diplomático para conseguir el suficiente apoyo internacional.
Y puntualizó: “Las desapariciones forzadas constituyen un crimen internacional, prohibido bajo cualquier circunstancia. Pueden convertirse en la base para juicios por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, y una desaparición desencadena una obligación para investigar y entablar una acción judicial.
“Si bien las leyes internacionales reconocen su ilegalidad desde hace tiempo, sigue habiendo nuevas desapariciones en todo el mundo. Los gobiernos también han fallado de forma rutinaria a la hora de investigar y proveer información sobre el destino de los previamente desaparecidos, lo cual constituye una continua violación”.
En los últimos diez años, señaló, las desapariciones forzadas han continuado, incluyendo en operaciones antiterrorismo desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Y detalló que se han reportado nuevos casos en Chechenia, en Rusia y otras partes en el Norte del Cáucaso, además de miles de casos pendientes desde los años 90 que no han sido debidamente investigados.
En Pakistán, cientos de personas han desaparecido desde 2001, mientras que en Estados Unidos, durante el gobierno del expresidente George W. Bush, hubo docenas de "detenidos fantasma", personas encerradas en centros de detención en lugares no revelados, incluso en Europa.
En Sri Lanka ha habido al menos 30 mil desapariciones desde fines de los años 80, en Filipinas y Tailandia se han reportado centenares, y las fuerzas de seguridad indias estuvieron implicadas en entre 4 mil y 10 mil desapariciones en Cachemira en los años 90.
En Oriente Medio, apuntó, también ha habido muchos casos de desapariciones en las últimas décadas en Argelia, Libia, Siria, El Líbano, Irak y Yemen. Y en América Latina, donde varios países son miembros de la convención, miles de familias siguen esperando información sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos, y justicia para los responsables.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue adoptada el 20 de diciembre de 2006. El 6 de febrero de 2007 se abrió a firma el tratado y 57 países se suscribieron inmediatamente.
Los 21 países que han ratificado la Convención hasta ahora son: Albania, Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Honduras, Irak, Japón, Kazajstán, Mali, México, Nigeria, Paraguay, Senegal y Uruguay.
La Convención establece un conjunto significativo de obligaciones legales para prevenir las desapariciones, incluyendo prohibiciones a las detenciones secretas, un requisito para que cualquier detenido deba permanecer en un centro oficialmente reconocido y supervisado, y la garantía a los derechos absolutos al hábeas corpus y a obtener información sobre los detenidos.
Además, reconoce el derecho a la verdad y reparación para las víctimas y sus familias. También incluye disposiciones para proteger a los hijos de las víctimas de desapariciones forzadas de ser detenidos injustamente por las autoridades, de que se les dé identidades falsas y luego sean dados en adopción.