El cierre del diario La Nación es sólo el más reciente de los ataques a la libertad de expresión y al derecho a la información en Chile. La ofensiva contra los medios comunitarios e independientes ha durado varias décadas pero paradójicamente se agudizó después de la dictadura pinochetista. Radios comunitarias saqueadas, canales estatales de televisión vendidos a la iniciativa privada y medios impresos ahorcados por falta de publicidad son el panorama actual de la prensa chilena.

VALPARAÍSO, CHILE, 27 de diciembre.- La situación de centralismo y falta de pluralidad en los medios impresos chilenos se agravó con el cierre del cotidiano semiestatal La Nación, que cumple 93 años, anunciado el pasado 12 de noviembre a solicitud del presidente del directorio de ese rotativo, Daniel Platovsky, quien actuó por instrucciones del mandatario Sebastián Piñera.

Piñera anticipó el fin de La Nación durante su campaña electoral, cuando señaló que ese medio era “una fábrica de propaganda de los gobiernos en turno y de ataques a los opositores en turno. Yo les puedo asegurar que durante nuestro gobierno ese diario, La Nación, no va a existir”.

La Nación, S.A. es responsable de la publicación del Diario Oficial. Bajo su tutela también se encuentran la empresa distribuidora de periódicos Vía Directa y la imprenta Puerto Madero; tiene 600 empleados que ahora ven amenazada su fuente de trabajo. Además la inminente desaparición de Vía Directa será un revés para la distribución de algunos medios independientes.

Para evitar el cierre de La Nación el pasado 20 de octubre diversas organizaciones ciudadanas –encabezadas por el Colegio de Periodistas– dieron vida al Comité de Defensa de la Libertad de Expresión.

El presidente nacional de los periodistas de esa nación, Marcelo Castillo, anunció en conferencia de prensa que el Comité recurrirá a la Relatoría de Defensa de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas a fin de que intervenga para evitar la muerte del pluralismo en la prensa chilena.

Castillo expresó que el cierre de La Nación “es un atentado al derecho de los ciudadanos de ser ampliamente informados, así como una nueva manifestación de la indiferencia del gobierno de Piñera ante el fenómeno de excesiva concentración de medios de comunicación en Chile”.

En este país sólo dos consorcios, El Mercurio y Copesa, controlan cuatro de los cinco diarios de circulación nacional; 90% de los periódicos regionales forma parte de los dos conglomerados. 

Hasta agosto pasado el presidente Piñera era dueño de la televisora Chilevisión, pero por presiones políticas la vendió al grupo Turner Broadcasting System (TBS) en 140 millones de dólares.

Al cierre de La Nación se suma la desaparición de Diario Uno, una de las pocas publicaciones independientes de distribución nacional. A pesar que alcanzó buena circulación y ventas, nunca tuvo publicidad estatal ni privada. Su último número se publicó el 31 de octubre. El director, Marcel Claude, emitió un comunicado el pasado 2 de noviembre en el que denunció: “En Chile está tan extendida la idea de que no es posible tener medios independientes que cuando éstos aparecen, todas las energías se concentran para destruirlo y conducirlo al fracaso”.

Según una investigación del Observatorio de Medios Fucatel (realizada en 2006), El Mercurio –propiedad de Agustín Edwards– y La Tercera –de Álvaro Saieh– se reparten 77% de la publicidad estatal para prensa escrita, pese a que esos medios son reconocidamente de derecha y que el estudio fue hecho cuando gobernaba la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia.

En septiembre de 2006 la Cámara de Diputados formó una comisión para investigar el otorgamiento de publicidad estatal; fue presidida por el entonces legislador Marco Enríquez-Ominami. En julio de 2007 la comisión rindió un informe que ratificó la veracidad de las cifras de Fucatel y expresó la necesidad de una ley regulatoria de la publicidad oficial.

Tendencia monopolizante

La concentración de la propiedad y la falta de pluralismo también se observa en el medio más influyente: la televisión. A fines de los cincuenta, cuando llegó a Chile, la responsabilidad de sacarlo adelante recayó en las universidades y el Estado, pero en los últimos 20 años casi todos los canales se han privatizado. Es lo que sucedió en 1993 con el de la Universidad de Chile (actual Chilevisión), que en primera instancia había sido vendido a Venevisión.

Este mes la Pontificia Universidad Católica de Chile concretó la transferencia de 67% de la propiedad de Canal 13 a Andrónico Luksic, empresario minero y uno de los tres hombres más adinerados del país.

En su artículo “Restricciones a la libertad de información en la televisión chilena” (dentro del libro de Francisco Gedda El reto de la TV digital) el sociólogo y académico de la Universidad de Chile Felipe Portales sostiene que “existe en nuestro país una total uniformidad de orientaciones en los canales nacionales de televisión abierta. En ninguno de ellos se registran opiniones o se efectúan reportajes críticos del modelo económico, social y cultural vigente”. 

La ausencia de pluralismo informativo en Chile se agrava si se considera la difícil situación que viven las radios comunitarias: muchas de ellas son acosadas por el Estado desde los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010), y aun más cuando, el pasado 11 de marzo, la derechista Alianza por Chile se instaló en la Presidencia.

El pasado 9 de noviembre tres radioemisoras comunitarias de Paine (40 kilómetros al sur de Santiago) fueron allanadas y clausuradas. Se trata de Felicidad, Tentación y Radio 24. El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones (PDI, que actuó por órdenes del fiscal Pablo Cortés) e incluyó la confiscación de los equipos de transmisión. El proceso judicial contra las radioemisoras fue iniciado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), dependiente del Ministerio de Economía.

Como parte del allanamiento se detuvo a operarios de estos medios, entre ellos los directores de Radio Tentación y Radio 24, Marcelo Núñez y Miguel Silva, respectivamente.

En agosto del año pasado –en el gobierno de la socialista Michelle Bachelet– la PDI allanó y confiscó los equipos de una decena de radios comunitarias en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Lota.

Entre las afectadas estaba Radio Placeres, con 20 años al aire y una de las más escuchadas en Valparaíso. A pesar de su antigüedad y tradición nunca se le adjudicó una frecuencia radial debido a las peculiaridades de la legislación chilena que hacen discrecional la asignación de las mismas.

El pasado agosto, en el 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y el Caribe (Amarcalc) denunció a Chile por vulnerar “la libertad de expresión y discriminar el acceso a las frecuencias de manera equitativa en cuanto a las restricciones de potencia, bandas de frecuencia, cobertura y acceso a recursos suficientes para su sostenibilidad, sin mediar argumento razonable para justificar dichas limitaciones”.

El 2 de junio la Amarcalc emitió un comunicado en el que afirma que la Ley 20.433 –que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y fue promulgada en Chile el pasado mayo– “contribuye a generar la exclusión de los grupos ciudadanos para operar medios comunitarios y mantiene exigencias técnicas y condiciones de funcionamiento desproporcionales que legalizan una desigualdad respecto al sector comercial”.

Agrega que esta situación “se agrava más con la penalización de la radiodifusión no autorizada a través de la aplicación del artículo 36-B (de dicha ley) que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión”. La Amarcalc llamó al gobierno chileno “a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos modificando la legislación y absteniéndose de la persecución penal injustificada”.

En Chile la concentración de la propiedad de los medios radiales es evidente. El grupo español Prisa es dueño de 6 de las 10 emisoras con mayor audiencia en el país.

El arma de la publicidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Chile tres veces por violar el artículo 13 del Pacto de San José, que se refiere a la libertad de expresión. 

La primera condena se efectuó en febrero de 2001 debido a la censura judicial de la película La última tentación de Cristo (1989, de Martin Scorsese). La prohibición de la divulgación de esta cinta fue ratificada por la Corte Suprema en 1999.

El 8 de julio de 2005 la Corte Interamericana castigó a Chile por haberse negado a entregar información sobre los proyectos de inversión de Forestal Trillium. A mediados de los noventa esta empresa intentó explotar con diversos subterfugios el que es considerado el bosque más austral del mundo, en la isla Tierra del Fuego. Este caso fue rotulado como “Marcel Claude contra el Estado”. 

La tercera sanción contra Chile ocurrió en junio de 2006. Fue ocasionada por la presión del Estado para que no se publicara en 1995 el libro Ética y servicios de inteligencia, del exagente de inteligencia y exoficial de la Armada chilena Humberto Palamara.

Otros escritos, como El libro negro de la justicia chilena (1999, de Alejandra Matus) e Impunidad diplomática (1991, de Francisco Martorell) no han podido distribuirse en Chile debido a determinaciones judiciales que privilegian la protección de la honra a la libre expresión.

En entrevista con Proceso la Premio Nacional de Periodismo (2007) y académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Faride Zerán, aseveró que la libertad de expresión en Chile ha estado amenazada, y lo sigue estando, no sólo desde el tiempo de la dictadura militar sino además en los 20 años de gobiernos de la transición. 

“Parece una paradoja, pero la totalidad de los medios independientes, que en los ochenta sortearon la censura militar, fueron cerrando en los inicios de la transición a la democracia”, indicó.

Alude a lo ocurrido con los diarios Fortín Mapocho y La Época y las revistas Apsi, Análisis, Hoy y Cauce –entre otras– que tuvieron gran auge en los ochenta pero desaparecieron cuando se avanzó en la transición a la democracia, fruto de la negativa de los gobiernos democráticos a darles publicidad.

Añade Zerán: “Para la Concertación el tema del derecho a la información, del pluralismo de los medios, de la concentración de la prensa escrita en grandes consorcios, no era tema ciudadano sino un asunto de mercado. Y como tal dejó hacer sin incentivar políticas públicas que garantizaran la libre circulación de todas las ideas, de todos los discursos. De allí el empobrecimiento del espectro informativo actual”. 

La periodista asegura que “el mercado determinó que el avisaje de las grandes empresas privadas no fuera a los medios independientes sino a la prensa escrita y a los medios audiovisuales afines a sus visiones políticas y culturales. Y los gobiernos concertacionistas, en su afán de permanente halago a la derecha y al mercado, contribuyeron a consolidar esos poderes al destinar gran parte de los avisos de las empresas del Estado a esos medios y no a otros”.

Es adecuado traer a colación en este sentido la frase acuñada por Eugenio Tironi, ministro secretario general de gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994): “La mejor política comunicacional es no tener política comunicacional”.

Para Zerán, “con esa mal entendida política de no intervención la Concertación fue cómplice, por acción y omisión, de la falta de diversidad informativa que existe en Chile y, por ende, del precario valor que la libertad de expresión tiene en nuestra sociedad. Hoy, con un gobierno de derecha, la situación sigue igual y empeora con la señal que da la administración de Piñera de cerrar la versión impresa del diario oficialista La Nación”.

Agrega: “Por supuesto, el gobierno de Piñera no requiere medios afines para difundir su obra, porque los tiene todos. Y ha preferido soslayar el debate de quienes hemos planteado que hay que hacer de La Nación un diario público, del Estado y no del gobierno de turno, nombrando un directorio pluralista que dé cuenta de la diversidad política, social y cultural del país”. 

Concluye: “En este contexto el cierre de Diario Uno y el hostigamiento a algunas radioemisoras y televisoras comunitarias y una veintena de medios más, refleja la ausencia de debate público, el empobrecimiento del diálogo ciudadano y el precario ethos democrático de las clases dirigentes del país. Y si hacemos caso de la premisa que dice que una democracia se mide por la solvencia y diversidad de sus medios de comunicación, la conclusión es que la democracia chilena, pese a su buena apariencia, deja mucho que desear”.

Un claro ejemplo de la falta de pluralismo y de los conflictos de interés de la prensa chilena se da en estos días. A casi dos meses de que 11 campesinos de la aldea Caimanes, en Coquimbo, iniciaran una huelga de hambre en protesta por la contaminación provocada por la minera Los Pelambres (de Luksic), ningún medio de comunicación masiva ha dado a conocer esa protesta.