MÉXICO, D.F., 28 de marzo (apro).- Tras haber derrotado al gobierno de Estados Unidos, en un pulso legal por permanecer en ese país, la siguiente etapa en la lucha de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, Lalo –exinformante de las agencias Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas inglesas) y de Inmigración y Aduanas de EU (ICE)–, es salir del centro de detención donde ha permanecido recluido durante cinco años.

En un fallo dictado el pasado jueves 18, Patricia A. Cole, una de las 15 integrantes del Consejo de Apelaciones Migratorias (BIA, por sus iniciales en inglés), resolvió que Lalo, un expolicía de Caminos, puede permanecer en Estados Unidos acogido a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, vigente desde 1984, debido al riesgo que implicaría su deportación a México.

“El récord respalda la resolución de que el trabajo del demandante como informante lo ha colocado en serio peligro a manos del cártel de Carrillo Fuentes. No vemos razón para alterar la conclusión de que este cártel posee los medios para localizarlo a lo largo de México”, determinó Cole en su oficio de cuatro páginas.

De esa manera, el Consejo –adscrito al Departamento de Justicia– cumplió con la decisión de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, con fecha 4 de agosto de 2009, en el sentido de que debía revisar el caso de Ramírez Peyro con la consideración de los riesgos latentes para la vida del exinformante.

“Es una súper victoria que ha tomado cinco años. En este momento, Lalo está protegido ante su expulsión hacia México, donde sería torturado y asesinado”, dijo a Apro Jodilyn Goodwin, abogada del exinformante mexicano nacido en 1971 y encarcelado en el Centro de Detención Migratoria de Buffalo, al norte de la ciudad de Nueva York.

El espionaje de Lalo sobre el cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes, permitió el hallazgo de las narcofosas, identificadas por las autoridades mexicanas el 14 de enero de 2004 en una residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de las cuales exhumaron a 12 personas, cuya tortura, asesinato y sepultura atestiguó Lalo a manos de miembros de esa banda y de policías bajo su nómina.

Pero esa infiltración expuso también las entrañas corruptas de los sistemas de seguridad, tanto de Estados Unidos como de México.

En sus testimonios ante los diferentes jueces estadounidenses que han visto el caso, el expolicía, a quien el ICE identificaba con el código secreto SA-913-EP y quien dejó de ser informante el 12 de marzo de 2004, señaló que las autoridades estadounidenses permitieron que las ejecuciones ocurrieran, a pesar de tener información de lo que sucedía en Ciudad Juárez (Proceso 1563).

De hecho, el gobierno estadounidense aún no se libra de esas acusaciones de complicidad con la matanza.

Lalo empezó a colaborar con los cárteles de la droga luego de abandonar, en 1995, la Policía Federal de Caminos, e inició sus trabajos con un traficante llamado Jesús Beltrán, quien trasladaba alrededor de tres toneladas de cocaína mensualmente. La droga procedía de Colombia e ingresaba por el estado de Colima.

A Lalo le dieron la tarea de supervisar la distribución del polvo en Guadalajara, lo que hizo desde 1995 hasta 1998. Dos años después se convirtió en informante de la ICE y de la DEA, al infiltrarse en el cártel de Juárez.

El caso de Lalo coincidió con la historia de los hermanos argentinos Analía y Emilio Maya, quienes fueron informantes del ICE entre 2005 y 2008 en el tema de tráfico de personas a Estados Unidos. Ambos hermanos luchan ahora por evitar su deportación a Argentina.

Víctima de la violencia

En su sentencia, Cole tomó en cuenta los niveles de corrupción existentes en los cuerpos policiales mexicanos, que acentúan el riesgo que pesa sobre la vida de Ramírez Peyro si regresa al país.

Lalo “ha demostrado que sería torturado posiblemente a su regreso a México, ya sea directamente por agentes del gobierno o indirectamente si los agentes lo entregan al cártel”, cita el documento legal.

La próxima maniobra es lograr la salida de Ramírez Peyro de la cárcel migratoria, donde se encuentra separado de los otros internos por la amenaza que pesa sobre su persona.

“El siguiente paso será el intento de obligar al gobierno a liberarlo finalmente del confinamiento solitario en que ha permanecido durante estos cinco años. Estamos trabajando en un tipo determinado de litigio, pero aún no están definidos los detalles”, explicó Goodwin.

La labor de Ramírez Peyro llevó a la captura de medio centenar de narcotraficantes, entre ellos Heriberto Santillán Tabares, quien fue condenado a 25 años de prisión en abril de 2005 por tráfico ilícito de drogas, pero no por los asesinatos en Ciudad Juárez.

El gobierno de Estados Unidos le pagó a Lalo aproximadamente 220 mil dólares por la información provista y le concedió inmunidad en cualquier acción penal en su contra por participar con el narcotráfico.

La disputa legal inició luego de que el permiso de residencia de Ramírez Peyro expiró el 14 de enero de 2005, tras lo cual el Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas inglesas) inició, el 9 de mayo de ese año, el procedimiento para su deportación.

El 11 de agosto de ese mismo año, un juez de inmigración concluyó que el exinformante podía acogerse a la Convención contra la Tortura.

El DHS apeló y el BIA cambió el veredicto. Por ello, Lalo presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones, que dictó sentencia el 23 de febrero de 2007, en el sentido de que debía proseguir el procedimiento de revisión de la decisión del consejo.

Un juez de inmigración respaldó nuevamente, el 11 de octubre de 2007, la postura de Lalo. El gobierno estadounidense apeló y el BIA revirtió esa decisión el 9 de julio de 2008.