Estados Unidos: Racismo ambiental

domingo, 25 de abril de 2010

MÉXICO, D.F., 25 de abril (apro).- El caso de Mossville, una comunidad compuesta por 375 familias, ha sido admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos y con sede en Washington, en lo que representa el primer expediente de racismo ambiental en Estados Unidos.

En su Reporte de Admisibilidad 43/10, divulgado el 29 de marzo y al cual tuvo acceso Proceso, el órgano interamericano aceptó la queja al considerar que no hay indicios de que los habitantes de esa localidad, cercana al Golfo de México, puedan obtener remedio de parte de las autoridades para el daño ambiental sufrido por la operación de 14 plantas en sus alrededores.

Promovida por la organización no gubernamental Mossville Enviromental Action Now (MEAN) y con el respaldo legal de Activistas por los Derechos Humanos Ambientales, la solicitud ante la Comisión argumenta que el gobierno estadunidense ignora la situación de Mossville, situada en el estado de Luisiana, por ser mayoritariamente afro-americana.

Esta comunidad, que abarca un área de 5 millas cuadradas, fue fundada a finales del siglo XVIII por descendientes de esclavos libertos luego de la Guerra de Secesión (1861-1865) que marcó el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

En la década de los treinta del siglo pasado, el Estado dio permisos de operación a 14 centros industriales para manufacturar, procesar, almacenar y verter sustancias tóxicas y peligrosas en zonas cercanas a Mossville.

“Estamos muy satisfechos por la decisión de la Comisión, es la primera vez que ha aceptado jurisdicción en un caso de derecho humano ambiental”, declaró, vía telefónica, a Apro Nathalie Walker, co-directora y abogada de la organización Activistas, creada en 2003.

En la petición se denuncia que los pobladores sufren o están expuestos a varios problemas sanitarios a causa de la polución tóxica liberada por 14 plantas químicas que han recibido autorizaciones para operar cerca de y en esa ciudad.

Los peticionarios argumentan que evidencia científica de diversas fuentes, incluidas agencias gubernamentales, respaldan los niveles graves y desproporcionados de químicos en la sangre de los residentes de Mossville, así como los altos niveles de enfermedades respiratorias y de otro tipo relacionadas con las sustancias liberadas.

A pesar de esta evidencia, prosigue la exposición a los químicos y ninguna solución se ha aplicado para enfrentar la crisis de salud pública en Mossville.

Arguyen que las políticas ambientales del Estado exponen a los habitantes de la comunidad, la mayoría de los cuales es afro-descendiente, a una pesada carga contaminante, resultando en lo que llaman “racismo ambiental”.

De esa cuenta, acusan al Estado de quebrantar sus derechos a la vida, la salud y la privacidad, que constituyen violaciones a la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948, de la cual Estados Unidos forma parte.

Los activistas buscan que el gobierno estadunidense provea de servicios médicos a los pobladores de Mossville afectados por enfermedades y otros problemas de salud asociados a los tóxicos, incluido un monitoreo sanitario; ofrezca la reubicación de los pobladores que así lo deseen; se abstenga de emitir más permisos ambientales y otros avales que facilitarían un incremento de la contaminación existente y que permitan el arribo de nuevas plantas industriales; y reforme las regulaciones ecológicas.

 

Una tragedia

Para Walker, una abogada egresada de la Facultad de Leyes de la Universidad de Tulane, Mossville “es un desastre ambiental, una crisis sanitaria”.

Tres de las 14 instalaciones –una refinería petrolera, una fábrica de vinil y una planta petroquímica-- se yerguen cerca de los límites del poblado y las otras 11 –dos plantas de vinil, una generadora eléctrica y ocho complejos petroquímicos-- se hallan a menos de un kilómetro dentro del pueblo.

Entre las empresas están Citgo Petroleum Corp., Firestone, Conoco, Occidental Chemical Corp., y Biolab Inc., que lanzan sustancias como cloro metano, acetona, clorado de metileno, benzina y tolueno, considerados altamente nocivos para la salud humana.

Esas instalaciones lanzan anualmente más de 4 millones de libras de químicos tóxicos al aire, el agua y el suelo, según datos del Inventario de Emisiones Tóxicas, compilado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) con cifras transmitidas por la industria.

Al menos 91% de las personas tomadas en cuenta para el estudio Encuesta sobre síntomas de salud en Mossville efectuado en 1998 por la Universidad de Texas, reportó, mínimo, un problema de salud ligado a las emanaciones tóxicas; 84% presentó problemas nerviosos; 71%, de tipo cardiovascular; y 57%, afectaciones en la piel.

“La deteriorada salud de los pobladores de Mossville está directamente relacionada con la polución industrial”, señala el expediente de la CIDH, presidida por el magistrado chileno Felipe González.

El texto señala que todas de las víctimas potenciales cuya sangre fue analizada por la Agencia Federal para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades, mostraron un porcentaje de concentración de dioxinas tres veces mayor que el promedio nacional.

Las dioxinas son químicos altamente tóxicos que persisten en el organismo y el ambiente por largos lapsos, y cuyo impacto puede afectar la piel, el hígado y el sistema inmunológico humano.

En la encuesta Los químicos y las fuentes industriales del área de Mossville de los químicos asociados con los síntomas médicos y las condiciones de salud de los habitantes de Mossville, efectuada por Wilma Subra, de la consultora Subra, en agosto de 2007, los participantes reportaron un promedio de 33 síntomas médicos. La población femenina registró una media de 34 y la masculina, de 32.

La muestra consistió en 69 personas -37 mujeres y 32 hombres-- con edades entre 6 y 90 años.

Un total de 32 químicos han sido identificados como asociados con las más serias condiciones médicas experimentadas por los miembros de la comunidad, y 11 de ellos son detectados regularmente en una concentración elevada en el aire de la localidad.

A partir de la información de la encuesta, 57% de los miembros de la comunidad se consideraron enfermos y reportaron sentirse así tres días por mes.

De la población encuestada, 88% dijo tener dificultades respiratorias; 54%, padecimientos en la nariz y la garganta; 54%, dolores de cabeza, mareos y escalofríos; 52%, problemas en la piel, y 43%, dificultades cardiovasculares.

“Aunque las agencias de salud y ambiente de Estados Unidos han documentado la presión de la masiva contaminación industrial sobre la comunidad, así como la exposición de los habitantes a los niveles dañinos de químicos tóxicos, esas agencias han incumplido en abordar adecuadamente esta crisis de salud ambiental que le niega a los residentes sus derechos humanos fundamentales a la vida, la salud y la privacidad”, cita la documentación presentada por MEAN y Activistas.

La Orden Ejecutiva presidencial sobre Justicia Ambiental, firmada en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton, reconoció que la gente de color y los pobres padecen una carga contaminante desproporcionada.

 

La ruta legal

El 8 de marzo de 2005 la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares de parte de Walker y Monique Harden, de Activistas por los Derechos Humanos Ambientales, en contra del gobierno de Estados Unidos, lo cual dio forma a la Petición 242/05.

Estados Unidos reclamó que los acusadores no agotaron las instancias domésticas y que sus apelaciones a las regulaciones ecológicas han desembocado en revisiones de las mismas.

Ese señalamiento partía de una demanda interpuesta en 2004 por MEAN y sobre la cual una corte estadunidense resolvió el 15 de abril de 2005 que la EPA incumplió en limitar en la zona las emisiones de contaminantes aéreos peligrosos, acorde con el contenido de la Ley de Aire Limpio.

Además, en 1998 la compañía CONDEA Vista, asentada en las proximidades de Mossville, llegó a un acuerdo con 80 pobladores de la localidad por 42 millones 100 mil dólares y la compra de sus casas, a raíz de querellas presentadas en 1995 y 1996 por una fuga en una tubería que contaminó el agua.

“No hay indicios de que esta acción estuviera relacionada con la conducta del Estado de permitir o regular las actividades de la empresa en cuestión”, razonó la CIDH.

Ese acuerdo “no refleja la existencia de una remediación efectiva contra la conducta del Estado en regular o incumpliendo en controlar apropiadamente tales actividades”, acorde con el fallo de admisibilidad del archivo identificado con la clave Caso 12.755.

“Las regulaciones no están diseñadas para proteger a una comunidad como Mossville. En términos de cambio sistémico, la reforma que pedimos es crítica”, enfatizó Walker.

El caso Mossville es un desafío para la administración del presidente demócrata Barack Obama, quien en el discurso ha colocado al ambiente como una de sus prioridades.

“No hemos visto una respuesta directa del gobierno de Obama, quizás la recibamos ahora que la Comisión ha declarado la admisibilidad del caso”, sostuvo Walker.

Los acusadores denuncian también que el Estado continúa aprobando y extendiendo licencias para que las industrias generen grandes cantidades de sustancias tóxicas en la zona cercana a Mossville.

La CIDH estableció un periodo de tres meses para recibir información adicional de las partes. Empero, el caso no puede llegar al seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mayor órgano jurisdiccional en la región con sede en San José de Costa Rica, pues Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos que creó esa instancia.

 

jpa

---FIN DE NOTA---

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