VALPARAISO, 29 de abril (apro).- Quedó claro: las acusaciones de haber participado en asaltos a mano armada que el fiscal de Rancagua Fernando Pérez presentó contra la destacada documentalista Elena Varela, no tenían sustento. Así se demostró en el juicio oral, realizado en Villarrica, ciudad ubicada 750 kilómetros al sur de Santiago.
El juicio oral finalizó el pasado 22 de abril con la absolución por falta de méritos de la documentalista, medida que se hizo extensiva a Kenny Sánchez y Sergio Reyes, quienes también habían sido imputados en la misma causa.
Al momento de ser detenida, Varela se encontraba en la fase final de la realización de su documental Newen Mapuche: la fuerza de la gente de la tierra, en el que intenta mostrar el drama de las comunidades mapuche afectadas por el monocultivo forestal.
Lo ocurrido con Elena Varela se ha convertido en el más emblemático de los casos de violación de la libertad de expresión en Chile ocurridos en los últimos años. Expresión de ello es el apoyo que a Varela le han dado Amnistía Internacional (AI) --organización que desarrolló una campaña internacional con el fin de obtener su liberación--, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Ética contra la Tortura, entre otras agrupaciones internacionales.
Estas han sostenido que la documentalista fue perseguida por las denuncias que ha hecho relativas al atropello que sufren los mapuches por parte de empresas forestales y el Estado.
El juicio, que comenzó el pasado 13 de abril, concitó el interés de observadores chilenos y extranjeros. Después de una semana de deliberaciones, a las 12 horas del jueves 22, los magistrados Oscar Viñuela, Alejandra Rozas y Claudia Sánchez, leyeron la resolución absolutoria. “La prueba rendida por el Ministerio Público ha sido insuficiente para derribar la presunción de inocencia que ampara a los imputados y demostrar más allá de toda duda razonable alguna participación penada por la ley”.
En la sala se escucharon expresiones de júbilo. Al salir del Tribunal Varela expresó: “Se ha hecho justicia después de seis años; la verdad ha triunfado”.
Un día antes, al cierre del juicio oral, dijo a los jueces: “Tengo mucho dolor. Es terrible todo lo escuchado en este juicio. Estos dos años de proceso judicial han destrozado una parte muy importante de mi vida, de mi familia. Como ser humano y como mujer siento que he sido violentada en mis derechos. Se ha expuesto mi vida íntima como persona y sobre eso se ha construido una historia, una ficción. Con todo el dolor que tengo dentro lo único que espero es que se haga justicia como corresponde y se imponga la verdad.”
Varela, Reyes y Sánchez fueron acusados de asociación ilícita, robo con violencia y robo con homicidio, delitos que habrían cometido al supuestamente participar en dos asaltos ocurridos hace un lustro.
El primero de estos fue en Loncoche (Región de La Frontera, centro sur de Chile), el 20 de diciembre de 2004, y afectó a las oficinas del Banco del Estado. El botín: 20 millones de pesos.
El segundo atraco ocurrió el 10 de junio de 2005. Fue perpetrado en una oficina del Instituto de Normalización Previsional (INP) localizada en Machalí (Región del Libertador, 100 kilómetros al sur de Santiago). En este último hecho murieron cuatro personas: dos asaltantes, un guardia de seguridad y un cuidador de automóviles.
El fiscal Pérez sostuvo en su acusación que en el asalto de Loncoche, Sánchez y Reyes habrían estado en las inmediaciones, en vehículos dispuestos para la huida. Según su versión, Varela habría participado en la planificación y ocultando a los autores materiales. Lo mismo habría hecho en el asalto de Machalí.
En el juicio oral, el fiscal Pérez mostró como su mayor prueba contra Varela una foto de ésta con Juan Moreno Venegas, a quien Pérez persigue por su eventual vinculación con estos asaltos y por ser líder del Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre, una fracción escindida del MIR a principios de los noventa, que se habría adjudicado la autoría de los asaltos.
Moreno no ha sido encontrado. Tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, quien se escapó de la cárcel de Temuco, en 2006. Varela tuvo una relación sentimental con Moreno. Sin embargo, ella rechazó que conociera sobre planes de asaltos.
Al saber de la decisión unánime del Tribunal de Villarrica, un  compungido Fiscal Pérez declaró: “(esto) nos sorprende… creemos que esta decisión no va de acuerdo con la prueba que se rindió en el juicio”.
El propio fiscal nacional Sabas Chauán declaró que no estaba de acuerdo con la resolución judicial, abriendo la posibilidad de pedir la nulidad de este juicio.

“Nos trataron como delincuentes”

En los últimos años, organismos de derechos humanos se han pronunciado sobre la grave violación a los derechos humanos que afecta al pueblo mapuche, situación que se ha hecho extensiva a periodistas y documentalistas que dan a conocer esta realidad.
En un informe de 367 páginas, relativo a la situación de los Derechos Humanos en Chile --presentado el pasado 22 de abril-- y que fue compilado por la prestigiada ong chilena Observatorio Ciudadano, se hace especial mención a esta situación. “Este conflicto (mapuche) se ha extendido incluso a personas que desean informar de la situación que se vive en el sur (donde habitan los mapuches), siendo detenidas, y en el caso de extranjeros, deportados”.
Como ejemplo de esto, citan el caso de dos periodistas franceses: Christopher Harrison y Paul Rossj, detenidos el 17 de marzo de 2008 mientras entrevistaban al vocero de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán. Durante diez horas permanecieron detenidos y sus materiales fílmicos fueron requisados. “Nos trataron como a delincuentes, nos acusaron de provocar incendios y de pertenecer a la ETA”, declaró Harrison después de ser liberado.
Peor suerte corrieron los documentalistas italianos Giuseppe Gabriele y Dario Loseffi, quienes fueron detenidos el 3 de mayo de 2008 cuando filmaban una manifestación de la comunidad mapuche Rucatraro, comuna de Puerto Saavedra, ubicada a 700 kilómetros al sur de Santiago. Los italianos fueron detenidos, maltratados, y deportados.
Pero sin duda el caso de la documentalista Varela es el que más atención ha concitado. Ella es madre de una joven de 17 años. Estudió en el “combativo” Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en plena dictadura. Allí se licenció en música. Es intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, además de Magíster en Artes mención Musicología.
A pesar de la persecución judicial y del hecho de que su material fílmico también le fue requisado y sólo parcialmente devuelto, el equipo que acompaña a Varela en la realización del documental Newen Mapuche ha seguido trabajando. De hecho filmó el juicio oral, material que formará parte de esta realización.

Estigma

El “juicio” fue precedido por numerosas anomalías procesales atribuibles al Ministerio Público. Estas comenzaron el 7 de mayo 2008, cuando en un aparatoso operativo policial, Varela fue detenida en su casa de Licanray (Región de La Frontera). El Ministerio Público presentó a la prensa, como pruebas del carácter terrorista de la detenida, metralletas de plástico que ésta tenía en su poder y que había utilizado en su documental Los sueños del Comandante, relativo a la actividad guerrillera que levantó el MIR en los bosques de Neltume a principios de los años ochenta. El diario El Mercurio y otros medios difundieron estos juguetes, junto a banderas del MIR, como si fueran armas de verdad.
El 7 de mayo del 2008 Radio Cooperativa difundió opiniones del fiscal Pérez, en las que afirmaba que Varela y los otros detenidos por esos asaltos “efectivamente tienen relación con grupos subversivos y se investiga si los dineros que han sustraído son destinados para pagar la defensa del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Mauricio Hernández Norambuena, quien se encuentra detenido en Brasil por secuestrar al publicista Washington Olivetto.”
Fruto de estas acciones, Varela fue estigmatizada como terrorista. Debió cumplir tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, hasta agosto de 2008, cuando logró acceder a libertad diurna.
En enero de este año, Sergio Reyes envió una carta a la Radio Bio Bio, en la que denunció que el Fiscal Pérez le ofreció beneficios procesales a cambio de que inculpara a Yáñez y Varela. Según su versión, Pérez lo habría ido a ver a la cárcel de Alta seguridad de Santiago, donde permaneció dos años, gran parte de ellos en calidad de incomunicado. El fiscal le habría dicho: “Seños. Reyes: yo necesito de usted y usted de mí; le ofrezco cinco años firmando en su casa; le ofrezco acusarlo como encubridor, pero usted tiene que declarar en contra de Kenny y Elena”. Reyes rechazó la oferta.
En entrevista con Apro, uno de los abogados de Varela, Jaime Madariaga (el otro fue el exjuez Juan Guzmán Tapia), reflexionó sobre lo ocurrido en el juicio contra su defendida: “Se demostró que (el Ministerio Público) no tenía elementos probatorios. Lo único que había era un discurso de un fiscal”.
Expresó que lo ocurrido con su defendida “muestra que la ciudadanía y los medios deberían aprender que no hay que publicitar con tanta facilidad acusaciones tan graves cuando la única base que se tenía para hacerlo era simplemente la palabra de un fiscal. Creo que tiene que haber una lección de prudencia para el propio fiscal también”.