SAN SALVADOR, 10 de junio (apro).- El gobierno de izquierda de El Salvador, encabezado por Mauricio Funes, cumplió un año en el poder, el pasado 1 de junio, con cambios palpables en el terreno político, más que en el económico y social.

De acuerdo con el secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún, “la plataforma está puesta para que haya diálogo, combate eficaz de la corrupción, gobernabilidad, y para que se mejore sustancialmente en el sistema de seguridad pública”.

Sin embargo, mucha gente no cree en el “cambio” que Funes prometió, pues la economía apenas comienza a reactivarse después de una severa crisis nacional e internacional y, por ende, la generación de empleos es ínfima.

Por otra parte, en el terreno de la violencia social y delincuencial, los índices de homicidios –entre 11 y 13 diarios–, con una tasa de 76 por cada 100 mil habitantes, hacen de El Salvador el país más peligroso de Latinoamérica.

No obstante, Hato detalló que en el terreno político “hay una gran cantidad de actividades, y el primer logro, que trata de una línea política de Estado, es la generación de ámbitos para la negociación y búsqueda de acuerdos”. Aquí, dijo, “tenemos varias acciones, ejemplo de ello es el primer ejercicio que hicimos para mediar en la conformación de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General”.

Y es que antes y durante la guerra civil, los militares que controlaban absolutamente el poder, a través de una dictadura rotativa de generales y coroneles, imponían a los funcionarios en los distintos órganos del Estado.

Pasada la guerra civil, la derecha política, representada por Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dominaba el quehacer político a través de un autoritarismo civil.

El diálogo como acción política 

Según el actual gobierno, en apenas un año han trabajado en la conformación del Consejo Económico y Social, lugar donde se discuten propuestas de nación, además de que se creó la llamada Mesa Sindical, donde han resuelto diversos conflictos enmarcados en el ámbito público.

Para resolver estos conflictos han fijado dos criterios: garantizar la eficiencia y la rentabilidad del ente que está en conflicto, y garantizar el respeto irrestricto del derecho de los trabajadores.

“Tenemos una coordinación con la Asamblea para ver iniciativas de leyes y coordinamos con Hacienda los préstamos internacionales. De hecho, hay una proyección para la coordinación entre todos los ministerios y otras entidades.

“Vamos, además, a establecer incentivos para estimular la calidad del trabajo en la atención a la población, es decir, otorgaremos un Premio Nacional a la institución que cumpla con los cánones de modernización  y calidad en los servicios y celeridad”, afirmó el secretario de Asuntos Estratégicos.

Sobre el combate a la corrupción, Hasbún expresó: “No puedo adelantarme, pero veamos lo del bulevar Diego de Holguín. Ahí hicimos un trabajo conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Subsecretaría de Transparencia, así como auditores y abogados”.

Y preguntó: “¿Cómo es posible que en esa carretera hayan existido tantas irregularidades? ¿Cómo es posible que una carretera de 8 y pico de kilómetros cueste al pueblo salvadoreño más de 50 millones de dólares? Son 23 millones que no aparecieron; no apareció el dinero y no aparece la obra.

En otras obras, añadió, “se hace corrupción pero las terminan, sin embargo, este no es el caso, ahora hay que poner 29 millones más para terminarla, y el costo de la obra se eleva a más de 50 millones de dólares. Corresponde ahora a la Fiscalía llevar a cabo todo el proceso”.

De acuerdo con el funcionario salvadoreño, habría que generar un “sistema de transparencia” en el Ejecutivo, que se convierta en una política de Estado en términos de irreversibilidad, y para eso, agregó, se ha conformado una Subsecretaría de Transparencia, además de que se están estableciendo las “Oir”, que son las oficinas de denuncias y respuestas.

También, dijo, se ha orientado a tapar los portillos de corrupción, “un trabajo que hay que hacer con investigación y exactitud”.

Sobre el tema, el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, afirmó que más de 90 casos de corrupción de los pasados cuatro gobiernos de Arena se investigan a detalle.

Unidad nacional necesaria

Desde su ascenso al poder, el presidente Mauricio Funes ha demandado por la unidad de El Salvador, pero ello exige sacar adelante el país, que sufre de extrema violencia y es el más vulnerado del mundo en cuestión ambiental, además de que la exclusión social hace que su población escape por las fronteras, especialmente rumbo a Estados Unidos.

“Sin acuerdo no hay unidad. Hay que recordar que existen intereses de por medio, y ¿cómo nos ponemos de acuerdo con los intereses de cada sector de poder? El expresidente Alfredo Cristiani me decía: ‘pongamos los intereses del país por encima de los intereses de partido’. ¡Pongámoslos, pues! claro que sí, pero preguntemos al país cuáles son sus intereses, que seguramente no son los de él ni los míos”, relató Hato Hasbún.

Y expresó que hace poco Cristiani le comentó que este gobierno no tenía rumbo, pero, claro, asestó, “no es el rumbo que ellos quieren y por supuesto que no vamos a ir por ese rumbo. La gran pregunta es: ¿qué queremos hacer con el país? Y para ello tiene que haber acuerdos”, afirmó el principal asesor político presidencial.

Sin embargo, la unidad no es fácil, sobre todo cuando hasta el partido en el gobierno, el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en ocasiones actúa como oposición.

“En el caso mío, que soy dirigente del FMLN y miembro del gobierno, te digo: no tengo un pie en el partido y otro en el gobierno, no, tengo los dos pies en el gobierno. Esto ya sabíamos que no iba a ser una tabla rasa; por supuesto que hay diferencias y las habrá.

“El tema es que estemos de acuerdo en los aspectos estratégicos, y el gobierno quiere un cambio, que significa una nueva forma de gobernar. Buscamos la unidad para garantizar que haya un mejor nivel de vida para la población en general y no para un núcleo que concentre el ingreso, pero en la manera de gestionar es donde está la diferencia”.

La escabrosa inseguridad

La promesa del anterior presidente, Antonio Saca (2004-2009), fue hacer de El Salvador el país más seguro de Latinoamérica, pero desde hace seis años es todo lo contrario, y así lo indican las tasas de homicidios.

Aquella propuesta del expresidente Saca, según Hasbún, fue una irresponsabilidad, porque no tenía un diagnóstico claro de las causas de la violencia. Y no tenía un diagnóstico claro porque no quería tenerlo; además, en el gobierno tenían un concepto de superación del problema que no era correcto.

“Nosotros, con el plan de seguridad que presentamos, pretendemos garantizar un proceso irreversible, para que no tengamos más esos altos y bajos en el tema de los homicidios y las extorsiones. Tenemos que garantizar un proceso de Estado, una política de Estado, y eso no se hace de la noche a la mañana, menos cuando no venimos de cero, sino de menos 400”.

Por eso, añadió, nosotros dijimos que hay ejes, uno de los cuales es la prevención de la delincuencia, como política de Estado.

La realidad heredada, agregó el secretario de Asuntos Estratégicos, es que “la dinámica se movía en avances y retrocesos, en altibajos. Sacaron planes manos-duras, súper manos-duras y otros con manos más o menos blandas, pero la verdad es que nunca avanzaron”.

¿Qué tenemos ahora?, preguntó. Y él mismo respondió: “encontramos una estructura policial sin recursos, además de que no habían podido comprar un parque respetable de carros ni uno comunicacional; encontramos en la aduana una gran cantidad de armas que no habían sacado porque no habían pagado impuestos.

“Nosotros somos los únicos que podremos sacar el plan de seguridad adelante, porque no tenemos compromisos con el crimen organizado ni con la delincuencia ni con nadie; además, la gente tiene confianza. El trabajo de inteligencia, la información y la garantía de que hay ámbitos de seguridad sólo se puede hacer con la gente”.

Sobre el papel que juegan los militares en el actual proceso de lucha contra el crimen, Hasbún manifestó que el ejército “no es el responsable de la seguridad, pues su función es de apoyo, y los militares tienen capacidad para ese apoyo en aspectos que el presidente Funes ha definido dentro de la ley”.

En el gobierno, agregó, “consideramos necesario que los militares estén en los penales, porque vamos a reciclar a todos los señores que están en los penales como custodios, debido a la corrupción”.

Y adelantó que crearán una escuela de capacitación para funcionarios y vigilantes de los penales.

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