LONDRES, 30 de junio (apro).- Rida Nimr y su esposo, Nimr Ali Nimr, estaban sentados junto a los escombros de su casa cuando la delegación de Amnistía Internacional (AI) llegó al barrio palestino de Jabal al Mukabbir, situado al sur de la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 29 de octubre de 2009.

Un equipo de demolición israelí del municipio de Jerusalén había destruido dos días antes la vivienda, un edificio de dos pisos donde vivían tres generaciones de la familia. Cinco de las personas que se quedaron sin hogar eran niños.

El hecho, que fue documentado en el informe de ocho páginas –“¿Seguros en casa? Demoliciones israelíes de viviendas palestinas”– y presentado en Londres el pasado martes 16, dio cuenta de una “brutal metodología” del Estado israelí que está afectando la vida de miles de familias palestinas.

De acuerdo con el documento, la familia Nimr contó que en la demolición de su vivienda, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, se había perdido dinero y documentos de identidad personales. Bajo los escombros se veían muebles rotos y otros utensilios domésticos.

“Las restricciones a que está sujeta la población palestina que vive bajo ocupación israelí en Jerusalén Oriental, así como el resto de Cisjordania, a la hora de construir alguna estructura son tan estrictas, que constituyen una violación de su derecho a una vivienda adecuada”, indicó el informe.

Al declararlas “ilegales”, las autoridades israelíes ordenan la destrucción de las viviendas y demás estructuras construidas sin los permisos establecidos por ellas, que raras veces conceden a palestinos.

El informe de Amnistía sostuvo que acompañados de agentes de seguridad, los equipos de demolición pueden presentarse entonces en cualquier momento, avisando con muy poca antelación a las familias afectadas, y sin darles la oportunidad de sacar sus cosas del edificio.

En virtud de la legislación militar israelí aplicada a la población palestina en la mayor parte de Cisjordania, a las familias desalojadas no se les proporciona otra vivienda ni indemnización alguna.

“Por consiguiente, si no fuera por sus familiares y amigos y las organizaciones benéficas, quedarían sin hogar y sumidas en la miseria. Y a las familias palestinas de Jerusalén Oriental no les va mucho mejor con las autoridades civiles israelíes”, agregó la investigación.

Según la ONU, sólo en 2009 se demolieron 270 estructuras en Cisjordania, por orden de las autoridades israelíes, lo que supuso el desplazamiento de más de 600 palestinos, más de la mitad de los cuales eran niños y niñas.

La ONU calcula que en los Territorios Palestinos Ocupados hay pendientes unas 4 mil 800 órdenes de demolición contra palestinos, lo que significa que miles de hombres, mujeres, niños y niñas viven cada día con el temor constante de oír el estruendo de los bulldozer anunciando la destrucción inminente de sus hogares, sus bienes y sus esperanzas de un futuro seguro.

Amnistía subrayó que inmediatamente después de la ocupación, Israel se anexionó ilegalmente 70 kilómetros cuadrados más del territorio de Cisjordania y los incorporó al municipio de Jerusalén.

Los palestinos que vivían en la zona incorporada de “Jerusalén Oriental” no adquirieron la ciudadanía israelí, pero quedaron bajo la jurisdicción del municipio israelí de Jerusalén, con la obligación de pagar impuestos municipales.

El resto de Cisjordania y la Franja de Gaza estuvieron regidas por las autoridades militares israelíes desde 1967 hasta mediados de la década de 1990, cuando se modificaron las condiciones de la ocupación israelí en el contexto de los Acuerdos de Oslo.

En 2005, Israel aplicó un plan de “desconexión” de la Franja de Gaza, por el que retiró de allí sus asentamientos, pero conservó el control del espacio aéreo, las aguas territoriales y las fronteras con Israel.

“Aunque éste no aplica ya allí ninguna política urbanística, desde 2005 las fuerzas israelíes han demolido miles de viviendas palestinas en el curso de incursiones militares, particularmente en las zonas próximas al perímetro de Gaza”, subrayó el informe.

Otro ejemplo que puso Amnistía es el de Mohammed Bani, cuya vivienda de Odeh, en Al Hadidiya, fue destruida por las fuerzas israelíes junto con las de otras tres familias, el 11 de marzo de 2008 por la mañana.

En los edificios destruidos vivían al menos 34 personas, entre ellas alrededor de 26 niños y niñas. A todas las familias les habían demolido ya sus hogares anteriormente, en febrero de 2008.

Y destacó que aunque el sistema jurídico aplicado a la población palestina de Jerusalén Oriental es distinto del impuesto a la del resto de Cisjordania, las pautas de la demolición de viviendas son similares, y a menudo también en Jerusalén Oriental se aplican con la justificación de la falta de permiso de construcción.

En ambas zonas, a los palestinos les resulta sumamente difícil o prácticamente imposible conseguir el permiso de las autoridades israelíes.

En el caso de Jerusalén Oriental, solicitar un permiso de construcción constituye un largo, caro y a menudo infructuoso proceso, de acuerdo con AI. El problema cobra aún más importancia luego que, basándose en la tasa de crecimiento demográfico, la ONU calcula que en Jerusalén Oriental la diferencia entre la necesidad palestina de viviendas y las construidas legalmente es de al menos mil 100 al año.

Sólo el 13% del territorio ocupado de Jerusalén Oriental está clasificado por el municipio de Jerusalén como zona disponible para construcciones palestinas. Se trata de una superficie de sólo 9.18 kilómetros cuadrados, densamente urbanizada ya y que acoge a unos 250 mil palestinos.

En cambio, las autoridades israelíes permiten el establecimiento y la ampliación, en tierras palestinas ocupadas, de asentamientos ilegales para uso exclusivo de los israelíes. Al menos el 35% de las tierras de Jerusalén Oriental han sido expropiadas para construir asentamientos ilegales, en los que viven ya 195 mil israelíes.

Amnistía Internacional denunció que las autoridades israelíes limitan estrictamente la construcción palestina en la zona del valle del Jordán y han demolido sistemáticamente tanto viviendas como rediles palestinos, dejando sin cobijo a los habitantes de las casas y dañando gravemente sus medios de vida.

El organismo reveló que desde 2005 las autoridades israelíes han aumentado las restricciones impuestas a la circulación de los palestinos entre el valle del Jordán y el resto de Cisjordania, y sólo a los que están registrados como residentes en el valle les permiten la entrada en él en vehículos privados.

Debido a estas limitaciones de la libertad de circulación y de construcción, así como a las reiteradas demoliciones que se llevan a cabo, las condiciones de vida de las comunidades palestinas del valle del Jordán son sumamente duras y difíciles de soportar, agregó.

Finalmente, destacó que el derecho a una vivienda adecuada es parte esencial del derecho a un nivel de vida digno.

“Las violaciones del derecho a una vivienda adecuada que sufren los palestinos son tanto un síntoma de las violaciones de derechos humanos en general de que son objeto, como un obstáculo a su consecución de otros derechos humanos”, sostuvo el informe.

Sin embargo, como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), “Israel está obligado a cumplir sus disposiciones, que garantizan explícitamente el derecho a una vivienda adecuada sin discriminación”. En especial, reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

“El derecho a una vivienda adecuada incluye la seguridad de tenencia, lo que supone que, en todo arreglo de vivienda, las personas sujetas a él deben gozar de protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas”, concluyó.

Israel también fue condenada por AI en otro documento, presentado el pasado lunes 14 en Londres –titulado “Críticas a la comisión de Israel sobre Gaza por falta de transparencia y rendición de cuentas”–, en el que la ONG criticó la investigación propuesta por Tel Aviv sobre su acción militar del 31 de mayo contra una flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, por considerar que carece de transparencia.

El gabinete israelí aprobó una comisión compuesta por tres miembros y dos observadores internacionales, que examinará la acción militar de Israel frente a la costa de Gaza, en la que nueve activistas internacionales murieron a manos de fuerzas israelíes.

“El formato de esta comisión designada por el gobierno constituye una decepción y una oportunidad perdida”, ha manifestado Malcolm Smart, director de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La comisión no parece ni independiente ni lo suficientemente transparente; a los dos observadores internacionales puede negárseles el acceso a información crucial, y es posible que las conclusiones de la comisión no se utilicen en procesamientos futuros”, agregó.

Según Amnistía, la comisión, presidida por el exmagistrado del Tribunal Superior israelí Jacob Turkel, especialista en derecho civil, no tendrá acceso a los miembros del ejército israelí que participaron en la planificación y ejecución de la acción militar, salvo al jefe del Estado Mayor, y nada indica que sus conclusiones o recomendaciones vayan a ser vinculantes.

Los otros dos miembros de la comisión serán Amos Horev, general de división retirado y exdirector científico de las fuerzas de defensa israelíes, y Shabbtai Rosen, catedrático de derecho internacional de la Universidad Bar Ilan y exrepresentante de Israel ante la ONU.

Los dos observadores internacionales –David Trimble, exprimer ministro de Irlanda del Norte, y Ken Watkin, expresidente del poder judicial militar de Canadá– sólo participarán en las vistas y debates de la comisión como observadores.

“Los procesos de la comisión deben ser abiertos y transparentes”, explica Smart en el documento.

Tampoco está claro si la comisión tendrá acceso, y en qué medida, a toda la documentación, incluidas las filmaciones en película y video confiscadas a equipos de televisión y otras personas a bordo de la flotilla, ni qué esfuerzos hará para recabar información de los activistas internacionales que viajaban en los barcos de la flotilla.

Israel, como todos los Estados, tiene la obligación de procesar y castigar a los autores de delitos contemplados por el derecho internacional.

Pese a los reiterados llamamientos de la Asamblea General de la ONU, en los 18 meses transcurridos desde el final de su operación militar de 22 días en Gaza, Israel no ha llevado a cabo investigaciones “independientes, creíbles y conformes con las normas internacionales” sobre los presuntos crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional cometidos por sus fuerzas.

En ese sentido, pidió que la muerte de los nueve activistas durante la acción israelí del 31 de mayo contra la flotilla sea objeto de una investigación internacional inmediata y creíble, y que se rindan plenamente cuentas por esos hechos.

“Los elegidos para llevar a cabo dicha investigación deben ser personas de reconocida imparcialidad, competencia y conocimientos. Israel debe cooperar plenamente con esta investigación internacional”, concluyó el informe.

cvb

--fin de texto--