SAN SALVADOR, 20 de julio (Proceso).- El vertiginoso aumento de la violencia criminal en El Salvador obligó al presidente Mauricio Funes, de origen farabundista, a recurrir al ejército para tratar de contener un fenómeno preocupante y desbordado. La furia homicida de las maras –que desplaza en números relativos a la que aplican los cárteles en México– tiene al gobierno en el desconcierto, a tal grado que mientras saca a los soldados a las calles y promueve leyes más duras, obliga también a la lectura de la Biblia en las escuelas para “incrementar la fe y combatir la violencia”.

Después de 18 años de la firma de los acuerdos de paz para El Salvador, los militares de este país han vuelto al protagonismo que habían perdido en 1992, al acabar la guerra, cuando se sometieron al poder civil.

Hoy los uniformes verde olivo están por todas partes en combate abierto contra la delincuencia y la violencia social que hacen de El Salvador el país más peligroso de Latinoamérica y uno de los más violentos del mundo.

Militares armados con fusiles M-16 patrullan las principales calles y carreteras de El Salvador, han tomado posiciones en zonas de alta peligrosidad, se han instalado en los llamados “puntos ciegos” de las fronteras con Honduras y Guatemala y controlan la seguridad de los penales, desde donde se supone que salen las órdenes de los capos para cometer asesinatos, secuestros y extorsiones.

Cualquier visitante extranjero que no conoce la realidad salvadoreña actual podría creer que en este país prevalece un estado de guerra o que el conflicto civil de los ochenta nunca terminó.

Lo cierto es que aproximadamente 45% de las tropas y oficiales salvadoreños están incorporados al plan antidelincuencial que el gobierno de Mauricio Funes ha aplicado para tratar de detener la ola de violencia de las bandas del crimen organizado, causantes de casi 13 homicidios diarios en una población de 5.7 millones de habitantes: esto es una tasa de más de 75 homicidios por cada 100 mil habitantes. En México la tasa de homicidios es de 10.6 por cada 100 mil habitantes, según el Centro de Investigación para el Desarrollo.

A diferencia de otras naciones, como México o Brasil, donde la participación del ejército en las labores de seguridad pública ha causado reacciones adversas, en El Salvador la mayor parte de la sociedad apoya la medida e incluso pide más: que los soldados se encarguen de la vigilancia en mercados municipales y escuelas públicas. En encuestas recientes, más de 80% de los salvadoreños está de acuerdo con la orden presidencial.

Lo paradójico de la situación es que el gobierno actual de El Salvador es producto de una alianza izquierdista dominada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ha sido siempre antimilitarista. Pero las consignas de “Trabajadores al poder” y otras por el estilo parecen haber sido sustituidas por los llamados a los militares a salvar a la patria. 

El analista salvadoreño Antonio Martínez-Uribe señaló a Proceso que, desde su punto de vista, la labor de los militares en Seguridad Pública “es una acción política más que demostrará que lo que existe es un juego de guerra y no efectividad en el combate a la delincuencia”.

“Se están aplicando en El Salvador, quizás como sucede en México, políticas emanadas desde el Pentágono (...) para militarizar la seguridad pública, pero con la finalidad de demostrar que los militares sirven para algo”, teorizó el experto en temas de estrategia castrense. 

Agregó que los ejércitos de la región “son muy pequeños y están prácticamente en desuso; por lo tanto, la línea de Washington es darles funciones de seguridad pública, y es también su forma de tener presencia en la política de naciones como las nuestras”.

La efectividad militar –aunque el ministro de Defensa, David Munguía Payés, diga públicamente lo contrario– en las acciones antidelincuenciales no presenta “cifras alegres”. Todo lo contrario. El año 2009 terminó con un promedio de 11 homicidios diarios, mientras que en lo que va del año el promedio está llegando a 13 diarios, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional Civil.

El horror de la realidad

La noche del pasado 20 de junio el horror de la violencia delincuencial parece haber llegado a su límite máximo: un microbús fue ametrallado en plena ciudad de Mejicanos, en la periferia norte de San Salvador. En el acto murieron dos menores de edad y un adulto, pasajeros de esa unidad de transporte público.

De acuerdo con las investigaciones policiales, este ataque no pretendía otra cosa que “desviar” la atención de la policía de una acción mayor, lo que en lenguaje castrense se conoce como “diversionismo táctico”.

Todo sucedió según lo planificado por los pandilleros de la Mara 18. La policía acudió al auxilio del microbús ametrallado y de sus víctimas, pero a pocos minutos y cerca de ahí, otro microbús fue detenido y abordado por un grupo de pandilleros. En la acción asesinaron al chofer y al cobrador.

Uno de los asaltantes manejó la unidad con más de 20 personas a bordo y la desvió a un pasaje poco vigilado de la colonia Jardines, en Mejicanos, donde rociaron con gasolina el interior del vehículo, incluso al pasaje, cerraron las puertas y le advirtieron a la gente que no intentara salir porque los iban a matar a tiros. Finalmente le prendieron fuego al vehículo.

Los vecinos dijeron a Proceso que al escuchar disparos y voces de los “mareros” dando órdenes y los gritos de los pasajeros que se quemaban vivos, corrieron a buscar refugio. “Nosotros ya habíamos cerrado la tienda, pero escuchamos los gritos… Después de que se fueron los mareros, le tiramos agua desde la azotea al microbús en llamas; luego vino la policía y logró salvar a algunas personas, pero la mayoría murió”, narró un vecino que pidió el anonimato.

El resultado: tres muertos en el ametrallamiento y 14 calcinados en el lugar. Otras tres personas –de 12 sobrevivientes– con graves quemaduras murieron en los hospitales.

La noticia provocó estupor y miedo. Los pandilleros, en venganza contra los empresarios de autobuses y microbuses que no pagan las extorsiones, ya habían asesinado a choferes y cobradores (80 muertos tiene el gremio del transporte en lo que va del año) y también habían incendiado unidades, pero nunca con los pasajeros a bordo.

La reacción del gobierno de Funes fue acelerar la incorporación del ejército. Ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia la elaboración de un proyecto de ley de proscripción de las pandillas y grupos de exterminio, que penalice también a todo aquel que les brinde apoyo.

Además, solicitó al Ministerio Público y a los tribunales de justicia mayor eficiencia en sus labores para cerrar el paso a la delincuencia.

Reacción conservadora

A los planes gubernamentales de intensificación de la represión para detener el auge de la violencia siguió una ola de reclamos de sectores conservadores, especialmente de la derecha política y su poder mediático.

Los diputados del partido de derecha Gran Alianza Nacionalista (Gana) comenzaron por enarbolar la bandera de la reinstauración de la pena de muerte para los delitos graves.

El magistrado Ulises Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proclive a la pena de muerte, aseguró que mientras los diputados se ponían de acuerdo para instaurarla y, con ello, reformar la Constitución, se tendrían que tomar medidas tales como la aplicación de estados de excepción y el toque de queda.

Lo último en la ola conservadora, en la que incluso han caído el presidente Funes y su vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén –histórico exjefe guerrillero y también ministro de Educación–, es una controvertida ley aprobada por las fracciones derechistas en el parlamento el pasado 2 de julio, con la que se obliga en todos los niveles de enseñanza a leer la Biblia durante siete minutos en las escuelas, como un mecanismo para “incrementar la fe y combatir la violencia”.

La controversial ley ha concitado la oposición del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y la de destacados pastores evangélicos, como Carlos Rivas, del Tabernáculo del Avivamiento Internacional (TAI), entre otros.

Coinciden en que sobrevendría una “lucha de religiones”. Igual posición manifestó la Comisión Política del FMLN, así como otras organizaciones que hablan de la necesidad de impulsar una política integral que prevea represión a la delincuencia, rehabilitación de los prisioneros y programas de prevención, así como el impulso de medidas sociales de empleo y educación.