Chile: paradoja de su Bicentenario

miércoles, 15 de septiembre de 2010

VALPARAISO, 15 de septiembre (apro).- Una carta escrita por el libertador Bernardo O´Higgins deja meridianamente claro que Chile, en los inicios de su vida independiente, reconoció la existencia del Estado mapuche. Más aún, que daba un gran valor a su relación con este pueblo originario.

La misiva, que había permanecido ignorada por la historiografía chilena, fue “recuperada” recientemente en el Archivo Nacional por un grupo de investigadores y dada a conocer el pasado 30 de agosto por el senador de izquierda Alejandro Navarro, quien milita en el Movimiento Amplio Social. Fechada el 13 de marzo de 1819 estaba dirigida “a nuestros hermanos los habitantes de la frontera del Sud”.

Allí, el entonces Director Supremo de Chile, sostiene que los mapuches –a quienes llamaba araucanos- “prodigaron su sangre por más de tres centurias defendiendo su libertad contra el mismo enemigo que hoy es nuestro (España)”. También expresa su deseo de construir una relación de hermanos entre Chile y el País Mapuche: “os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros Estados”.

El tono fraterno de este escrito contrasta con el trato que actualmente brinda el Estado de Chile a este pueblo originario en el año del bicentenario: un centenar de indígenas están procesados o condenados por su eventual participación en ocupaciones ilegales de tierras y presuntos incendios intencionales. En muchos casos, los procesamientos han sido fruto de montajes –que han quedado al descubierto-- los que han contado con el respaldo del Ministerio Público, la prensa y el gobierno.

         En entrevista con Apro, el senador Navarro sostuvo que, “cuando pensamos el bicentenario de Chile, tenemos que rescatar también a los que lucharon 300 años en contra de los españoles. Los mapuches fueron los primeros en luchar por la independencia de Chile. O’Higgins, en su carta, oculta hasta esta hora, los reconoce como un Estado, y les propone trabajar como hermanos (…) esos valores y principios de Bernardo O’Higgins debieran ser recogidos para este bicentenario, pero de hecho están ocultos y olvidados”.

Navarro señala que algunos historiadores conocieron esta carta pero no la difundieron, “porque es una carta en donde el padre de la patria dice que los mapuche son héroes”. El parlamentario culpó a los o´higginistas de haberla escondido.

El doctor en historia y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez, se refirió –en entrevista con Apro-- a la relación que tuvo en sus orígenes Chile con los mapuches y en cómo esta fue pasando de ser una relación de cooperación a una de sometimiento.

“Esto comienza con la invasión española al territorio mapuche, que significó una larga guerra, la guerra de Arauco, que finalmente culminó con ciertos acuerdos entre los conquistadores españoles y los mapuches, estableciéndose la línea fronteriza en el río Bio Bio (600 kilómetros al sur de Santiago) frontera que fue más o menos respetada sobre todo en el último siglo de la colonia (siglo XVIII)”, dice Grez.

Subraya que “cuando se formó el Estado Nación llamado República de Chile, esa línea fronteriza fue reconocida a tal punto que el gobierno de Ramón Freire firmó –en 1825- el Tratado de Tapihue. Por medio de este acuerdo se ratificó que Chile y el País Mapuche o Wallmapu, eran dos estados distintos y que la frontera entre ambos era el río Bio Bio”.

“Pero la República de Chile –añade Grez-- viola décadas más tarde ese acuerdo y comienza a invadir el Wallmapu (1861), en lo que la historiografía chilena erróneamente ha llamado ‘la pacificación de la Araucanía’, que no fue otra cosa que una guerra de conquista, de despojo, que culmina a comienzos de la década de 1880 con la ocupación total por parte del ejército y del Estado de Chile de la región de la Araucanía, reduciendo a los mapuche a una ínfima cantidad de tierra y condenándolos a la pobreza”.

Grez, quien lideró la confección de una Declaración de historiadores en apoyo al pueblo mapuche dada a conocer el pasado 1 de septiembre, estima que la lucha que sostienen los mapuche a lo largo de todo el siglo XX y hasta nuestros días, “es una continuación de la lucha histórica del pueblo mapuche por su libertad, su independencia, su autonomía y la recuperación de sus tierras ancestrales y eso es lo que está ocurriendo hoy día”.

El historiador acusa al Estado chileno de responder a esta lucha “de manera muy enérgica, muy brutal, aplicando medidas excepcionales como ley antiterrorista; el doble juzgamiento de los luchadores mapuche por justicia militar y justicia civil, respecto a los mismos hechos presuntamente constitutivos de delito; con la militarización de la Araucanía; y el empleo de una violencia destinada a romper la resistencia de este pueblo”.

 

Tragedia

 

La huelga de hambre iniciada el 12 de julio y en la que participan 34 comuneros mapuches, está causando gran impacto en Chile y en el extranjero. Una muestra de ello es la carta enviada el 27 de agosto por el  secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, al presidente de Chile Sebastián Piñera. Allí solicita a Chile que modifique la Ley Antiterrorista “a efectos de precisar la definición de los delitos incluidos en dicha ley”.

           Shetty cuestiona el hecho que este país permita el anonimato de testigos en los juicios, lo que, según AI, violaría “la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas”.

Así mismo, un grupo de 34 miembros del Parlamento Europeo envió el 8 de septiembre una carta a Piñera; al presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, en la que expresan su preocupación por "la salud y la vida" de los 34 activistas mapuches. Los parlamentarios afirman que la huelga de hambre es "un grito desesperado para llamar la atención a una situación intolerable y contraria a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos".

También manifiestan que comparten la opinión del Comité de Derechos Humanos de la ONU –expresada en marzo de 2007-, según el cual “La ley 18.134 ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”.

Los medios de comunicación chilenos no informaron durante largo tiempo sobre la huelga de hambre mapuche. Esto motivó la reacción del Colegio de Periodistas, que el 26 de agosto --45 días después de iniciada la huelga-- expresó --a través de un comunicado firmado por su presidente Rodrigo Miranda-- que "nos parece preocupante que este tema apenas aparezca en la agenda informativa de los grandes medios”.

Al comenzar septiembre el cerco informativo se rompió. Y con ello, las instituciones del Estado chileno han comenzado a movilizarse, con el fin de evitar un desenlace fatal de cara a las celebraciones del Bicentenario. El 2 de septiembre, la Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Mónica Maldonado, afirmó –en entrevista con Radio Universidad de Chile-- que a los mapuches en huelga de hambre “se les están aplicando castigos prohibidos por la ley y los tratados internacionales”. Hacía alusión al hecho de que los gendarmes que los custodian los mantienen a oscuras 23 horas al día con el fin de quebrarles su voluntad y que pierdan la noción del tiempo.

Gendarmería de Chile, institución responsable de las cárceles chilenas, depende directamente del Ministerio de Justicia y éste de la Presidencia de la República.

Piñera, preocupado por el curso que están tomando los acontecimientos, envió, el 9 de septiembre al Congreso Nacional, un proyecto de ley que modifica la Ley Antiterrorista. El fin de la aplicación de esta ley es la principal exigencia de los mapuches en huelga de hambre.

De acuerdo con lo expresado por Piñera, al estampar la firma a este  proyecto, éste tiene cuatro objetivos: “tipificar mejor el delito terrorista; fortalecer el debido proceso de quienes sean juzgados por esa ley; racionalizar las penas para que sean penas justas y no excesivas, y fortalecer la capacidad de investigar estos delitos”.

Una semana antes, había enviado un proyecto que modifica a la Justicia Militar, con el fin que se acaben los dobles juzgamientos que reciben los presos políticos mapuches (justicia civil y militar simultáneamente), práctica que ha sido calificada de aberración jurídica por numerosas organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Ética Contra la Tortura.

Es importante mencionar que los delitos por los cuales son juzgados los mapuche están contemplados en el Código Penal, por lo que nunca debieron ser juzgados por militares.

A pesar de los anuncios, los mapuches se han negado a deponer la huelga, debido a que el gobierno no ha retirado los cargos hechos por delitos terroristas contra los comuneros presos. Además, la modificación de la ley antiterrorista no termina con los abusos procesales al no terminar con los testigos sin rostro. Peor aún, la modificación a la Justicia Militar anunciada por Piñera, contempla un aumento de penas contra quienes agredan a policías.

El clima de inestabilidad provocada por los reclamos mapuches alcanzó mayor connotación luego de que, el 9 de septiembre, cuatro diputados que visitaban a mapuches presos en la Cárcel de Temuco –capital de la Región de la Araucanía-- se unieran a la huelga de hambre. Se trata del diputado comunista Hugo Gutierrez; de los socialistas Sergio Aguiló y Manuel Monsalve, y de Tucapel Jiménez (Partido por la Democracia), quienes fueron desalojados del penal violentamente por órdenes directas de Piñera. Los diputados se trasladaron a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, de dicha ciudad, donde mantienen su ayuno.

Estos diputados solicitaron a Piñera que convoque a una mesa de diálogo con los comuneros mapuches en huelga. Piñera se ha negado a conversar con ellos, buscando que la Iglesia católica haga una mediación entre el gobierno y los indígenas. El presidente de la Conferencia Episcopal realizó, el 9 de septiembre, un llamado urgente a los tres poderes del Estado con el fin de “dar una solución inmediata” a esta huelga “antes que ocurra un desenlace fatal”.

Es importante señalar que, de acuerdo con analistas políticos y sociólogos, como José Bengoa, el conflicto chileno mapuche es “el problema político más complejo e importante que hay en Chile”.

Para Bengoa, autor de la Historia del pueblo mapuche, el problema radica en el hecho de que el Estado y la sociedad chilena “se han negado a darle reconocimiento a los mapuches”.

 

mr

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