El gobierno de Cristina Fernández impulsa la investigación de un evento ocurrido hace más de 30 años: las torturas a las que supuestamente fue sometida Lidia Papaleo para forzarla a vender Papel Prensa, empresa que controla el suministro del papel que consumen los medios impresos en Argentina y cuya mayoría accionaria se encuentra en poder de Grupo Clarín. Opositores al kirchnerismo aseguran que esta investigación tiene como objetivo atacar al consorcio periodístico que ha sido crítico de las gestiones tanto de Cristina como de su esposo Néstor.

BUENOS AIRES, 7 de septiembre (Proceso).- Choques eléctricos, quemaduras en los genitales, abdomen y pechos, así como golpes que le ocasionaron un tumor cerebral, son algunas de las torturas que Lidia Papaleo asegura que sufrió a lo largo de siete meses que permaneció en cautiverio durante la dictadura militar argentina de 1976-1983.

Sin embargo, el vía crucis que padeció –al igual que decenas de miles de sus compatriotas en esos años– no es la causa de que en estos días su historia aparezca en las primeras planas de todos los diarios argentinos.

El pasado 20 de mayo, Papaleo fue invitada por el titular de la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a una asamblea de la empresa Papel Prensa y ahí, frente a los representantes de Grupo Clarín y La Nación, dijo que durante la dictadura militar  fue torturada y amenazada para desprenderse de las acciones de esta compañía. Posteriormente, el 6 de junio, ella plasmó esos señalamientos en una carta que le envió a Moreno para que la incluyera en el informe Papel Prensa: la verdad. La misiva fue publicada de inmediato por Tiempo Argentino, un diario oficialista. Estalló el escándalo.

En ese documento de 218 páginas, presentado el 26 de agosto en cadena nacional por la presidenta Cristina Fernández, se plantean las dudas del gobierno acerca de la legalidad de la venta de la papelera que surte a 60% de los medios impresos en Argentina y cuya mayoría accionaria se encuentra en manos de Clarín, grupo que ha mantenido una lucha sin tregua con el kirchnerismo.

En caso de que se comprueben los ilícitos detallados en el informe, el representante de Clarín y el director de La Nación en 1976 (Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, respectivamente) serán juzgados por delitos de lesa humanidad.

Para los seguidores de Cristina Fernández y de su esposo Néstor Kirchner se trata de un acto de justicia postergado por más de 30 años; sin embargo, la oposición lo juzga desde otra perspectiva: la única manera que tiene el gobierno para intervenir por la vía judicial a Papel Prensa y poderla estatizar o expropiar consiste en demostrar que detrás de su venta se cometió un crimen de lesa humanidad, delito que no prescribe.

En el testimonio de Papaleo hay contradicciones. La más notoria se relaciona con las fechas: sostiene que fue torturada para desprenderse de sus acciones, cuando en realidad la venta de Papel Prensa se hizo el 2 de noviembre de 1976 y ella fue secuestrada el 14 de marzo de 1977; es decir, cuatro meses más tarde. Debido a esta inconsistencia, en el informe presentado a la justicia Papaleo no habla de torturas, sino de “presiones”.

Asimismo, sorprende que la declaración de Papaleo omita un dato relevante: su marido, David Graiver, quien murió en agosto de 1976 en un accidente de avión en México, era el banquero de la organización guerrillera Montoneros, identificada con la izquierda peronista. Tras el fallecimiento de Graiver, su familia se quedó con la “custodia” de 17 millones de dólares provenientes de los secuestros realizados por Montoneros.

Ella se enteró de estos negocios poco tiempo después de la muerte de su esposo, cuando un representante de la organización guerrillera empezó a presionarla para que les reintegrara el dinero.

En el informe apenas se menciona a Montoneros, y este hecho, sumado a otras contradicciones en que ha incurrido Papaleo, ha dado pauta a que los opositores a Fernández y Kirchner estén convencidos de que este caso es el último capítulo en la embestida del gobierno contra Clarín.

Argumentan que aunque este grupo ha incurrido en prácticas monopólicas relacionadas con la venta de papel para medios impresos, hasta ahora no existen pruebas concretas de que haya cometido un crimen de lesa humanidad.

En un editorial del pasado 22 de agosto, Clarín planteó su postura: “El gobierno avanza sobre Papel Prensa para controlar la palabra impresa”. Cuatro días después, la presidenta Fernández respondió: “Quiero coincidir con Clarín: quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa”.

Monopolio

Papel Prensa fue establecida en 1969, cuando la dictadura militar de Juan Carlos Onganía decidió crear la primera empresa nacional de papel para periódicos. Para ello organizó una licitación que en 1972 –durante la presidencia de otro dictador, Alejandro Agustín Lanusse– terminó definiéndose con poca claridad a favor de tres empresarios y un grupo editorial llamado Abril, S.A. 

El acuerdo con los miembros de Papel Prensa consistía en que el Estado asumiría una participación minoritaria y se retiraría del proyecto a los 10 años de su puesta en marcha. Pero eso nunca ocurrió.

Un año después, durante la presidencia del peronista Héctor J. Cámpora, el ministro de Economía José Ber Gelbard promovió –algunos dicen que forzó– la venta de Papel Prensa al banquero David Graiver, de quien luego se sabría que hacía negocios con el peronismo.

Para tener el control absoluto de la empresa, Graiver contó con el apoyo de Rafael Ianover, que actuó como su testaferro, así como de su esposa, Lidia Papaleo.

Después de que Graiver murió su emporio comenzó a resquebrajarse. Los bancos que poseía en Bélgica y en Estados Unidos quebraron y su familia fue presionada para que vendiera Papel Prensa.

Por ello, el 2 de noviembre de 1976 se firmó el traspaso de las acciones de esa compañía a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Cuando La Razón quebró en 2000 –para luego ser adquirido por el Grupo Clarín–, el componente accionario de la papelera se distribuyó de la siguiente forma: 49% para Clarín, 22.49% para La Nación, 28.02% para el Estado, y 0.49% para otros adquirientes.

Desde entonces, Grupo Clarín tiene el control accionario de la principal proveedora de papel para periódicos –abastece a 60% del mercado local– y eso tiene consecuencias en los medios impresos. Sólo por dar un ejemplo, Papel Prensa vende las bobinas de papel tanto a Clarín como a La Nación, a un precio subsidiado.

El resto de los medios gráficos que no están vinculados con Papel Prensa no gozan de ese beneficio. Esta compañía les vende sus insumos a un precio tan alto que, para no perder competitividad, deben importar el papel de Chile y pagar un 58% de sobreprecio. Por esta razón, los medios que no forman parte del grupo tienen su viabilidad económica permanentemente en jaque. 

Por lo anterior, el gobierno decidió tomar medidas. En primer lugar, aumentó su influencia en Papel Prensa: en agosto de 2009 nombró a varios funcionarios a fin de que actuaran como contrapeso al poder de Grupo Clarín. El más destacado de ellos es el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, un hombre de modales pugilísticos que no duda en saldar sus diferencias políticas a golpes, como lo hizo con José María Soaje Pinto, un abogado de Papel Prensa.

En segundo término, tras la presentación del informe sobre la papelera, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca regular la producción de papel para los diarios en Argentina. El propósito: que ninguna empresa tenga que importar insumos. Esta iniciativa alarmó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que el pasado 25 de agosto emitió un comunicado en el que la calificó de “peligrosa e inconstitucional, ya que atenta contra la libertad de imprenta”.

“Reparación histórica”

En medio de esta pugna está la historia de Lidia Papaleo. Cuando murió su esposo, en agosto de 1976, ella y su hija María Sol Graiver vivían en México. El 16 de septiembre de ese año regresó a Argentina y se encontró con que las empresas de la familia estaban en crisis y cada vez le resultaba más difícil resolver los problemas que se presentaban.

En una carta dirigida al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, la viuda de Gravier refiere que las Fuerzas Armadas, mediante distintos intermediarios, la presionaban para que vendiera la papelera. También le aclaraban que los compradores no debían pertenecer a la colectividad judía.

“Mientras tanto –escribió Papaleo– continuaban las amenazas anónimas en las que me decían que si no vendía, mi hija María Sol corría peligro de muerte, y se agregaban otros operadores que me presionaban para concretar las ventas”.

Los “otros operadores” eran integrantes de los Montoneros.

En esas condiciones, Lidia firmó el traspaso accionario el 2 de noviembre de 1976. Ese mismo día, Héctor Magnetto –representante de Clarín– le habría dicho: “Firme o le costará la vida de su hija y la suya”.

Aún no queda claro por qué razón Papaleo asoció la venta de la empresa con su secuestro, ocurrido cuatro meses después, y que se relaciona con el hecho de que David era el banquero de la organización guerrillera.

“Todo el horror que fue mi vida después de mi secuestro es indescriptible por las perversiones, vejaciones y tormentos a los que fui sometida. No obstante, prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores, antes que ver la mirada de Magnetto en el momento en que me amenazaba para que firmara”, aseguró.

Es extraño que la versión de Lidia no cuente con el aval de la familia Graiver. El 27 de agosto, su hija Sol, hoy de 36 años, publicó un desplegado en el que anuncia que no demandará a los accionistas de Papel Prensa. 

En julio pasado Isidoro Graiver le escribió una carta a su sobrina Sol. Publicada en los periódicos del 25 de agosto último en forma de desplegado, la misiva aclara que las acciones de la empresa se habían vendido para paliar dificultades financieras.

Y añade: “Me han causado sorpresa los dichos que se han hecho públicos de tu madre y Osvaldo Papaleo (hermano de Lidia), ya que no se ajustan a la realidad y tergiversan las fechas y los acontecimientos sucedidos”. Añade que la venta de las acciones se dio en un clima de “total libertad”. Y abunda: “No me consta que los diarios hayan actuado de acuerdo con las autoridades militares de ese momento para la compra de la compañía”.

En el mismo desplegado, Isidoro Graiver contó un episodio escabroso: tras la firma del traspaso accionario, Lidia Papaleo recibió en sus oficinas la visita de un tal “doctor Paz” que se identificó como montonero. El visitante le mostró una pastilla de color rojo. Le dijo que la obligaría a  ingerirla para provocarle la muerte y que también mataría a toda su familia sino le pagaban una deuda que la familia Graiver tenía con los Montoneros. Papaleo dijo que no tenía el dinero y entonces el “doctor Paz” exigió una reunión con Isidoro y con Juan Graiver (padre de Isidoro y David).

Dentro de la familia había quienes querían pagar a Montoneros y otros preferían liquidar sus adeudos con otros acreedores. Estaban en esa discusión cuando, entre marzo y abril de 1977, Isidoro Graiver, Juan Graiver y Lidia Papaleo –entre otros miembros de la familia– fueron plagiados por las fuerzas de la dictadura.

“Para cuando estábamos secuestrados, la venta de Papel Prensa ya estaba concluida –aclara Isidoro a su sobrina, en el desplegado–. Nunca conocí y por lo tanto no comprendo los dichos de tu madre cuando dice que mantuvo reuniones por la venta de Papel Prensa mientras estaba secuestrada”. 

¿Por qué, entonces, Papaleo ofrece este relato sobre Papel Prensa? ¿Por qué lo hace público 27 años después del inicio de la democracia? Consultada por el diario Perfil respecto de sus objetivos, ella respondió, por escrito, una sola línea: “Espero una reparación histórica”.   l