MÉXICO, D.F. (apro).- La administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estudia intensificar las acciones legales contra las leyes antiinmigrantes aprobadas en Utah, Georgia, Indiana y Alabama, reveló el diario estadunidense The Washington Post (TWP). De materializarse, dichas demandas se unirían a las que ya ha presentado el mandatario contra las leyes aprobadas en Arizona, Carolina del Sur y Alabama. Ésta sería la segunda vez que el gobierno presente una demanda contra la ley HB56 de Alabama, que –según dijo Obama la semana pasada– “no armoniza con nuestros valores esenciales como país”. En este caso, la posibilidad de entablar una segunda demanda obedece a que el gobierno de Alabama se ha negado a entregar información con la que el gobierno estadunidense busca determinar los alcances de su ley de migración. Por ejemplo, el gobierno que encabeza Robert Bentley ha rechazado atender un requerimiento del Departamento de Justicia para que los distritos escolares proporcionen información de la composición de las inscripciones en las escuelas. Dicho requerimiento, girado por el subprocurador de Justicia Adjunto para Derechos Civiles, Thomas E. Pérez, busca medir el impacto que ha tenido la ley antiinmigrante desde que se instrumentó en las escuelas de Alabama, desde agosto pasado. Esa área inició una investigación por presunta violación a los derechos civiles, ante los reportes de varias familias hispanas que optaron por no mandar a sus hijos a la escuela por temor a ser deportados. Según dijo el propio Obama en una entrevista con medios hispanos, el pasado viernes 11, ya se ha visto el impacto en algunos distritos escolares y colegios, donde 20 o 25% de los niños no está yendo a clases, “porque sienten miedo de que su estatus migratorio los va a llevar a detenciones”. De acuerdo con Pérez, la oficina que preside también investiga denuncias de hostigamiento en las escuelas hacia los niños hispanos. El funcionario afirmó que “existe un temor real en esas familias”, y recordó que los distritos escolares tenían como plazo el pasado lunes 14 para atender la orden girada, misma que fue rechazada por el procurador estatal de Alabama, Luther Strange, quien aseguró que el gobierno federal no tiene autoridad para requerir esa información y así lo ha notificado a los distintos distritos electorales del estado. The Washington Post indicó que el nuevo enfrentamiento entre el gobierno federal y estatal de Alabama, que ha sido el más agresivo en su ley antiinmigrante, revivió otro capítulo anterior, cuando la ley federal ordenó la integración de los inmigrantes en las escuelas, y Alabama se opuso con vehemencia.