Las heridas abiertas por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile aún no se cierran... y siguen sangrando. El homenaje público a uno de los peores represores del pinochetismo, Miguel Krassnoff, desató un escándalo que implicó al presidente Sebastián Piñera –quien aparentemente simpatiza con aquél– y derivó en una zacapela en la que la policía apoyó a los defensores del tirano. Finalmente lo que queda en entredicho es la justicia chilena, incapaz hasta ahora de castigar a los militares que durante 17 años tuvieron el poder de matar y torturar. SANTIAGO (Proceso).- Un homenaje en Chile al exbrigadier Miguel Krassnoff Martchenko –en prisión por delitos de lesa humanidad– puso en evidencia que las heridas provocadas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) siguen abiertas. La ceremonia el lunes 21 en el club Providencia de esta capital –parte de la promoción de la cuarta edición del libro Miguel Krassnoff: prisionero por servir a Chile, de la historiadora Gisela Silva– fue organizada por excolaboradores de Pinochet, como el otrora ministro del Trabajo Alfonso Marqués de la Plata y el exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y actual alcalde de Providencia, Cristián Labbé. No es la primera vez que tiene lugar un acto como éste, pero circunstancias especiales hicieron que ahora se volviera un escándalo. Un factor determinante fue la revelación –publicada el martes 15 por el diario electrónico Cambio 21– de la respuesta del presidente Sebastián Piñera a la invitación cursada por los organizadores del acto. En carta firmada por su asesora personal Andrea Ojeda, el mandatario expuso: “(Quiero expresarle mis) felicitaciones y mejores deseos de éxito, como también un afectuoso saludo a quienes asistan a este homenaje”. Los “mejores deseos de éxito” de Piñera causaron revuelo en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, (#ClubProvidencia) fue el tópico más comentado a escala mundial el lunes 21. El miércoles 16, un día después de que Cambio 21 hiciera público el mensaje de Piñera, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, deslindó al mandatario. En diálogo con la prensa en La Moneda negó que Piñera enviara dichos saludos, asegurando que éstos habían obedecido a una “respuesta automática” de Ojeda. Afirmó que “el gobierno no participa ni menos incentiva homenajes a personas con penas judiciales, menos aún por violaciones a los derechos humanos”. Pero el daño ya estaba hecho. El repudio a este homenaje fue creciendo en la medida en que se iban difundiendo masivamente testimonios de los crímenes cometidos por Krassnoff, exjefe de la agrupación de exterminio Caupolicán de la Dina. El jueves 17 se dio a conocer una declaración signada por 83 personas cuyo único contenido era su contundente título: “A mí me torturó Krassnoff”. Entre los firmantes estaban el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar y el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos. Éste dijo al diario electrónico El Mostrador sentir “indignación” ante la reivindicación del que definió como “icono de la más brutal represión”. Añadió que el homenaje era “una bofetada no sólo a las víctimas, sino también al tipo de país y democracia que queremos construir”. En entrevista con Proceso, el abogado de derechos humanos y diputado comunista Hugo Gutiérrez da una interpretación a lo sucedido. Sostiene que los violadores de los derechos humanos que cumplen condenas buscan –a través de éste y otros actos– “que Piñera dicte en favor indultos o algún otro beneficio que les permita recuperar la libertad”. Agrega: “Las penas que está dictando la Corte Suprema son una burla, puesto que permiten a los violadores de derechos humanos permanecer en libertad”. Y remata: “Hasta un ladrón de bicicletas obtiene penas más altas que las impuestas a homicidas, secuestradores y torturadores”. Krassnoff cumple en la cárcel de Punta Peuco 20 condenas que suponen un castigo de 144 años por su participación como autor en secuestros, torturas u homicidios de 27 personas. Además tiene tres condenas en segunda instancia, otra en primera instancia y está procesado por otros 46 casos. Entre los crímenes de este exbrigadier destacan el asesinato del líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, el 5 de octubre de 1974. Por este homicidio recibió una medalla al mérito otorgada por el ejército. Asimismo, es responsable del homicidio de la también militante mirista Lumi Videla, concretado tras 40 días de torturas dirigidas por él. Además el militar dispuso que el cadáver se arrojara al interior de la embajada de Italia el 4 de noviembre de 1974. Tras esto, hizo circular la versión de que Videla fue asesinada por otros asilados en esa sede diplomática y que el crimen habría ocurrido después de que los implicados participaran en una orgía.   La “funa”   Para manifestar su rechazo al homenaje a Krassnoff, un grupo de estudiantes del liceo Carmela Carvajal convocó a funar (desenmascarar) a los asistentes al acto. Un millar de personas llegó a la cita. Había torturados, familiares de detenidos-desaparecidos y de ejecutados, además de estudiantes, trabajadores y dirigentes sociales. Para evitar ser funados, muchos de los casi 200 asistentes al homenaje –en su mayoría excolaboradores de la dictadura– llegaron temprano. Sólo un puñado de ellos llegó al inicio del acto, a las 19:00 horas. Una mujer que participaba en la funa se acercó a un invitado que entraba al club Providencia. Le preguntó: “¿Por qué le va a rendir honores a un asesino, a un torturador”. El hombre, sin responder, pedía que lo dejaran pasar. Entonces la mujer empezó a gritarle, con el rostro desencajado: “¡Asesino!, ¡Tú también eres un asesino!”. A otro de los asistentes le lanzaron huevos, le rompieron la camisa y le pintaron con aerosol la espalda. Un policía le dio un empellón por la espalda a uno de los manifestantes, cuyo “delito” era mostrar una pancarta con la imagen de una mujer que fue víctima de Krassnoff. Los ánimos se calentaron y a eso de las 20:00 horas, cuando oscurecía, los incidentes derivaron en una batalla campal. El aire era irrespirable por los gases lanzados por los uniformados, que golpeaban a quien se les pusiera enfrente. El periodista de Radio ADN Esteban Sánchez fue pateado en el suelo y luego detenido, lo que provocaría los reclamos del Colegio de Periodistas. Un grupo de manifestantes intentó entrar al club, para lo que golpeó furiosamente una puerta metálica. Alertados, algunos de los asistentes al homenaje acudieron a enfrentarlos. Ayudados por funcionarios del club Providencia y por carabineros consiguieron impedir su paso. Según relató el periodista Cristián Leiva, en una nota publicada en el diario La Nación, dentro del salón donde se realizaba el homenaje había gran nerviosismo. Para que los asistentes no fueran vistos en caso de vulnerarse la seguridad del recinto, los encargados bajaron la luz del salón hasta dejarlo semioscuro. Según Leiva, “un grupo de jóvenes pinochetistas y algunos veteranos querían guerra y gritaban: ‘¡dejen entrar de a uno a esos comunistas conchasdesumadre, a ver si son tan valientes!’ (…) irónicamente una de las manifestantes se coló por la entrada principal y alcanzó a gritar: ‘¡dónde están los asesinos!’, antes de ser expulsada en medio de insultos”. El conductor del homenaje, Francisco Silva, leyó una carta enviada por Krassnoff. En ésta, el represor expresó su “esperanza” de que el presidente Piñera “cumpla con su público compromiso” de dejar en libertad a los militares condenados en causas de violaciones a los derechos humanos. El exbrigadier aludía a un supuesto compromiso contraído por el mandatario chileno en su campaña presidencial. Krassnoff agregó en su carta que “está jurídica y legalmente mil veces comprobada mi inocencia (…) con el agravante de que existen actualmente en Chile leyes totalmente vigentes que me benefician, incluso en el caso hipotético de que yo efectivamente hubiese cometido los peregrinos delitos de los que me hacen responsable”. A pesar de la represión, los manifestantes se mantuvieron hasta después de las 22:00 horas afuera del club Providencia. Querían encarar a los asistentes al acto. Finalmente éstos fueron sacados en pequeños grupos dentro de vehículos policiales.   Justicia en la palestra   El episodio Krassnoff revivió, como pocas veces, el tema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet. En entrevista con Proceso, la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Magdalena Garcés, expresa que la justicia chilena está actuando de la misma manera en que lo ha venido haciendo en los últimos años: “Está condenando (a los violadores de derechos humanos). No está aplicando ni la amnistía ni la prescripción. Está haciendo un desarrollo muy bien fundamentado del derecho internacional de derechos humanos. Sin embargo, a la hora de imponer las penas, aplica casi sin excepción la institución de la media prescripción”. Garcés señala que, junto a esto, el máximo tribunal “otorga los beneficios asociados a la irreprochable conducta anterior, que es una atenuante que se reconoce siempre, todo lo cual implica que las penas que se aplican normalmente son de cinco años e incluyen el beneficio de la libertad vigilada o de remisión condicional de la pena”. La abogada cita como ejemplo de esta doctrina, conocida como “condena pero no castiga”, el fallo condenatorio de la Corte Suprema –el pasado 25 de octubre– en el “caso San Bernardo”. Allí el máximo tribunal castigó con cinco años de presidio, con el beneficio de la libertad condicional, al brigadier retirado Víctor Pinto Pérez, autor de la detención, tortura y muerte de 13 opositores al régimen militar en hechos ocurridos entre el 4 y el 8 de diciembre de 1973. En el punto sexto de los considerandos del fallo se explica la determinación: “El delito de homicidio calificado tiene asignada pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Por aplicación de las modificatorias de responsabilidad que le favorecen, en particular de la media prescripción, se le rebajará esa sanción en tres grados, quedando, por lo tanto, en presidio menor en su grado medio”. Garcés señala que es injusta la aplicación de esta pena tan baja si se considera que Pinto Pérez “no es una persona que fortuitamente se haya visto envuelta en una situación que lo sobrepasó y nunca más cometió delitos, sino que es alguien que hizo carrera criminal en los organismos represivos de la dictadura militar y, sin embargo, es beneficiado con todas las normas del sistema jurídico que permiten que no cumpla un día preso”. Subraya que la única excepción en lo que va del año a esta doctrina se dio en el caso de la matanza de campesinos de Chihuío (región de Valdivia), donde el oficial de ejército en retiro Luis Osorio Gardasanich fue condenado a 10 años y un día de cárcel en su calidad de autor de 17 homicidios calificados. A pesar de todo lo anterior, Garcés hace un reconocimiento al Poder Judicial. Destaca el hecho de que en diciembre pasado la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, presentó 726 requerimientos judiciales por todos los casos de víctimas de la represión cuyas causas no habían sido investigadas por la justicia. Recordó que “gracias a eso surgió la investigación de causas tan importantes como la muerte del presidente Salvador Allende o la matanza de Fuente Ovejuna –el 7 de septiembre de 1983–, en la que agentes de la Central Nacional de Informaciones asesinaron a siete militantes del MIR. De acuerdo con estadísticas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, en la actualidad hay 316 agentes de la dictadura condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad. De éstos sólo 72 cumplen penas de prisión.