PARÍS (apro).- En un fallo histórico, tres jueces franceses declararon a Jacques Chirac culpable de desvío de fondos públicos, adquisición ilícita de intereses y abuso de confianza a favor de su partido político, el RPR (Rassemblement pour la République, conservador), cuando era alcalde de París en los años 1990. Ni la obstinación de los fiscales franceses en absolver al político de 79 años de los múltiples cargos de corrupción que se le imputaban ni el atraso del expediente por la inmunidad penal de la que gozó durante sus dos mandatos impidieron que los magistrados condenaran al expresidente francés veinte años después de los hechos. Ni perdón ni olvido. El 15 de diciembre pasado, los tres jueces de la XI Cámara del Tribunal Correccional de París condenaron a Jacques Chirac, presidente de Francia de 1995 a 2007, a dos años de cárcel. Sin embargo, los magistrados Dominique Pauthe, Cécile Louis-Loyant y Marina Lobry-Igelman suspendieron la pena, debido al estado de salud del expresidente, quien sufre de una enfermedad neurológica, y a sus “eminentes responsabilidades de jefe del Estado que ejerció durante 12 años (…)”, por lo que Chirac no tendrá que cumplir los dos años de prisión. Así, el político derechista pasará a la historia no solamente por haber asumido varias veces los cargos de ministro, primer ministro, alcalde de París y presidente de la República de 1995 a 2007, sino que será recordado como el único jefe del Estado francés en haber sido condenado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La sentencia a Chirac, que fue calificada de “histórica” por varios analistas, es inédita. Hasta la fecha sólo el mariscal Philippe Pétain, quien dirigió Francia durante la Segunda Guerra Mundial, era recordado por haber sido condenado por la justicia. En 1945, luego de la caída de Hitler, Pétain fue sentenciado a pena de muerte –conmutada luego en reclusión perpetua-- por su colaboración con el régimen nazi. En un documento de 173 páginas publicado el día del fallo, los magistrados del Tribunal Correccional de París detallaron los hechos del caso que los franceses conocieron como el de los “empleos ficticios de la alcaldía de París”. La justicia francesa sentenció a Chirac y a siete de sus colaboradores por haber desviado dinero de la alcaldía de la capital francesa –que Chirac encabezó durante tres mandatos, de 1977 a 1995–, con el fin de emplear a 19 personas que en realidad realizaban actividades para el RPR, el partido de derecha en el que el político se apoyaría para ganar la elección presidencial del año 1995. Así, además de Jacques Chirac, varios miembros destacados del RPR (que se convirtió en 2007 en el actual partido mayoritario, Unión por un Movimiento Popular, la UMP), recibieron penas condenatorias: Jean de Gaulle, exdiputado y nieto del general Charles de Gaulle, François Debré, periodista y nieto del antiguo primer ministro Michel Debré, así como Marc Blondel, antiguo líder del sindicato Fuerza Obrera (FO), quien fue beneficiado –de manera ilícita-- de los servicios de un guardaespaldas pagado por la alcaldía. El proceso penal que concluyó el 15 de diciembre pasado con la condena de Chirac empezó en 1998 con la queja de un militante ecologista parisino, Pierre-Alain Brossault, quien alertó a la justicia de una presunta red de empleos ficticios en el ayuntamiento de París. Un año más tarde, la justicia abrió una instrucción para investigar acerca de los cargos de falsificación de documentos oficiales, adquisición ilegal de intereses, desvío de fondos públicos, uso ilícito y destrucción de pruebas. Trece años más tarde, en las conclusiones de la sentencia, a las que Apro tuvo acceso, los jueces fueron contundentes con el expresidente Chirac. “(…) El expediente y los debates establecen que Jacques Chirac fue el responsable y el autor intelectual principal de los delitos de abuso de confianza, desvío de recursos públicos, injerencia y adquisición ilícita de intereses”. Y recalcan que “por su acción deliberada, recurriendo a 19 empleos total o parcialmente ficticios, Chirac faltó en su obligación de honestidad a la que están sometidas las personas encargadas de gestionar los fondos o los bienes públicos, y ello, en violación al interés público de los parisinos.” La cantidad de dinero que fue usado ilícitamente se cifra en “alrededor de 1.4 millones de euros” (24.5 millones de pesos), según las conclusiones de los jueces. Sin embargo, la cifra podría ser mayor. En efecto, en septiembre de 2010, la alcaldía de París, ahora dirigida por los socialistas, llegó a un acuerdo para el reembolso del costo que causaron los empleos ficticios para el erario de la capital cuando la dirigía Chirac. Luego de este acuerdo, Jacques Chirac devolvió personalmente 500 mil euros a la alcaldía de París, mientras que la UMP, el partido que fue creado para suceder al antiguo RPR que dirigía Chirac, indemnizó a la alcaldía con 1.65 millones de euros para compensar el perjuicio financiero de los “empleos fantasma”. A cambio, la alcaldía de París abandonó su queja ante la justicia. De esta manera, la defensa de Chirac esperaba que se desinflaran los cargos contra su cliente. En efecto, la fiscalía francesa, guardiana “de los intereses del pueblo” y encargada de examinar el expediente y de solicitar una decisión de los jueces, consideró, por su parte, que no había pruebas suficientes para condenar a Chirac. Fiscalía “desacreditada” El proceso de los empleos ficticios fue un vía crucis para los jueces de instrucción. La primera traba que encontraron en su camino hacia el esclarecimiento de los hechos fue la calidad misma del principal sospechoso: en 1999, cuando se abrió oficialmente la instrucción, Chirac llevaba dos años a la cabeza del Estado francés, por lo que gozaba de una inmunidad presidencial que lo impedía sentarse en el banquillo de los acusados. Según la Constitución francesa, durante su mandato el presidente de la República goza de un fuero que lo ampara contra cualquier proceso penal y no puede ni siquiera ser llamado a dar su testimonio. La Carta Magna prevé que “el presidente de la República es responsable de sus actos cometidos durante su mandato únicamente en caso de alta traición. No puede ser acusado sino por las dos Asambleas mediante un voto en mayoría absoluta”. Con un Senado siempre mayoritariamente derechista durante sus dos mandatos, Chirac pudo escapar a cualquier preocupación penal. Fue por eso que los jueces tuvieron que esperar hasta 2007. Dos meses después de que terminara su segundo mandato presidencial, los jueces convocaron a Jacques Chirac para que diera su testimonio sobre la red de corrupción en la alcaldía de París que encabezó entre 1977 y 1995. Esta audiencia fue el preludio a su acusación formal en noviembre de 2007 por desvío de dinero público. Chirac reconoció haber autorizado el empleo de estos colaboradores, pero negó el carácter ilícito de estas ocupaciones. Los jueces opinaron diferente. Al cabo de la revisión de más de 400 colaboradores empleados en la alcaldía bajo la era de Jacques Chirac, sospecharon que 21 de ellos eran empleos ficticios de quienes en realidad trabajaron al servicio del RPR, el partido que Jacques Chirac lideró y que lo apoyó para llegar a la Presidencia de la República en 1995. El fuero que amparó a Chirac de responder de los actos de corrupción generó un debate entre la clase política francesa. El candidato del Partido Socialista para la elección presidencial de mayo 2012, François Hollande, se pronunció a favor de una reforma del artículo 68 de la Carta Magna, que prevé la inmunidad penal del presidente durante su mandato. “Haré votar por el Parlamento una reforma del estatuto penal del jefe del Estado, para evitar tener que esperar diez, quince o veinte años para que ocurra un juicio por hechos que no tienen nada que ver con la función presidencial”, declaró Hollande. Ya iniciada la investigación contra el presunto responsable de esta red de desvío de fondos, los jueces tuvieron que afrontar una fiscalía muy indulgente para con el expresidente. En efecto, a lo largo de sus conclusiones, los múltiples fiscales nunca consideraron que Chirac era responsable de los hechos que se le imputaban, a pesar de las pruebas del expediente y del acuerdo con la alcaldía de París. El desfase entre las solicitudes de sobreseimiento que requirió la fiscalía francesa y la condena severa de los jueces dio lugar a un debate sobre la falta de independencia de los fiscales del Ministerio Público. “Opinamos que dada la sentencia y la condena, la fiscalía se desacreditó al solicitar una sentencia que disculpara a Jacques Chirac”, dijo Catherine Le Guernec, de la ONG Anticor, que lucha desde 2002 contra la corrupción. Esta organización, que agrupa a diputados, políticos y penalistas, se constituyó en parte civil en el caso de los empleados que nunca lograron probar la realidad del trabajo que realizaban para la alcaldía de París pese al salario que recibían a cambio. Los jueces no tomaron en cuenta la queja de Anticor, por el simple motivo de que la ONG no se veía “directamente afectada” por los hechos, pero “el presidente del Tribunal retomó varios de nuestros argumentos”, explicó a Apro Catherine Le Guernec. Finalmente, los jueces de instrucción fueron tenaces. Contrariamente a los fiscales que dependen directamente del poder político, los jueces de la instrucción mostraron su independencia al no seguir el análisis de los fiscales. Fue así como el 15 de diciembre pasado, el Tribunal de París condenó a Chirac a dos años de cárcel suspensivos por el empleo total o parcialmente ficticio de 19 personas en la alcaldía capitalina entre 1991 y 1995. Si bien Chirac quedó condenado, el talento de su defensa le permitió evitar salir en las fotos saliendo de un tribunal. A dos meses del inicio del juicio de Chirac en septiembre de 2011, los abogados del expresidente esgrimieron el argumento de que su cliente era incapaz de presentarse ante los jueces por su estado de salud. Según un peritaje médico, Chirac sufre anosognosia, es decir, pérdidas de memoria que le imposibilitan contestar las preguntas de un juez. Varias imágenes ya mostraban a Jacques Chirac debilitado, lejos de la imagen de animal político bonachón, afable y bromista que construyó a lo largo de su intensa trayectoria política. Pese a este estado degradado, el expresidente todavía es miembro del Consejo Constitucional (un derecho de todos los antiguos presidentes), un órgano encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes y los reglamentos. ¿Será todavía capaz de asumir su cargo como integrante de esta jurisdicción? Para los miembros de la oposición, la respuesta es negativa. La candidata del partido ecologista, Eva Joly, quien fue también juez de instrucción, pidió la renuncia de Chirac en tal cargo. “Me parece que el Consejo Constitucional no puede funcionar con un miembro que fue condenado a dos años de cárcel con suspensión por adquisición ilegal de intereses y abuso de confianza”, declaró Joly. Por su parte, los abogados de Chirac difundieron un comunicado el día de la condena. “Yo era el alcalde. A mí solo me toca asumir. Sin embargo, en el fondo, contesto categóricamente esta condena”, dice Chirac en el comunicado. “Lo afirmo con honor: no se me puede reprochar ninguna falta. Sin embargo, no apelaré la sentencia”, acepta. En la conclusión de su comunicado, Chirac se dirige a los franceses entre quienes sigue siendo popular, según las encuestas de opinión: “Ya no tengo, desgraciadamente, todas las fuerzas necesarias para llevar yo mismo, frente a otros jueces, el combate por la verdad. Confío en mis compatriotas que saben quién soy: un hombre honesto que nunca tuvo otras exigencias y otros combates que la cohesión entre todos los franceses, la grandeza de Francia y la acción a favor de la paz”. Y de esta manera se despide políticamente de la historia política francesa. Pero sin duda la memoria nacional recordará que Jacques Chirac fue un alcalde tan deshonesto como para edificar una red de corrupción, con el fin de alcanzar la Presidencia de la República.